Organizaciones sociales piden declarar la alerta humanitaria en el Bajo Cauca

Las organizaciones de derechos humanos Nodo Antioquia, Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos y el Proceso Social de Garantías enviaron una carta dirigida al presidente Iván Duque y otras autoridades del país, pidiendo que se declare la alerta humanitaria en el Bajo Cauca antioqueño debido a las complicaciones de seguridad que se han presentado en la zona durante todo el 2020.

“Antioquia experimenta las peores cifras de violencia de la última década. 23 masacres, 12 de ellas en el Bajo Cauca, 26 asesinatos de líderes sociales, desplazamientos, desapariciones y torturas hacen parte de la imposición histórica, estructural y permisiva del fenómeno del paramilitarismo que día a día sigue copando los escenarios políticos, económicos y territoriales”, aseguran las organizaciones.

En esta zona del país se disputan el control territorial las Autodefensa Gaitanista de Colombia (Agc) y la banda conocida como Los Caparros, quienes consideran esta zona clave en sus rutas del narcotráfico. Los municipios de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza son los que se encuentran en esta subregión del país y se encuentran con mayores afectaciones debido a las actividades de estos grupos armados al margen de la ley.

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Las organizaciones responsabilizan al Gobierno de Iván Duque, así como al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, pues aseguran que no es la primera vez que alerta sobre la situación en el Bajo Cauca, una de las zonas historicamente más afectadas por el conflicto armado que vive el país hace más de 50 años.

“Dadas estas circunstancias queremos exigir todos los mecanismos legales para que sea decretado al Bajo Cauca como zona de crisis humanitaria por los constantes riesgos y consumación de los mismos”, dice la carta enviada al presidente.

Desde las organizaciones alertaron sobre la alta posibilidad de que las masacres y asesinatos se sigan produciendo en esta zona ante el abandono estatal de la zona y la continuidad de operaciones de los grupos armados ilegales. Por esta razón, le exigen al Gobierno nacional cumplir con “las obligaciones constitucionales del Estados colombiano para que las comunidades del Bajo Cauca tengan todas las garantías de no repetición de los hechos de violencia”.

Las organizaciones de derechos humanos Nodo Antioquia, Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos y el Proceso Social de Garantías enviaron una carta dirigida al presidente Iván Duque y otras autoridades del país, pidiendo que se declare la alerta humanitaria en el Bajo Cauca antioqueño debido a las complicaciones de seguridad que se han presentado en la zona durante todo el 2020.

“Antioquia experimenta las peores cifras de violencia de la última década. 23 masacres, 12 de ellas en el Bajo Cauca, 26 asesinatos de líderes sociales, desplazamientos, desapariciones y torturas hacen parte de la imposición histórica, estructural y permisiva del fenómeno del paramilitarismo que día a día sigue copando los escenarios políticos, económicos y territoriales”, aseguran las organizaciones.

En esta zona del país se disputan el control territorial las Autodefensa Gaitanista de Colombia (Agc) y la banda conocida como Los Caparros, quienes consideran esta zona clave en sus rutas del narcotráfico. Los municipios de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza son los que se encuentran en esta subregión del país y se encuentran con mayores afectaciones debido a las actividades de estos grupos armados al margen de la ley.

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Las organizaciones responsabilizan al Gobierno de Iván Duque, así como al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, pues aseguran que no es la primera vez que alerta sobre la situación en el Bajo Cauca, una de las zonas historicamente más afectadas por el conflicto armado que vive el país hace más de 50 años.

“Dadas estas circunstancias queremos exigir todos los mecanismos legales para que sea decretado al Bajo Cauca como zona de crisis humanitaria por los constantes riesgos y consumación de los mismos”, dice la carta enviada al presidente.

Desde las organizaciones alertaron sobre la alta posibilidad de que las masacres y asesinatos se sigan produciendo en esta zona ante el abandono estatal de la zona y la continuidad de operaciones de los grupos armados ilegales. Por esta razón, le exigen al Gobierno nacional cumplir con “las obligaciones constitucionales del Estados colombiano para que las comunidades del Bajo Cauca tengan todas las garantías de no repetición de los hechos de violencia”.