Gerente del Hospital San Rafael de Ebéjico es sancionado por la Procuraduría
Por extralimitarse en sus funciones, Rafael Antonio Granda Pérez, también presidente del Comité de Bienestar Social, fue suspendido durante cinco meses por la Procuraduría del Valle de Aburrá, en Antioquia.
* Redacción Nacional
La Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá suspendió por cinco meses a Rafael Antonio Granda Pérez, presidente del Comité de Bienestar Social y gerente del Hospital San Rafael de Ebéjico, este viernes 15 de febrero de 2019.
Así lo comunicó el órgano de control a través de boletín de prensa, en dónde explica que la razón de la sanción es una extralimitación en sus funciones.
La Procuraduría identificó el hecho como una falta disciplinaria al comprobar que en diciembre de 2016 Granda habría aprobado un incentivo de educación a su favor. Canceló $5.195.400 en la Universidad Autónoma del Caribe para pagar un semestre de su especialización en Salud y Seguridad en el Trabajo.
Según la Procuraduría, Granda ignoró la “la disposición contemplada en el artículo 2.2.10.5 del Decreto 1083 de 2015 de la Función Pública”. Este apartado aclara que para financiar educación formal tendría que ser un funcionario de libre nombramiento y remoción, o bien de carrera. Al no cumplir ninguna de estas condiciones, el exfuncionario fue sancionado.
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Además, el numeral 1° del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 establece que está prohibida la extralimitación de sus funciones como presidente del Comité de Bienestar Social y gerente del Hospital.
Así mismo, el Ministerio Público le atribuyó a Granda Pérez una falta grave, a título de culpa gravísima, ya que el funcionario desempeñaba el cargo administrativo más alto, que implica una conducta responsable con el manejo de los recursos de la entidad, y no gastarlos a beneficio propio.
La Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá suspendió por cinco meses a Rafael Antonio Granda Pérez, presidente del Comité de Bienestar Social y gerente del Hospital San Rafael de Ebéjico, este viernes 15 de febrero de 2019.
Así lo comunicó el órgano de control a través de boletín de prensa, en dónde explica que la razón de la sanción es una extralimitación en sus funciones.
La Procuraduría identificó el hecho como una falta disciplinaria al comprobar que en diciembre de 2016 Granda habría aprobado un incentivo de educación a su favor. Canceló $5.195.400 en la Universidad Autónoma del Caribe para pagar un semestre de su especialización en Salud y Seguridad en el Trabajo.
Según la Procuraduría, Granda ignoró la “la disposición contemplada en el artículo 2.2.10.5 del Decreto 1083 de 2015 de la Función Pública”. Este apartado aclara que para financiar educación formal tendría que ser un funcionario de libre nombramiento y remoción, o bien de carrera. Al no cumplir ninguna de estas condiciones, el exfuncionario fue sancionado.
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Así mismo, el Ministerio Público le atribuyó a Granda Pérez una falta grave, a título de culpa gravísima, ya que el funcionario desempeñaba el cargo administrativo más alto, que implica una conducta responsable con el manejo de los recursos de la entidad, y no gastarlos a beneficio propio.