Los enfrentamientos en las calles de los barrios populares de Medellín, entre las dos alas de la denominada Oficina de Envigado, que se disputan el control de los territorios para el cobro de vacunas y la distribución de narcóticos, ha dejado centenares de muertos y producido el desplazamiento intraurbano de 144 familias, 1.627 personas, quizás una de las consecuencias más graves de esta guerra que azota a la capital antioqueña.
“En la Personería hemos recibido este año, al 2 de octubre, 420 declaraciones. Es muy preocupante y lo más triste es que está generando una crisis humanitaria. Hay problemas de salud, de vivienda, de educación, de empleo porque la mayoría de las personas trabajaban en el barrio de donde tuvieron que salir”, expresó la personera delegada para los Derechos Humanos, Patricia Aristizábal.
Las comunas de la ciudad que presentan mayor número de familias desplazadas son la 1, la 13 y la 9. En los últimos días se han registrado casos también en la comuna 8.
“La gente trata de quedarse en sus hogares y salen cuando la situación se vuelve insostenible. El 99% de las declaraciones que he tenido que firmar, tiene como sustento la amenaza directa. Personas a las que les dan tres o cuatro horas para salir del barrio, y el 50% corresponde a homicidios perpetrados contra algún miembro de su familia”, según la Personera.
La Corporación para la Paz y el Desarrollo (Corpades) concluyó que una de las zonas más críticas hoy en la ciudad es la comuna 1, donde se encuentran barrios como Santo Domingo Sabio, al nororiente de la ciudad. Allí, hace pocos días, se presentó el desplazamiento masivo de 29 familias.
“Las bandas de los Triana, La 38 y La Galera están desplazando las familias para quedarse con el control de las vacunas a los comerciantes, los buses y los habitantes, además del microtráfico de drogas. Los Triana se están extendiendo a otras zonas de la ciudad como Robledo, y las comunas 8 y 6. Lo más preocupante para nosotros es que muchas familias no denuncian su condición de desplazados por miedo a retaliaciones”, dijo Luis Fernando Quijano, presidente de Corpades.
El pasado 11 de mayo en el barrio Pablo Escobar, 20 familias salieron de la zona y recibieron protección de las autoridades. En ese lugar, la Policía Metropolitana capturó a 18 delincuentes, hoy procesados por concierto para delinquir, homicidio agravado, narcotráfico y desplazamiento forzado. Los reos se apoderaban de las viviendas de esa familias y allí establecían sus cuarteles para cometer sus delitos. “Ellos pertenecen al brazo armado de alias Sebastián, uno de los cabecillas de la Oficina de Envigado por quien estamos ofreciendo $2 mil millones por su captura”, explicó el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Luis Eduardo Martínez.
La Gerencia para los Desplazados de la Alcaldía de Medellín viene atendiendo no sólo los casos de desplazamiento masivo, sino los individuales que corresponden al mayor número. Según los registros de esta oficina, 144 familias han recibido ayuda humanitaria de emergencia, es decir, dinero para alimentación y vivienda, mientras Acción Social emprende las acciones establecidas por la ley para estos casos.
En total, se han invertido $400 millones en lo corrido de este año para atender a la población desplazada.
“Adicional a esta ayuda, está la atención psicológica y en salud que ellos reciben. En el caso de las familias de barrio Pablo Escobar, las tuvimos en un albergue protegidas por la Policía. Muchos han salido de allí, hoy sólo hay nueve familias”, dijo con tono de preocupación Patricia Correa, directora de la Gerencia para los Desplazados.
Aunque en los barrios funcionarios de la Alcaldía tratan de persuadir a las familias para que no abandonen sus casas, lo cierto es que el miedo y la intención de proteger sus vidas pueden más que promesas de patrullajes por parte de las autoridades. La situación de confrontación que se vive en los barrios hace prever que las cifras de desplazamiento intraurbano continuarán en aumento.