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Desde este fin de semana circula en redes sociales el video de una mujer con el pelo lleno de pegamento industrial. La mujer terminó sentada sobre un andén, con el pelo lleno de pegante, luego de que fuera sorprendida tratando de robarle la billetera y el teléfono celular a una persona que caminaba por el centro de la ciudad de Medellín.
Según contaron los testigos, una persona quien casi fue víctima de robo, caminaba con su madre por la zona comercial cuando sintió que alguien trataba de quitarle sus pertenencias, por medio del famoso “cosquilleo”. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, decidieron hacer ruido y llamar a otros transeúntes para evitar el hurto.
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Cuando los vendedores del sector se enteraron de lo que estaba sucediendo, le echaron pegamento en la cabeza a la mujer señalada del robo, antes de llamar a las autoridades. En el video puede verse que se trata de pegamento industrial, un material que difícilmente podrá ser retirado del cabello y que puede causar problemas de salud si entra en contacto con partes sensibles de la piel.
Las autoridades le hacen nuevamente un llamado a la ciudadanía para que no tome justicia por mano propia y en su lugar llame oportunamente a las líneas de atención que operan las diferentes ciudades del país. Cabe aclarar que esta práctica, que para muchos ciudadanos puede parecer una solución, puede llegar a desencadenar una investigación o un proceso penal por lesiones para esas víctimas que toman el lugar de victimarios.
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El experto en seguridad nacional César Niño indicó que estos casos se generan por dos razones. En primer lugar, son el reflejo de una sociedad violenta y en segundo, por la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones que administran la seguridad y la justicia. Así se lo dijo el experto al periodista Camilo Acosta, durante una entrevista a El Espectador.
Durante la misma entrevista comentó que para solucionar este tipo de situaciones es necesaria la “pedagogía institucional”, con el fin de socializarle a las personas los mecanismos que tienen las autoridades para impartir justicia y los medios que tienen los ciudadanos para denunciar los delitos.
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