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Después de un año de la emergencia, y cuando persiste el estado de alerta roja en el corregimiento de Puerto Valdivia, en Antioquia, Empresas Públicas de Medellín (EPM) inició un proceso de reparación con 1.549 familias, de las 2.700 que fueron evacuadas del corregimiento. 975 familias siguen por fuera de sus casas por la situación de Hidroituango.
Para la reparación de viviendas, la empresa anunció que, durante la primera semana de mayo, entregará a cada familia afectada cinco galones de pintura, con dos brochas y un rodillo.
Alrededor de 100 estudiantes de la institución universitaria Politécnico Jaime Isaza Cadavid acompañaron a los funcionarios de EPM para hacer el diagnóstico de los daños en cada vivienda.
Recordemos que casi cuatro mil familias, resultaron afectadas por la emergencia en Hidroituango en la zona de aguas abajo.
“Comercialmente, el pueblo está prácticamente muerto. La mayoría de los que viven del río están gravemente afectados en su actividad económica, a los que se le suman los que no quedaron caracterizados en el RUD (Registro Único de Damnificados) que no están recibiendo auxilios económicos”, dijo a El Tiempo Didier García, personero de Valdivia.
La empresa ya invirtió $100 mil millones, sin embargo, Jonás Darío Henao, alcalde de Valdivia dijo a El Tiempo que “necesitamos que EPM venga y compense a las familias por las afectaciones que hicieron en Valdivia. Solo han traído pobreza y desgracia a nuestro municipio”, concluyó.
Aunque los damnificados, sólo en Puerto Valdivia, superan las 1.500 familias, Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM, dijo hace menos de dos semanas que "hemos logrado 46 negociaciones para la restitución de condiciones de vida con igual número de familias afectadas totalmente en el municipio de Valdivia por la creciente registrada en el río Cauca el 12 de mayo de 2018. Continúa el proceso con otras 33 familias".
"No hemos ahorrado un sólo recurso para atender las necesidades de la comunidad y de la contingencia del Proyecto Ituango", agregó.
EPM entregó el primer balance de la contingencia en el proyecto el pasado 23 de abril, en donde reconoció que la infraestructura energética significó la afectación de alrededor de cuatro mil familias de la zona.
Según las autoridades, la crisis del proyecto, a la fecha, afecta la vida de alrededor de 60 mil habitantes de la zona.
Las conclusiones reunidas durante un mes, por los funcionarios y estudiantes, serán entregadas en un informe a la compañía para que pueda calcular el costo de las reparaciones. Esta iniciativa sólo aplica para las familias que estuvieron fuera de sus viviendas desde mayo de 2018, que fue cuando se decretó la alerta roja por la situación del proyecto.
Luego de la entrega de los informes, los dueños de cada vivienda tendrán seis meses para reclamar el 80 % del monto de sus reparaciones, y una vez le entreguen a la empresa las evidencias de los trabajos adelantados, recibirán el 20 % restante.