Nueve familias de la vereda California, zona rural del municipio de Turbo, Antioquia, recibieron títulos de sus predios restituidos, que habían sido arrebatados hace 20 años. El director de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro, entregó los documentos que acreditan como titulares de los predios a las familias, en un evento que se llevó a cabo en Medellín este 18 de diciembre.
“Eso es un logro que se dio gracias a la Fundación Forjando Futuros. Nos cambia la vida porque ya nosotros tenemos nuestra propia empresa y así podemos subsistir. Nos cambia la vida emocional y económicamente”, menciona Luz Mary Calderón, una de las personas que recibió la titulación.
Lo que sigue ahora, es la garantía para que las familias puedan hacer sus vidas sin ningún riesgo. “Este es un proceso de justicia transicional, que establece verdad, justicia, reparación integral a las víctimas y no repetición. Eso indica que la Fuerza Pública debe acompañar los retornos de estas comunidades. La implementación de proyectos productivos como una de las ordenes que se emiten en las sentencias de restitución, lo que logran es la transformación en el territorio de estas familias que se vieron obligas a dejar sus tierras”, mencionó Andrés Castro.
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Estas familias fueron despojadas hace 20 años, al ser presionadas a pagar por esos predios al excomandante de las AUC Raúl Emilio Hasbún y al empresario Felipe Echeverry, según el Juzgado Itinerante de Tierras Antioquia. Los predios están ubicados en inmediaciones de Puerto Antioquia, Urabá, unas de las tierras más costosas y disputadas del país.
“Ya llevan siete meses trabajando allí. Hoy se le entregan los títulos. Es una tierra privilegiada que esta al lado de Puerto Antioquia. Pedimos al gobernador de Antioquia y a la Policía que garantice la vida y la integridad de esas familias”, manifestó Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuro.
El evento estuvo acompañado por la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Antioquia y su Dirección de Derechos Humanos, la alcaldía de Turbo, el Departamento de Policía de Urabá, la Procuraduría de Tierras, la Defensoría del Pueblo, la Fundación Forjando Futuros, representante legal de las familias, y otras organizaciones sociales.
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