Minas antipersonales, el drama de las comunidades indígenas en Antioquia

Mingas permanentes, alertas tempranas y llamados de urgencias fueron algunas de las señales que enviaron las comunidades indígenas de Antioquia pidiendo garantías de seguridad al Gobierno ante el confinamiento en el que se encuentran por los enfrentamientos entre grupos armados y la presencia de minas antipersonales.

Sus alertas, sin embargo, no han tenido ningún efecto y, a pesar de sus peticiones, las minas cobraron esta semana una nueva víctima. Plinio Dogarí Majoré, un niño de 13 años que forma parte del pueblo embera eyabida de Murindó (Antioquia), perdió su pierna derecha al pisar uno de estos artefactos el pasado domingo 28 de febrero.

La crisis en las comunidades se viene agravando desde comienzos de enero, cuando más de 2.000 indígenas del occidente antioqueño fueron obligados a confinarse tras recibir un panfleto y un audio a través de Whatsapp, en el que estructuras del Ejército de Liberación Nacional (Eln) les advertían que habían sembrado minas en la zona. La respuesta estatal fue un consejo de seguridad en Murindó, en cabeza del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien confirmó que, efectivamente, los responsables eran miembros del Eln.

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La Organización Indígena de Antioquia (OIA) viene denunciando que desde 2017 el accionar de los actores armados obstaculiza la libre circulación de las comunidades por los territorios. De acuerdo con Amelicia Santacruz, consejera mayor de la OIA, Murindó, Dabeiba, Frontino, Ituango y el Bajo Cauca antioqueño son las zonas más expuestas por la presencia de minas antipersonales y enfrentamientos entre grupos armados: Clan del Golfo y Eln. De los 38.000 indígenas que hay en Antioquia, cerca de 20.000 están en riesgo, especialmente los resguardos embera eyabida y los zenúes.

Frente a lo sucedido con Plinio Dogarí, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado para que las autoridades adelanten con urgencia las labores de desminado humanitario en la zona. Sin embargo, el mismo gobernador de Antioquia explicó que en esa zona, por temas de seguridad, no es posible realizar desminados humanitarios, por eso la única forma que actualmente tienen es el desminado militar. A su turno, Rafael Blanco, secretario de Gobierno, Paz y No Violencia de Antioquia, aseguró que continúan trabajando con las autoridades para lograr el desminado militar y, donde haya comisiones, realizar el desminado humanitario.

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Antioquia es el departamento más golpeado por los campos minados. Entre 1990 y febrero de 2019, por ejemplo, hubo 11.718 víctimas por minas antipersonales en el país, de las cuales 2.550 fueron de Antioquia, según Descontamina Colombia, entidad para la acción integral contra minas antipersonales.

La consejera mayor de la OIA habló con El Espectador sobre la situación que están enfrentando.

¿Cómo se encuentra el niño que cayó en la mina antipersonal?

Lo están atendiendo en el hospital de Apartadó. Según los reportes que se tienen, ya le amputaron su pierna derecha. Está estable, pero psicológicamente muy afectado. Es un niño que apenas estaba empezando su vida y cayó en esta guerra que no es de él ni de nadie. La familia está mal. Hay mucha tristeza.

Hace menos de un mes ustedes alertaron de un confinamiento de las comunidades indígenas producto de los campos minados y el miedo a salir. ¿Cómo sigue la situación?

Sigue el confinamiento. Más en Murindó, Dabeiba, Frontino e Ituango. Por ejemplo, los de Murindó pueden transitar solo por ríos, por eso pasó lo de ayer. Pues no todo se consigue por el agua, en la tierra están los alimentos como el plátano, el maíz y el pancoger. El confinamiento continúa.

¿Qué actores armados se disputan el control en la zona?

Según lo que han dicho los indígenas del territorio, están el Clan del Golfo y el Eln.

¿Cuál es la situación que enfrentan las comunidades?

Las comunidades no pueden hacer casi nada. No pueden hacer sus asambleas, están cerradas. Esta situación comenzó desde hace dos años, pero a finales de 2020 se agudizó más el problema. La vida es muy difícil en estos momentos.

¿Qué apoyo han recibido de las autoridades departamentales?

