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La llegada de la minga indígena al centro administrativo de La Alpujarra en Medellín ha causado todo tipo de reacciones a nivel local. Mientras desde la alcaldía de la ciudad y la gobernación de Antioquia se cuestiona la presunta participación política en las manifestaciones, los manifestantes aseguran que los bloqueos obedecen a una falta de interlocución con la administración departamental. En el medio, dos organizaciones indígenas se han desmarcado de la minga, mientras que la Defensoría ha pedido diálogo y condiciones para no estigmatizar a los indígenas.
Todo comenzó en la madrugada del lunes 16 de marzo, alrededor de 500 indígenas de los pueblos Senú, Yavida y Embera, provenientes de San Pedro de Urabá, Mutatá y La Vega, llegaron a La Alpujarra, sede de la Gobernación de Antioquia, para exigir respuesta, según sus líderes, ante años sin atención.
Carpas, hamacas, costales de mercado y ollas al fuego se instalaron en las cuadras frente al centro administrativo, especialmente en la plazoleta de La Alpujarra, donde se encuentra la alcaldía de Medellín, la gobernación de Antioquia, entre otras entidades de la administración departamental. El grupo de personas, incluyendo niños, jóvenes y personas mayores, se asentó con provisiones para resistir hasta 15 días.
Sobre los principales ingresos al centro administrativo, se asentaron miembros de la guardia indígena encargados de custodiar puntos clave de ingreso, por lo que intermitentemente forman cadenas humanas para proteger las reuniones previas a la mesa de diálogo y durante altercados.
Al respecto, Jaime Andrés Rivera Donado, cabildo mayor del resguardo indígena Alto San Juan de San Pedro de Urabá, y quien ha sido el vocero de las movilizaciones, explicó a El Espectador que las demandas de la Minga se concentran en cuatro solicitudes: el nombramiento de docentes indígenas para atender a 600 estudiantes que no tienen profesores asignados, mejoras en infraestructura educativa, la restitución de 340 cupos del ICBF que le recortaron a las comunidades, y la legalización de predios por parte de la Agencia Nacional de Tierras. A eso se suma la atención humanitaria por la ola invernal, que destruyó cultivos, viviendas y vías en sus territorios hace más de dos meses.
“No venimos ni por Petro, ni por el Pacto Histórico, venimos por las necesidades de nuestros territorios”, insistió Rivera, quien aclaró que la movilización fue planeada. “La íbamos a hacer antes de las elecciones pero por respeto a la democracia la dejamos para después, para que no se dijera que veníamos apoyando un partido político”, añadió Darío Suárez, vocero de la organización.
Aunque se intentó establecer una mesa de diálogo, se levantó rápidamente. En la tarde, el concejal Andrés Gury, del Centro Democrático, llegó acompañado de bates, lo que terminó en una discusión con el diputado del Pacto Histórico Manuel García. Aunque los indígenas se retiraron. “Nos quisieron dejar inmersos y nosotros retiramos toda nuestra gente porque no estamos en esa tónica política.”
La respuesta de la administración
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó que desde la noche del pasado domingo 15 de marzo se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) para atender la protesta de los indígenas que llegaron en 16 buses en la madrugada de este martes, que se dirigen directamente a la gobernación de Antioquia, pero que ha afectado a todas las entidades que se encuentran allí, es decir, la administración distrital, así como la Personería, el Concejo, las oficinas de Migración, entre otros.
“Lo primero que sí vemos es que intentan instrumentalizar a las comunidades indígenas y, peor aún, a los niños indígenas. Estamos hablando de que, de las casi 500 personas que llegaron a Medellín, hay cerca de 180 niños indígenas. Yo siempre he dicho que todas las comunidades estén bien y deben tener todas las garantías, pero, pregunto, ¿por qué bloquear La Alpujarra, que es donde funciona la gobernación y la alcaldía? ¿Por qué no permitir que los funcionarios y el público entren a trabajar y restringir las gestiones del día a día?”
Algo similar señaló el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien aseveró que la gobernación “amaneció bajo ataque de los aliados de Petro del crimen y de las movilizaciones. Les fastidia mucho que nosotros no nos doblegamos, que ante los agravios respondemos con tesón, con fuerza y que les ha quedado casi imposible vencernos”.
Los líderes indígenas rechazaron las declaraciones del gobernador; Suárez explicó que “quien tiene tapada la vía de la Gobernación de Antioquia es el Esmad. Nosotros no.”
No obstante, el mandatario insistió en que la protesta está politizada, por lo que consideró inaudita la magnitud de personas que llegaron a Medellín, así como criticó la presencia de indígenas de otras comunidades, como el caso de los indígenas que participan en la manifestación que habrían llegado de Tierralta, en Córdoba, y que habrían señalado a periodistas locales que no sabían las razones de las movilizaciones.
Según el Cabildo, el video que circuló en medios de comunicación es falso. Según lo manifestado, esa persona no pertenece a ninguno de los cabildos que conforman la Minga, no es de San Pedro de Urabá ni de Mutatá, y nadie la reconoce entre los manifestantes. Insistieron en que todos los indígenas movilizados son antioqueños. “Somos de Antioquia y le solicitamos que nos respondan los dirigentes de Antioquia porque nosotros somos del mismo territorio”, afirmó Rivera.
El gobernador de Antioquia insistió en que todo se centra en una solicitud personal de quien lidera las manifestaciones. “Es inaudito que unas autoridades indígenas, en especial, la autoridad de nombre Donado, que representa a algunos de ellos en los municipios de Mutatá, por un interés personal, por querer nombrar 20 docentes, tenga desescolarizados a los niños de los resguardos de estos municipios, que además les impida recibir el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que implementamos con ellos, obedeciendo a sus culturas y raíces ancestrales y que además se movilice con ellos, con mujeres y niños en brazos”.
Sumado a esto, señaló que se han presentado problemas de legitimidad de estas autoridades, debido a falta de reconocimiento de sus procesos democráticos internos, lo que ha dificultado la interlocución y la solución de este tipo de inconvenientes.
Se espera la llegada de entre 10 y 15 chivas adicionales con integrantes de comunidades del suroeste antioqueño, y las autoridades indígenas anticiparon que, de no avanzar el diálogo, el occidente del departamento también se movilizaría en los próximos días, lo que elevaría a entre 30 y 40 el número de chivas en Medellín.Esto fue controvertido por el Cabildo Indígena del Resguardo de Karmata Rúa – Jardín y el Consejo de Departamental de Autoridades Indígenas de Antioquia – CODIAN, quienes se desmarcaron de las movilizaciones y señalaron que “esta decisión obedece a que consideramos necesario agotar primero los escenarios de concertación institucional previstos en la normatividad vigente”.
Ante la continuidad de las manifestaciones y las afirmaciones del gobernador y el alcalde de que no se permitirán más bloqueos, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a “las autoridades, así como a las comunidades indígenas que participan en la minga que se concentra en el sector de La Alpujarra, a priorizar el diálogo como mecanismo principal para tramitar las solicitudes y preocupaciones que motivan la movilización”. Sumado a esto, exhortaron a los dos mandatarios para evitar pronunciamientos o actuaciones que puedan interpretarse como estigmatización, a evitar pronunciamientos o actuaciones que puedan interpretarse como estigmatización a las comunidades indígenas.