28 Sep 2021 - 10:15 p. m.

Los retos en Antioquia: seguridad y crisis migratoria

En el departamento han aumentado las cifras de homicidios, los casos de feminicidios y los problemas de orden público por presencia de grupos armados que se disputan el territorio y las economías ilícitas. Además, enfrenta una crisis migratoria en el municipio de Necoclí. Entrevista con el saliente gobernador encargado de Antioquia sobre los retos del departamento.

Hasta agosto de este año se registraron 1.431 homicidios en Antioquia, lo que representó un incremento del 9% (118 casos) frente al mismo periodo de 2020. Esta es solo una arista de la seguridad en el departamento que se encuentra dividido en nueve subregiones, dos de ellas (Norte y Bajo Cauca) tienen fuertes enfrentamientos entre diferentes grupos armados ilegales que hacen presencia en el territorio y afectan a la población civil que se ve obligada a confinarse o desplazarse para preservar su vida. Además, esto ha puesto en especial riesgo a los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en las regiones.

A la situación de orden público se le suma el tránsito de los migrantes que llegan del sur del continente y pasan por el departamento para llegar al Urabá antioqueño. De ahí van, por vía marítima, al Chocó para adentrarse en la selva del Tapón del Darién y continuar el recorrido por Centroamérica para finalmente llegar a Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, más de 19 mil migrantes han quedado represadas en Necoclí debido a que el transporte está regulado porque Panamá solo recibe 500 personas diariamente.

Sobre los retos en materia de seguridad y migración habló Luis Fernando Suárez, saliente gobernador encargado de Antioquia, con El Espectador. Suárez ocupó dicho cargo desde el 25 de marzo hasta el 27 de septiembre de este año mientras el gobernador electo, Aníbal Gaviria, enfrentaba un proceso judicial por presuntos delitos en contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Gaviria quedó en libertad provisional por vencimiento de términos y continúa vinculado al proceso legal, aunque esto ya no es impedimento para que ejerza como gobernador de Antioquia.

Hasta agosto informaron que hubo 1.431 homicidios en Antioquia, cifra que ha aumentado frente al mismo periodo del año pasado. ¿A qué se debe este aumento? ¿Aún ve posible que para final de año se tengan menos homicidios que durante 2020?

Yo pienso que sí es posible, nosotros, incluso en julio terminamos con un incremento cercano al 14%. Hemos venido ganando terreno. En cifras del 23 de septiembre estamos con 100 homicidios más con respecto al año pasado, un incremento del 6.9%. De las nueve subregiones de Antioquia solo dos tienen reducción que son el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Bajo Cauca. Las otras siete tienen incremento.

Este aumento se debe, sin duda, a la presencia fortalecida de los grupos armados organizados, principalmente del Clan del Golfo, que tiene presencia en cerca de 55 municipios del departamento, están los grupos armados organizados residuales 18 y 36, está el Eln y los Caparros que prácticamente ya fueron desarticulados. Hay una confrontación entre estos grupos armados por fortalecer sus rentas criminales, narcotráfico y minería criminales. Esto se muestra en que el 70% de los homicidios de Antioquia están dados por la modalidad de sicariato y también son con arma de fuego. Lamentablemente la mayoría de los muertos son jóvenes que hacen parte de las estructuras ilegales.

El reto que tenemos está en la reducción de homicidios porque este es un gobierno que le apuesta al cuidado, la defensa y protección de la vida. Nosotros recibimos Antioquia con una tasa de 36 homicidios por 100 mil habitantes, 2.331 homicidios en el 2019, el año pasado logramos una tasa de 30 homicidios por 100 mil habitantes, una reducción casi del 25%. Antioquia le aportó al país casi el 50% de la reducción el año pasado, y eso se explica porque de los 100 municipios más violentos de Colombia, 32 son de Antioquia. Eso muestra la concentración de este delito en Antioquia, si el departamento reduce el país también.

El departamento de Antioquia es el que tiene el mayor número de feminicidios del país desde el año pasado, según el Observatorio Feminicidios Colombia. ¿De qué manera la gobernación ha planteado estrategias para disminuir este fenómeno de manera diferenciada?

Yo creo que, de la mano con la Policía y Fiscalía, lo primero es atacar el delito de homicidio y específicamente el del feminicidio, fortaleciendo las capacidades de los jueces a los que les llegan el delito de homicidio. Un avance que de este gobierno fue montar la línea 123 mujer, donde una mujer que esté siendo sufriendo cualquier forma de violencia activa la denuncia a través de la línea y ya tenemos un hogar de protección, en este momento podemos tener unas 25 allí. Todas ellas son víctimas de violencias de género y posibles víctimas de feminicidios, esa es una estrategia. Lo otro es la impunidad, el nivel de esclarecimiento de los homicidios es del 23% eso es una tragedia para esta sociedad. Si fortalecemos la capacidad de la Fiscalía, habrá más denuncia, pero también más investigación y judicialización de los autores de los distintos delitos.

En Antioquia han matado a 20 líderes y lideresas sociales de los 124 que han reportado en el país durante este año, ¿qué garantías para la vida o protección les ofrece la gobernación en el trabajo que realizan en sus territorios?

