La violencia en Colombia se recrudeció durante la pandemia, según informe de la FIP
El informe “Los impactos del COVID-19 en la seguridad y la implementación del Acuerdo de Paz”, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), evidencia que ha aumentado la influencia de los grupos armados ilegales en el territorio durante la emergencia por coronavirus. En este se analiza la situación de cuatro regiones: Catatumbo, sur de Córdoba, Bajo Cauca y nordeste antioqueño.
El conflicto armado se ha recrudecido en varias regiones del país por la pandemia de la COVID-19 que también dificulta la implementación del Acuerdo de Paz que el Gobierno y la guerrilla de las Farc firmaron en noviembre de 2016.
Así lo señala el informe “Los impactos del COVID-19 en la seguridad y la implementación del acuerdo de paz” de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) que analizó la situación en cuatro de las regiones más golpeadas por el conflicto armado.
“En el Catatumbo, sur de Córdoba, Bajo Cauca y nordeste antioqueño la emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID-19 ha tenido impactos negativos, directos e indirectos, sobre los esfuerzos de construcción de paz”, advirtió la FIP en el documento, cuya elaboración tuvo apoyo del Gobierno del Reino Unido.
Igualmente “ha propiciado, directa e indirectamente, condiciones para que la violencia armada se mantenga e incluso aumente”.
Las razones de esto, añadió la Fundación, son el aumento de la influencia de los grupos armados ilegales, “el reforzamiento de las medidas orientadas a ejercer control social y territorial por parte de esas facciones” y “el fortalecimiento de los dispositivos de la fuerza pública en el territorio como mecanismo para cumplir la cuarentena y combatir la delincuencia”.
Influencia creciente de grupos ilegales
Según información recogida sobre el terreno por la FIP, en las cuatro regiones “las medidas de cuarentena no han sido obstáculo para que los grupos ilegales mantengan su accionar armado”.
Como ejemplo de ello menciona que Antioquia, donde está ubicado el Bajo Cauca, y Norte de Santander, en el que está el Catatumbo, “fueron dos de los tres departamentos que en el primer cuatrimestre de 2020 concentraron el 72% de los combates de la fuerza pública contra los grupos armados organizados”.
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En el Catatumbo, zona fronteriza con Venezuela, los riesgos de seguridad se han mantenido, incluso cuando la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) hizo un cese el fuego unilateral durante todo abril.
“De hecho, durante el primer cuatrimestre del año, el 29 % de las acciones de los grupos armados organizados se concentró en Norte de Santander. Los enfrentamientos entre el Eln y el Epl (Ejército Popular de Liberación), así como la influencia que empiezan a ejercer varias estructuras disidentes de las Farc siguen derivando en hechos violentos dirigidos contra la población civil”, detalló la FIP.
Aumento de asesinatos y masacres
Sobre el sur de Córdoba, el informe menciona que durante la emergencia sanitaria las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) -conocidas por el gobierno como Clan del Golfo-, la banda de Los Caparrapos y una disidencia de las Farc “han mantenido y aumentado su actividad armada por medio de asesinatos, masacres, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores e intimidaciones”.
“En el Bajo Cauca y nordeste antioqueño, si bien se ha registrado una disminución significativa de los homicidios -cerca de un 28% en comparación al primer semestre de 2019-, se presume que el Clan del Golfo y los Caparrapos, así como el Eln y las disidencias de las antiguas Farc siguen llevando a cabo acciones hostiles en contra del Estado y que afectan a la población civil”, agregan.
En las cuatro regiones, los grupos armados ilegales “mantendrían acciones de control y restricciones mediadas por la coerción”, con lo que justifican “la imposición de normas de conducta y sanciones durante la emergencia sanitaria”.
Igualmente hay un “alto riesgo de contagio por las acciones propias de la Policía y las Fuerzas Militares por estar en la primera línea de respuesta del Estado a la emergencia sanitaria y, por otro, a las conflictividades sociales que podrían surgir alrededor de la erradicación forzada”.
Efectos negativos en la salud
Al respecto, un estudio de la ONG Médicos sin Fronteras (MSF) publicado este miércoles concluyó que cuatro años después de la firma de la paz el recrudecimiento de la violencia tiene efectos crónicos en la salud de poblaciones excluidas de la atención médica por los enfrentamientos entre grupos armados.
“Desde hace algunos meses en varias regiones de Colombia la violencia ha alcanzado cumbres que recuerdan las peores épocas del conflicto armado en el país”, subrayó MSF, según la cual “esta situación genera un alto nivel de estrés, preocupación y miedo, que derivan en diagnósticos de ansiedad y depresión”.
La ONG se refirió a las restricciones para mitigar la pandemia y dijo que el único relativo respiro para la población durante estos tres últimos años (desde la firma de la paz) fue durante los primeros meses de la emergencia sanitaria, tras lo cual “la violencia ha alcanzado de nuevo picos de intensidad muy altos”.
Leer: Aumento de la violencia en Colombia afecta salud de poblaciones vulnerables
Reincorporación sin garantías
El informe de la FIP señaló además que la reincorporación de los exguerrilleros de las Farc en esa zonas ocurre “de manera diferenciada y sin las suficientes garantías de seguridad”, lo que se refleja en el asesinato de al menos 234 excombatientes, según el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).
LA FIP añadió que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) avanza muy lentamente en las cuatro regiones, donde varios líderes sociales denuncian que el Gobierno no ha cumplido con todos los compromisos de desembolso de pagos y asistencia para los proyectos productivos.
