La violencia contra los niños y las niñas fue parte de la agenda noticiosa de esta semana en Antioquia. En Medellín, Nairkel, un niño de cuatro años, murió tras una golpiza de su padrastro; mientras que el pasado miércoles las autoridades desmantelaron una red que instrumentalizaba a bebés emberas-katío para la mendicidad en zonas turísticas. A la par, en el municipio de Yarumal, por videos en redes sociales se conoció cómo un hombre agredió violentamente a su hijo adolescente.
Gánale la carrera a la desinformación NO TE QUEDES CON LAS GANAS DE LEER ESTE ARTÍCULO
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión para continuar
Tras conocerse estos hechos, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reveló que cada mes tan solo el Hospital Infantil Concejo se están recibiendo en promedio cerca de 20 menores de edad víctimas de agresiones físicas y sexuales, mientras que el Hospital General atiende alrededor de siete casos al mes, por lo que la pregunta entonces es qué se está haciendo en la ciudad y la región para no solo atender estos casos, sino prevenirlos.
Las cifras
El panorama no es alentador. De acuerdo con los datos del Observatorio Contando lo Invisible y de Medicina Legal, entre enero y junio de este año se registraron en el país 6.611 casos de abuso sexual, que es el principal tipo de violencia contra menores de edad. Paralelamente, se han presentado 3.281 agresiones, de las cuales 2.500 fueron en contextos de violencia intrafamiliar y 1.667 casos en riñas. Además, se registraron 313 homicidios que siguen en investigación.
De estos casos, en Medellín se reportaron 201 casos de abuso sexual, 168 agresiones, de las cuales 119 fueron catalogadas como violencia intrafamiliar, así como nueve homicidios, lo que alarma a organizaciones defensoras de los niños, ya que para el mismo período del año pasado solo se había registrado un asesinato para la misma fecha.
Para Thiago Hernández, asesor de género en la Fundación Plan, uno de los factores que preocupan es la normalización del castigo físico como método de crianza, como se pudo ver en el caso de Nairkel en Medellín y del adolescente en Yarumal. “Nuestras sociedades en muchas ocasiones avalan este tipo de violencias, entonces, si la ven como una opción que se usa frecuentemente, se convive en un ciclo en el que se hace mucho más difícil comentarla y denunciarla”.
Hay otro factor importante, y son los contextos de violencia en los que viven los menores de edad y que los hacen más vulnerables. En el caso de Nairkel, las autoridades investigan los nexos del papá y el padrastro con la banda delincuencial de los Mondongueros, mientras que en el caso de los niños emberas instrumentalizados el alcalde Gutiérrez explicó que hasta los disfrazaban de niñas para generar más lástima y evitar que los relacionaran con indígenas.
A esto se suma vulnerabilidades por ser víctimas del conflicto armado o migrantes, así como casos de explotación sexual infantil, a lo que se suma el matoneo por género o color de piel, que, según Hernández, puede estarse profundizando con los contenidos que aparecen en redes sociales y no tienen ningún tipo de veeduría.
Pero la responsabilidad también viene del Estado. Aunque junto a la normalización de la violencia dentro del hogar se encuentran otras premisas, como que lo que ocurre dentro de la casa se resuelve dentro de ella, Hernández señala que hay mucho por trabajar desde el Estado para atender este tipo de violencias, a lo que se suman problemas en la judicialización de estos casos. Por ejemplo, en el caso de la agresión en Yarumal, el sujeto que golpeó a su hijo fue capturado, pero un juez le dio detención domiciliaria mientras avanza el proceso, es decir, que el sujeto va a tener que convivir con el adolescente.
“En muchas ocasiones, hasta que algo nos parece muy grave, es que reaccionamos, hasta que nos sucede algo que ya no es lo que consideramos aceptable. Ahí entrarían los homicidios”, afirmó Hernández.
¿Se requiere replantear la atención de estos casos?
Colombia cuenta con un marco normativo y rutas de atención en las que participan organizaciones como el ICBF, la Policía y las comisarías de familia, pero Hernández insiste en que la mayoría no llegan a instancias favorables, por lo que asegura que la protección de la infancia debe asumirse como una corresponsabilidad entre familias, comunidades y Estado, adaptando las medidas de prevención y atención con enfoques diferenciales de edad y contextos de vulnerabilidad.
Al respecto, Elizabeth Guío, coordinadora de la maestría en derecho de familia de la Universidad Nacional, explica, partiendo del caso de la niña de dos años en Manizales que fue asesinada por su mamá a finales de junio pasado, que este tipo de hechos también muestran cómo no se dimensiona el valor que tienen los niños. “La persona que asesinó a la niña la vio como una cosa de su propiedad, algo a lo que podía hacerle daño. A pesar de que tenemos múltiples normas de prevención ante la violencia contra la niñez, los niños siguen llevando las consecuencias más graves”. Por eso, para Guío, sería importante tipificar la violencia vicaria para reconocer una faceta de las violencias que suele pasar inadvertida y que en muchas ocasiones está mediada por la instrumentalización de los niños para un interés particular.
La directora de la Fundación contra la Violencia Vicaria, Ximena Ordóñez, cree que se requiere “estudiar más las motivaciones” de las agresiones, por lo que insistió en que no es solo tipificar la conducta, sino que también debe entenderse como una expresión extrema de las violencias de género. “La violencia vicaria no es solo sustracción de infantes, sino el cúmulo de violencias exacerbadas hacia mujeres madres. El enfoque debe ser integral y libre de banderas políticas”, dijo Ordóñez, quien añade que se requiere voluntad política para atender este tipo de violencias.
Por otra parte, Íngrid Wolff, directora de la Fundación Lucerito, que atiende a menores de edad víctimas de todo tipo de violencias, enfatizó en que mientras tanto debe avanzarse en derribar una de las principales barreras para que las víctimas accedan: la dispersión de las entidades y de las rutas. “En un caso de abuso sexual deben ir y poner la denuncia en la Fiscalía. Deben ir y activar la ruta en urgencias en el hospital. Después deben ir a otra entidad a ser atendidos por psicología”.
Wolff añade que se requiere prevención, por lo que las estrategias no pueden limitarse a eventos o mensajes esporádicos, sino que deben ser permanentes y sólidos en colegios, familias y comunidades, así como propenderse porque las acciones permanezcan sin importar el cambio de gobierno.