Desde la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Antioquia tenemos la ruta de protección de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. Si un líder de un municipio tiene una amenaza, activa la denuncia y nosotros activamos la ruta de protección. Tenemos también albergues, hoteles en Medellín, en distintos municipios y trabamos de la mano de la Fiscalía de la policía.

Cuando ya el homicidio se presenta, hay que trabajar en la investigación, en la identificación de los autores y en la judicialización de los mismos. Para nosotros es importante trabajar en el esclarecimiento y en atacar la impunidad.

La mayoría de los homicidios de líderes sociales se cometieron en las subregiones del Norte y Bajo Cauca, ¿cuál es la situación de orden público de estos lugares?

Son las dos subregiones que tienen desafortunadamente mayor presencia de los grupos armados organizados: Clan del Golfo, Caparros, Eln y grupos armados residuales. En estos lugares son estratégicos por la conexión con el sur de Córdoba, el norte de Antioquia que se conectan con el Nudo del Paramillo y con Urabá. Es una región que está en una disputa geoestratégica por esos actores ilegales y de ahí los desplazamientos forzados masivos en Ituango, que es al norte de Antioquia. Los grupos armados organizados son unos desestabilizadores en el territorio y que por esa disputa territorial cometen homicidios contra líderes o lideresas.

Precisamente, desde la firma del Acuerdo de paz se ha venido reconfigurando el conflicto armado en el país y en Antioquia son múltiples los actores ilegales que hacen presencia, ¿cuál ha sido la estrategia desde la administración departamental para que sea la institucionalidad la que retome el control del territorio?

Es el reto más grande que tenemos porque es que no es exclusivamente presencia de la fuerza pública. Se necesita presencia del sector empresarial, de la academia, trabajar más en educación, cultura, deportes, fortalecer las capacidades de las alcaldías, que son precarias. Muchos de los municipios de Antioquia son categoría sexta y tienen grandes debilidades en su gestión. También hay que fortalecer las inspecciones de policía y las comisarías de familia. Yo creo que el reto enorme es avanzar con el sector empresarial y la generación de proyectos productivos, el empleo y la reactivación de la economía.

De hecho, en el plan de desarrollo nuestro de Unidos por la vida, la línea cuatro del plan tiene el enfoque es el de seguridad humana, que es más integral. La apuesta nuestra contempla más capacidades, más oportunidades y a romper las enormes brechas que tenía Antioquia. Pero obviamente esto no se hace en un solo Gobierno.

Nosotros estamos trabajando en proyectos de vivienda, en proyectos de educación, en proyectos de pavimentación, de vías que harán más competitivo al departamento. Esa tiene que ser una puesta de largo plazo. Ahí la concepción nuestra de que haya varios buenos gobiernos sucesivos sintonizados.

Frente a lo que menciona de entender este problema de seguridad como algo mucho más integral, uno de los elementos más importantes del territorio es el de los cultivos ilícitos. ¿Cómo van las concertaciones con las comunidades? ¿Volverán las aspersiones con glifosato?

Cuando llegamos al gobierno estábamos con unas 14 mil hectáreas de sembrados de cultivos de hoja de coca. Muchos de ellos en el Bajo Cauca, parte del norte de Antioquia (el Nudo del Paramillo) y parte del nordeste. El departamento ha avanzado de la mano de las políticas de erradicación de cultivos que son del Gobierno Nacional. Muchos de los municipios son beneficiarios del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PENIS).

La erradicación es una responsabilidad del Gobierno Nacional, pero sí un campesino tiene un cultivo de coca y le radican sin sustitución, sin un proyecto productivo que lo acompañe, eso fracasa. Llegar solo erradicar nunca será suficiente. Tiene el Estado la obligación de avanzar en la sustitución de cultivos, pero con el acompañamiento al campesino en el proyecto productivo, con mejoramiento de vivienda, titulación de la tierra y con el encadenamiento en la comercialización. Si eso no lo hacemos, yo creo que vamos a estar en el círculo vicioso porque pasan erradicando y otros detrás resembrando. En las cifras tenemos que podemos estar en unas 9 mil hectáreas de cultivos ilícitos.

Sin embargo, esta no es la única economía ilícita, también está la minería ilegal y las dinámicas de los grupos ilegales alrededor de ella, sobre todo en municipios del Bajo Cauca, ¿en ese asunto cuál es la estrategia de la gobernación?

La formalización. Si al pequeño minero la policía lo persigue, lo hará toda la vida porque ese es su medio de sustento. Estoy convencido que, si logramos formalizarlo, capacitarlo y meterlo en la cadena productiva legal para que ese producto se lo vendan a los legales y no a los ilegales. Aquí haya ejemplos de formalización de mineros en el nordeste, en San Roque por una empresa minera y yo creo que ese es el camino. No puede ser un problema exclusivo de la fuerza pública, tiene que haber una apuesta integral.

Respecto a la contingencia en Necoclí por e represamiento de los migrantes allí, ¿qué se ha hecho para darle una solución definitiva a esta contingencia migratoria?