Cuando dimos a conocer la situación de confinamiento de las comunidades de Murindó y de Frontino, ellos hicieron un consejo de seguridad, pero eso no termina ahí. Lo que está pasando en las comunidades no se soluciona solo con consejos de seguridad, pues los territorios están muy alejados de los cascos urbanos. Se les entregaron unos paquetes alimentarios, pero no es suficiente. Esto es un tema de acompañar a las comunidades, porque las amenazas se han vuelto un diario vivir.

¿Qué recomendaciones hacen ustedes al Gobierno para que sea efectiva la respuesta?

Las instituciones nos estamos quedando cortas, porque no se trata solo de que las organizaciones indígenas busquen la estrategia. No es solo que el Ejército entre a los territorios, pues eso produce más zozobra. Hay que hacer un acompañamiento y que las instituciones competentes nos sentemos en una sola mesa y trabajar en tiempos diferentes. Esto ya se nos está saliendo de las manos, porque si ni los mismos indígenas de los territorios pueden transitar, mucho menos nosotros entrar sin saber dónde hay una mina.

Ustedes proponen el desminado humanitario, ¿por qué ese y no el militar?

El desminado realizado por el Ejército no se permite, porque en los territorios están los actores armados. Si los militares entran es mucho más peligroso y se pueden presentar combates, que se traducirían en masacres, muertes y desplazamientos. Los actores ilegales no respetan las vidas. Por eso, nosotros proponemos que el desminado lo hagan otros organismos humanitarios.

¿Cuál es el llamado que hacen desde la OIA?

Decirles a la opinión pública, a los gobiernos nacional y departamental que es muy triste que en estos momentos las comunidades indígenas vivan con tanto miedo en sus propias casas. Nosotros somos pueblos indígenas de paz. Nuestra arma es el bastón de la guardia y la palabra para el diálogo. Es momento de que miremos y paremos esta guerra. A los grupos armados les decimos que no somos parte de ningún lado. Solo defendemos los ríos, la tierra y los sitios sagrados. Esto no puede quedar solo en comunicados y las vidas perdidas convertidas en cifras.

Mingas permanentes, alertas tempranas y llamados de urgencias fueron algunas de las señales que enviaron las comunidades indígenas de Antioquia pidiendo garantías de seguridad al Gobierno ante el confinamiento en el que se encuentran por los enfrentamientos entre grupos armados y la presencia de minas antipersonales.

Sus alertas, sin embargo, no han tenido ningún efecto y, a pesar de sus peticiones, las minas cobraron esta semana una nueva víctima. Plinio Dogarí Majoré, un niño de 13 años que forma parte del pueblo embera eyabida de Murindó (Antioquia), perdió su pierna derecha al pisar uno de estos artefactos el pasado domingo 28 de febrero.

La crisis en las comunidades se viene agravando desde comienzos de enero, cuando más de 2.000 indígenas del occidente antioqueño fueron obligados a confinarse tras recibir un panfleto y un audio a través de Whatsapp, en el que estructuras del Ejército de Liberación Nacional (Eln) les advertían que habían sembrado minas en la zona. La respuesta estatal fue un consejo de seguridad en Murindó, en cabeza del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien confirmó que, efectivamente, los responsables eran miembros del Eln.

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La Organización Indígena de Antioquia (OIA) viene denunciando que desde 2017 el accionar de los actores armados obstaculiza la libre circulación de las comunidades por los territorios. De acuerdo con Amelicia Santacruz, consejera mayor de la OIA, Murindó, Dabeiba, Frontino, Ituango y el Bajo Cauca antioqueño son las zonas más expuestas por la presencia de minas antipersonales y enfrentamientos entre grupos armados: Clan del Golfo y Eln. De los 38.000 indígenas que hay en Antioquia, cerca de 20.000 están en riesgo, especialmente los resguardos embera eyabida y los zenúes.

