Los peros al área metropolitana del Valle de San Nicolás 


Después de meses de suspenso, el Ministerio de Hacienda entregó los COP 7.414 millones que la registraduría necesita para realizar la consulta para la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, que integrarían ocho municipios de oriente de Antioquia: Guarne, San Vicente Ferrer, El Santuario, Rionegro, El Retiro, La Ceja, el Carmen de Viboral y La Unión.

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“Se verificaron componentes clave como la designación de jurados, la disposición de los 85 puestos de votación y las condiciones necesarias para garantizar una participación amplia y transparente en los ocho municipios convocados”, anunció la Gobernación de Antioquia.

Luego de tensiones con el Gobierno nacional, suspensiones, tutelas y aplazamientos, se confirmó que las votaciones se harán el 2 de agosto, por lo que se activaron las maquinarias, incluida la de la gobernación, que ha estado interesada en su consolidación. A la par un grupo de ciudadanos se organizó para apoyar el no.


Humberto Restrepo, vocero del movimiento No al AMO en El Carmen de Viboral, argumenta que esta figura no fue hecha para el Oriente, explicándolo a través del concepto de conurbación, que es cuando los cascos urbanos de municipios aledaños crecen tanto que terminan fusionados. Como hoy pasa con Bogotá y Soacha, por ejemplo.

En el Valle de Aburrá ocurre, pero no ocurre en el Oriente. Esto era un requisito de la ley 128 de 1994 para crear un área metropolitana, pero la ley 1625 de 2013 lo modificó. Restrepo explica que este no es el único cambio, también se modificó el porcentaje de ciudadanos que necesita para crear las áreas metropolitanas. Para que la consulta sea válida se necesita que el 5% del censo electoral salga a votar. “De casi 12.000 personas que necesitábamos en el Carmen para salir a votar, ya con 2.500 hay”.


La politóloga Alejandra Sánchez, de La Ceja, explica que está en contra de la iniciativa porque se trata de “un proyecto liderado por el senador Esteban Quintero y el Centro Democrático para centralizar el poder en el municipio Rionegro”. Sánchez detalla que el alcalde del municipio núcleo tendría la capacidad de nombrar al director del área metropolitana y que un concejal de Rionegro tendría asiento en la Junta Metropolitana, dándole a ese municipio una representación mayor sobre los demás. “Si esto no es concentración de poder, entonces ¿qué es?”, añade.


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Por su parte, Kevin Jiménez, concejal de La Ceja, también considera que “los realmente interesados en este posible desarrollo son los urbanizadores, porque al tener un Área Metropolitana hay mayores facultades para poder habilitar suelos de construcción”. Además, Jiménez llama la atención sobre el hecho único en el mundo de ser “una constitución de un Área Metropolitana que no lograría tener un millón de habitantes. Eso no ha pasado en otra parte”, y advierte que ninguno de los ocho alcaldes que promueven el proyecto lo incluyó en su plan de desarrollo, lo que para él revela que el interés no viene directamente desde la alcaldía sino de la Gobernación.

Jiménez también advierte que el costo de vida en la región ya viene en aumento, y una urbanización acelerada bajo esta figura lo profundizaría: “hay aspectos socioeconómicos frente al tema del posible aumento de los impuestos, también el incremento en el costo de vida y el riesgo de importar la inseguridad que tiene la ciudad de Medellín”.

La gestión del agua es otra preocupación mencionada por el concejal, quien dice que el Oriente es una zona con abundantes recursos hídricos, en el Cañón del Melcocho y de Santo Domingo, pero la expansión urbana sin control podría comprometer esa riqueza pues “hay todavía mucha zona verde, mucha zona donde se cultiva, donde existen recursos que ya no hay en el Valle de Aburrá”.

Los voceros del “No” consideran que una figura que nació para gestionar grandes metrópolis no tiene nada que hacer en un territorio que todavía vive, en buena parte, de su ruralidad.


El Comité NO al AMO de La Unión denunció en una carta abierta que la decisión de adherirse al proyecto se tomó sin consultar al Concejo Territorial de Planeación, instancia obligatoria según el artículo 340 de la Constitución y las Leyes 152 de 1994 y 388 de 1997.


Restrepo insiste en la desinformación sobre el proyecto que se ha generado entre los habitantes de los ocho municipios involucrados: “nos pusieron a escoger entre el área metropolitana o el área metropolitana, no nos han dado otras alternativas”. La Ley 1454 de ordenamiento territorial contempla otras siete figuras asociativas que, según los opositores, nunca fueron explicadas a la ciudadanía, por esta razón el Comité de La Unión propone el cambio a la figura de la Gran Provincia del Oriente Antioqueño, que articularía los 23 municipios de la región. Los opositores denuncian que algunos espacios institucionales como el Centro Gerontológico y el Teatro Municipal de La Unión fueron usados para promover el “Sí”. “No sabemos de dónde sacan los recursos para financiar las vallas, los espacios, la publicidad”, asevera Jiménez.


En San Vicente Ferrer, Jairo Henao y Sara Gallo, reconocen que hay temores en muchos de los habitantes del Oriente, también creen que el AMO podría optimizar los recursos, mejor transporte integrado y generar mayor inversión, pero al mismo tiempo aseguran que el miedo a perder autonomía del municipio, la centralización en Rionegro y el posible aumento de impuestos pesan más.


Eugenio Prieto, director de Planeación de Antioquia, da un parte de tranquilidad y asegura que ya se tienen todas las condiciones para que “el 2 de agosto sea la gente del Valle de San Nicolás la que decida el presente y el futuro de su territorio”. Para el movimiento del No, sin embargo, hay preguntas que deberían haberse respondido mucho antes de llegar a las urnas: “puedo decir que no es cierto que los habitantes de los municipios fueron suficientemente informados, consultados y escuchados, eso es falso, no se ha hecho”, dice Jiménez.