El tema para mí más grande e importante está en la gestión que debería hacer la Cancillería para que Panamá permita que pasen 1.000, 1.200 diarios y permitir que sigan su curso. No se va a acabar el problema de los migrantes, tiende a crecer. Hay otro tema que es muy complejo y es Panamá tiene la posibilidad de controlar los migrantes por un solo camino, mientras que a Colombia entran por Venezuela, la frontera con Brasil, por el Nariño, entonces para nosotros es más difícil controlar el fenómeno migratorio. Creemos que mientras transitan por Colombia se les debe dar la atención humanitaria y el acompañamiento, pero que Panamá permita el tránsito.

¿Cuáles son las acciones puntuales y el apoyo que le brinda la gobernación al municipio de Necoclí para atender la demanda en servicios públicos y saneamiento?

Nosotros estamos atendiendo desde el tema sanitario, agua potable y saneamiento básico, alcantarillado, recolección de basuras y atención en salud. Con la gerencia servicios públicos hicimos una inversión para aumentar la capacidad de la planta de tratamiento de agua potable. Estamos pegados de un equipo que vale 100 millones de pesos, que decidimos que el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (DAGRAN) entregará los recursos del municipio para comprar ese equipo y que esa planta se ponga en funcionamiento.

En el tema saneamiento básico, con la Gerencia de Servicios Públicos estamos haciendo unas inversiones y acompañando al municipio, yo creo que el reto más grande está en basuras en la recolección y en la atención en salud. Hemos apoyado al Hospital San Sebastián con insumos, medicamentos y más personal médico. Hay un problema enorme y es el hospital está atendiendo habitantes y migrantes que nadie le paga porque no están asegurados en el sistema de salud colombiano. Ahí el Gobierno nacional debería hacer un mayor esfuerzo, con recursos económicos, para que esa facturación que el hospital le está facturando a la alcaldía por más de 200 millones de pesos. Si sigue atendiendo a toda esta gente, el hospital va a entrar en una crisis financiera.

Respecto a la deuda por más de 200 millones de pesos de la alcaldía de Necoclí con el hospital, ¿la gobernación ha planteado la posibilidad de subsidiar alguna parte de esta? Porque el gerente del hospital dice que, si reciben ese dinero, pueden contratar a dos médicos más que es lo que necesitan para cubrir la demanda.

Esto tendría que ser con recursos ordinarios de la gobernación, porque la Secretaría de Salud no podría disponer de recursos para entregarle al hospital. Yo creo que la ruta debería ser que el Gobierno Nacional defina los recursos para la atención en salud. Nosotros podemos ayudar con saneamiento básico porque si resolvemos el tema de agua potable, creo que eso ayuda a que no haya tanta gastroenteritis.

Yo estoy seguro de que en Necoclí no hay una cama vacía, es decir, ha generado una explosión económica posiblemente muy favorable para unos que tenían pequeños hostales y que están haciendo su agosto porque están aprovechando la situación. Muchos migrantes tienen recursos económicos que genera un derrame económico inesperado en Necoclí.

¿Cuál ha sido el manejo que se le ha dado a la pandemia por COVID-19 en medio de la contingencia?

En COVID hay un trabajo importantísimo por hacer. Afortunadamente no hemos tenido un incremento muy grande de casos en Necoclí. Incluso hemos gestionado con el Gobierno Nacional vacunas para la población migrante. Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance.

Sí, pero esta contingencia también pone en pausa el turismo, que es realmente la vocación y la gran fuerza que se le hace al municipio.

Eso es innegable, pero el fenómeno migratorio es mundial, no lo vamos a detener ni lo vamos a parar. Tenemos que desarrollar más capacidades para permitir el tránsito de los migrantes, respetando su dignidad y sus derechos humanos y sus condiciones de vida. Obviamente genera ese tipo de efectos en distintos territorios de Antioquia. Necoclí puede ser el que con mayor rigor no esté sintiendo porque afecta sin duda todo el sector turístico. ¿Quién hoy del quiere ir a una playa en Necoclí donde hay 3000 migrantes? Esa es la realidad.

¿Cómo mitigar un poco esa caída del turismo y preservarlo para cuando pase la contingencia no quede el estigma?

Es un reto y una apuesta que en la que hay que pensar. Este es un fenómeno que se espera que siga ocurriendo por un año más. Tenemos que preparar para para ese año que viene, en el que sin duda va a haber muchos migrantes transitando por Antioquia.

¿Qué otros retos tienen en el manejo de esta problemática en Necoclí?

Otro de los focos de actuación tiene que ver con los actores ilegales en Urabá, que aprovechan esa situación y quieren tener beneficios económicos con la migración ilegal, cobran cuota por el paso o con cualquiera de estas formas de explotación.

Reiteramos el llamado al Gobierno Nacional y a la Cancillería para que fortalezca las gestiones ante los Gobiernos de Panamá y Costa Rica y se permite el tránsito de un número mayor de personas desde Necoclí hacia Acandí y el sector del Urabá chocoano.

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