Frente a lo sucedido con Plinio Dogarí, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado para que las autoridades adelanten con urgencia las labores de desminado humanitario en la zona. Sin embargo, el mismo gobernador de Antioquia explicó que en esa zona, por temas de seguridad, no es posible realizar desminados humanitarios, por eso la única forma que actualmente tienen es el desminado militar. A su turno, Rafael Blanco, secretario de Gobierno, Paz y No Violencia de Antioquia, aseguró que continúan trabajando con las autoridades para lograr el desminado militar y, donde haya comisiones, realizar el desminado humanitario.

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Antioquia es el departamento más golpeado por los campos minados. Entre 1990 y febrero de 2019, por ejemplo, hubo 11.718 víctimas por minas antipersonales en el país, de las cuales 2.550 fueron de Antioquia, según Descontamina Colombia, entidad para la acción integral contra minas antipersonales.

La consejera mayor de la OIA habló con El Espectador sobre la situación que están enfrentando.

¿Cómo se encuentra el niño que cayó en la mina antipersonal?

Lo están atendiendo en el hospital de Apartadó. Según los reportes que se tienen, ya le amputaron su pierna derecha. Está estable, pero psicológicamente muy afectado. Es un niño que apenas estaba empezando su vida y cayó en esta guerra que no es de él ni de nadie. La familia está mal. Hay mucha tristeza.

Hace menos de un mes ustedes alertaron de un confinamiento de las comunidades indígenas producto de los campos minados y el miedo a salir. ¿Cómo sigue la situación?

Sigue el confinamiento. Más en Murindó, Dabeiba, Frontino e Ituango. Por ejemplo, los de Murindó pueden transitar solo por ríos, por eso pasó lo de ayer. Pues no todo se consigue por el agua, en la tierra están los alimentos como el plátano, el maíz y el pancoger. El confinamiento continúa.

¿Qué actores armados se disputan el control en la zona?

Según lo que han dicho los indígenas del territorio, están el Clan del Golfo y el Eln.

¿Cuál es la situación que enfrentan las comunidades?

Las comunidades no pueden hacer casi nada. No pueden hacer sus asambleas, están cerradas. Esta situación comenzó desde hace dos años, pero a finales de 2020 se agudizó más el problema. La vida es muy difícil en estos momentos.

¿Qué apoyo han recibido de las autoridades departamentales?

Cuando dimos a conocer la situación de confinamiento de las comunidades de Murindó y de Frontino, ellos hicieron un consejo de seguridad, pero eso no termina ahí. Lo que está pasando en las comunidades no se soluciona solo con consejos de seguridad, pues los territorios están muy alejados de los cascos urbanos. Se les entregaron unos paquetes alimentarios, pero no es suficiente. Esto es un tema de acompañar a las comunidades, porque las amenazas se han vuelto un diario vivir.

¿Qué recomendaciones hacen ustedes al Gobierno para que sea efectiva la respuesta?

Las instituciones nos estamos quedando cortas, porque no se trata solo de que las organizaciones indígenas busquen la estrategia. No es solo que el Ejército entre a los territorios, pues eso produce más zozobra. Hay que hacer un acompañamiento y que las instituciones competentes nos sentemos en una sola mesa y trabajar en tiempos diferentes. Esto ya se nos está saliendo de las manos, porque si ni los mismos indígenas de los territorios pueden transitar, mucho menos nosotros entrar sin saber dónde hay una mina.

Ustedes proponen el desminado humanitario, ¿por qué ese y no el militar?

El desminado realizado por el Ejército no se permite, porque en los territorios están los actores armados. Si los militares entran es mucho más peligroso y se pueden presentar combates, que se traducirían en masacres, muertes y desplazamientos. Los actores ilegales no respetan las vidas. Por eso, nosotros proponemos que el desminado lo hagan otros organismos humanitarios.

¿Cuál es el llamado que hacen desde la OIA?

Decirles a la opinión pública, a los gobiernos nacional y departamental que es muy triste que en estos momentos las comunidades indígenas vivan con tanto miedo en sus propias casas. Nosotros somos pueblos indígenas de paz. Nuestra arma es el bastón de la guardia y la palabra para el diálogo. Es momento de que miremos y paremos esta guerra. A los grupos armados les decimos que no somos parte de ningún lado. Solo defendemos los ríos, la tierra y los sitios sagrados. Esto no puede quedar solo en comunicados y las vidas perdidas convertidas en cifras.