El Jefe Regional de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, Francesc Claret, dijo en sesión ordinaria de la Asamblea de Antioquia que la violencia contra los excombatientes de las Farc aumentó en los últimos meses y resaltó la importancia de avanzar en el Acuerdos de Paz. En esta misma sesión, Pastor Alape, representante del partido FARC, pidió perdón por el secuestro y asesinato del gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria Correa y el exministro Gilberto Echeverri Mejía en el año 2003.
El miércoles 7 de octubre en la Asamblea de Antioquia los temas álgidos estuvieron relacionados con el conflicto armado en el departamento. Desde la firma del Acuerdo de Paz han asesinado en Antioquia a 25 excombatientes, según cifras del representante de la Misión. De estos, se registran en Indepaz cinco asesinados en el departamento en lo que va del año.
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El Gerente de Paz y Posconflicto de Antioquia, Rafael Mauricio Blanco, quien también hizo presencia en la sesión, habló sobre el programa Nuestra vida donde se trabaja la implementación de los acuerdos de paz, fortalecimiento de los concejos municipales de paz y políticas públicas de paz.
En el último informe de la ONU que abarca del 27 de junio al 25 de septiembre de 2020 informan que “en Frontino (Antioquia), los grupos armados ilegales siguen amenazando y obligando al desplazamiento de comunidades y excombatientes”. Agregan que desde la firma del Acuerdo, la Misión ha verificado 224 asesinatos, 53 tentativas de homicidio y 20 desapariciones de excombatientes de las Farc. Muchos de los excombatientes fuera de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) siguen enfrentándose a mayores vulnerabilidades en lo que respecta a la seguridad, oportunidades productivas y acceso al apoyo institucional.
Francesc Claret mencionó el triste hecho sucedido en el ETCR del municipio Ituango, en el que los reincorporados se vieron obligados a abandonar la zona con sus familiares y desplazarse a Mutatá en julio por amenazas y homicidios.
Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 hasta el 21 de agosto de 2020 fueron asesinados 1.000 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, según cifras del Indepaz.