Es por ello que el organismo, como sugerencia para mitigar los efectos de la pandemia en esas regiones, propone establecer “espacios de diálogo entre las autoridades locales y las comunidades en los territorios para evaluar las medidas con relación al manejo de la emergencia sanitaria”, además de garantizar la seguridad de las comunidades desde una perspectiva integral.
El conflicto armado se ha recrudecido en varias regiones del país por la pandemia de la COVID-19 que también dificulta la implementación del Acuerdo de Paz que el Gobierno y la guerrilla de las Farc firmaron en noviembre de 2016.
Así lo señala el informe “Los impactos del COVID-19 en la seguridad y la implementación del acuerdo de paz” de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) que analizó la situación en cuatro de las regiones más golpeadas por el conflicto armado.
“En el Catatumbo, sur de Córdoba, Bajo Cauca y nordeste antioqueño la emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID-19 ha tenido impactos negativos, directos e indirectos, sobre los esfuerzos de construcción de paz”, advirtió la FIP en el documento, cuya elaboración tuvo apoyo del Gobierno del Reino Unido.
Igualmente “ha propiciado, directa e indirectamente, condiciones para que la violencia armada se mantenga e incluso aumente”.
Las razones de esto, añadió la Fundación, son el aumento de la influencia de los grupos armados ilegales, “el reforzamiento de las medidas orientadas a ejercer control social y territorial por parte de esas facciones” y “el fortalecimiento de los dispositivos de la fuerza pública en el territorio como mecanismo para cumplir la cuarentena y combatir la delincuencia”.
Influencia creciente de grupos ilegales
Según información recogida sobre el terreno por la FIP, en las cuatro regiones “las medidas de cuarentena no han sido obstáculo para que los grupos ilegales mantengan su accionar armado”.
Como ejemplo de ello menciona que Antioquia, donde está ubicado el Bajo Cauca, y Norte de Santander, en el que está el Catatumbo, “fueron dos de los tres departamentos que en el primer cuatrimestre de 2020 concentraron el 72% de los combates de la fuerza pública contra los grupos armados organizados”.
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En el Catatumbo, zona fronteriza con Venezuela, los riesgos de seguridad se han mantenido, incluso cuando la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) hizo un cese el fuego unilateral durante todo abril.
“De hecho, durante el primer cuatrimestre del año, el 29 % de las acciones de los grupos armados organizados se concentró en Norte de Santander. Los enfrentamientos entre el Eln y el Epl (Ejército Popular de Liberación), así como la influencia que empiezan a ejercer varias estructuras disidentes de las Farc siguen derivando en hechos violentos dirigidos contra la población civil”, detalló la FIP.
Aumento de asesinatos y masacres
Sobre el sur de Córdoba, el informe menciona que durante la emergencia sanitaria las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) -conocidas por el gobierno como Clan del Golfo-, la banda de Los Caparrapos y una disidencia de las Farc “han mantenido y aumentado su actividad armada por medio de asesinatos, masacres, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores e intimidaciones”.
“En el Bajo Cauca y nordeste antioqueño, si bien se ha registrado una disminución significativa de los homicidios -cerca de un 28% en comparación al primer semestre de 2019-, se presume que el Clan del Golfo y los Caparrapos, así como el Eln y las disidencias de las antiguas Farc siguen llevando a cabo acciones hostiles en contra del Estado y que afectan a la población civil”, agregan.
En las cuatro regiones, los grupos armados ilegales “mantendrían acciones de control y restricciones mediadas por la coerción”, con lo que justifican “la imposición de normas de conducta y sanciones durante la emergencia sanitaria”.
Igualmente hay un “alto riesgo de contagio por las acciones propias de la Policía y las Fuerzas Militares por estar en la primera línea de respuesta del Estado a la emergencia sanitaria y, por otro, a las conflictividades sociales que podrían surgir alrededor de la erradicación forzada”.
Efectos negativos en la salud
Al respecto, un estudio de la ONG Médicos sin Fronteras (MSF) publicado este miércoles concluyó que cuatro años después de la firma de la paz el recrudecimiento de la violencia tiene efectos crónicos en la salud de poblaciones excluidas de la atención médica por los enfrentamientos entre grupos armados.
“Desde hace algunos meses en varias regiones de Colombia la violencia ha alcanzado cumbres que recuerdan las peores épocas del conflicto armado en el país”, subrayó MSF, según la cual “esta situación genera un alto nivel de estrés, preocupación y miedo, que derivan en diagnósticos de ansiedad y depresión”.
La ONG se refirió a las restricciones para mitigar la pandemia y dijo que el único relativo respiro para la población durante estos tres últimos años (desde la firma de la paz) fue durante los primeros meses de la emergencia sanitaria, tras lo cual “la violencia ha alcanzado de nuevo picos de intensidad muy altos”.
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Reincorporación sin garantías
El informe de la FIP señaló además que la reincorporación de los exguerrilleros de las Farc en esa zonas ocurre “de manera diferenciada y sin las suficientes garantías de seguridad”, lo que se refleja en el asesinato de al menos 234 excombatientes, según el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).
LA FIP añadió que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) avanza muy lentamente en las cuatro regiones, donde varios líderes sociales denuncian que el Gobierno no ha cumplido con todos los compromisos de desembolso de pagos y asistencia para los proyectos productivos.
Es por ello que el organismo, como sugerencia para mitigar los efectos de la pandemia en esas regiones, propone establecer “espacios de diálogo entre las autoridades locales y las comunidades en los territorios para evaluar las medidas con relación al manejo de la emergencia sanitaria”, además de garantizar la seguridad de las comunidades desde una perspectiva integral.