Paramilitares hostigan a campesinos y líderes cerca de la Zona Veredal de Carrizal

“El temor que existe en las comunidades es porque desde ya se oye vociferar que los paramilitares están esperando a que la guerrilla se concentre para venir a tomar el control de esta zona. Y entonces ¿quién nos va a garantizar la seguridad?, porque se sabe que el paramilitarismo ha sido una máquina de asesinatos, masacres; todo eso”.

Esa era la preocupación que expresaba en noviembre del año pasado Élmer Gaviria, presidente de la Junta de Acción Comunal de Carrizal. También la compartían los demás líderes comunitarios y defensores de derechos humanos de los caseríos ubicados en el área de influencia de la Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN) “Juan Carlos Castañeda” donde se encuentran los guerrilleros del Bloque Magdalena Medio de las FARC.

En ese momento, él y los demás presidentes de juntas tenían razones para inquietarse. Cuatro meses atrás, el 28 de julio de 2016, la Defensoría del Pueblo había emitido el Informe de Riesgo 029. Este alertaba sobre inminentes violaciones a los derechos humanos de las comunidades de Remedios y Segovia, producto de la disputa territorial entre paramilitares y guerrilleros.

Puntualmente, detallaba la contienda entre el Clan del Golfo y la autodenominada Nueva Generación por el control de la distribución y venta de alucinógenos y el pago de extorsiones en esa región. Y advertía sobre las acciones que la guerrilla del ELN, con el Frente José Antonio Galán, adelantaba para fortalecerse militar y territorialmente en el oriente de Remedios.

Desde entonces, las consecuencias sobre la población civil se han agravado. Así lo ha denunciado en el transcurso de este año, a través de comunicados y alertas tempranas, la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana). Parte de su equipo permanece en Carrizal y las veredas aledañas, donde acompañan a campesinos y mineros.

Según voceros de esa organización social, desde marzo se han registrado varios hostigamientos y violaciones a los derechos humanos en el área de influencia de la ZTVN. En el hecho más reciente, ocurrido el 7 de mayo en el caserío Mina Nueva de la vereda Panamá Nueve, paramilitares quemaron un negocio contra el cual ya habían atentado con un petardo el 5 de abril.

Además, agregaron los líderes sociales, los paramilitares han indagado por información sobre habitantes de ese sector (25 de abril) y han intimidado a una familia campesina entre las veredas Caño Tigre, Dos Quebradas y Camelias (6 de abril).

Cahucopana también reprochó la presunta ejecución extrajudicial del arriero y mototaxista Hernán Villa, ocurrida el 23 de marzo en la vereda Panamá Nueve durante un operativo del Ejército Nacional contra el ELN.

Eso se suma a las constantes amenazas y persecuciones a líderes defensores de derechos humanos, tanto en esas veredas como en el casco urbano de Remedios. Entre ellos, la organización destaca el caso de Ricaurte García, líder social de Cahucopana, por quien paramilitares estaría ofreciendo dinero a cambio de información sobre su paradero. Motivo por el cual tuvo que desplazarse junto con su familia en días pasados.

“Se están moviendo por las veredas”

Los voceros de la organización social aseguraron que a pesar de la presencia de al menos 300 miembros del Ejército y la Policía, quienes brindan seguridad en la ZVTN de Carrizal, “hay fuerte presencia paramilitar en las veredas cercanas, a escasas dos o tres horas”. Los describen como hombres desconocidos que recorren los caseríos, portando armas largas y usando prendas negras y botas militares.

“Se están moviendo por la vereda Las Guaguas, de Segovia. Y en Remedios están haciendo visitas a las veredas Campo Vijao, Caño Tigre, Plaza Nueva, Santa Martha, Cañaveral, El Porvenir, entre otras. Aun estando presente el Ejército ahí, han llegado hombres paramilitares a preguntar por dirigentes campesinos de Cahucopana y la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC)”.

Y, añadieron, esos hostigamientos obligan a que haya intervención inmediata de la institucionalidad. “Hemos interlocutado con la alcaldesa de Remedios, Lucía Carvajal, la última vez lo hicimos el 28 de abril, y hasta con los comandantes del BA8 (Batallón Plan Especial Energético Vial no. 8), en Segovia, y de la Séptima División del Ejército. Pero la situación sigue igual”.

También, dicen, han hecho “un llamado a la prudencia” a ese grupo para que no los agredan y respeten el DIH, “ya que el Ejército no está dando ningún resultado frente a eso”. Igualmente, esperan que la comisión tripartita que integra el Mecanismo de Monitoreo y Verificación “se pronuncie frente a esos hechos que ponen en riesgo tanto la Zona como a la población campesina y minera que está alrededor”.

Por ello, la organización permanece en asamblea permanente, estrategia que les ha permitido reunirse para analizar los riesgos que los acechan y fortalecer sus mecanismos comunitarios de autoprotección, que consisten en generar alertas tempranas, movilizar comisiones de verificación y organizar campamentos de refugio temporal humanitario.

Solicitan garantías para su seguridad

Carolina González, secretaria de Gobierno de Remedios, aseguró que su dependencia y la correspondiente a la Gobernación de Antioquia visitaron el martes la vereda Panamá Nueve para verificar la situación. A través de testimonios de los campesinos y líderes, constataron que efectivamente el negocio fue incinerado y parte de la red eléctrica del caserío, dañada.

Además, escucharon versiones de los pobladores sobre los hechos denunciados periódicamente por el equipo de Cahucopana, en atención a los cuales los gobiernos local y departamental ya activaron algunos mecanismos del plan de contingencia. Y, la próxima semana, analizarán la situación de riesgo en el Comité de Justicia Transicional, que se reunirá entre el lunes y el martes, y en el Consejo de Seguridad, el miércoles.

En este último espacio, en el que participarán la Alcaldía, la Gobernación, la Fuerza Pública y el Ministerio Público, cada institución presentará un reporte del conocimiento que tiene acerca de la situación, para contrastar informaciones y llegar a un consenso sobre la situación de derechos humanos y orden público en las veredas del área de influencia de la ZVTN de Carrizal.

Tal consenso, con conclusiones y recomendaciones, se reportará a través de una acta a la Gobernación de Antioquia, el Ministerio del Interior y al Ministerio Público; también se compartirá con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y se socializará con el Mecanismo de Monitoreo y Verificación “para que tenga implicaciones jurídicas y se activen todos los mecanismos de contingencia”, indicó la funcionaria.

Pero más allá de eso, “lo principal en este momento –porque, según dijo, así lo ha solicitado la Alcaldía– sería que el Gobierno Nacional, dado que Remedios está priorizado por los Acuerdos de Paz con las FARC, diera garantías de seguridad para toda la población; que ya no estén focalizadas solo para la Zona Veredal, sino para los habitantes de las 53 veredas, los dos corregimientos y el casco urbano”, anotó la Secretaria de Gobierno.

Con garantías se refiere a aumento de Fuerza Pública. Una medida apenas necesaria para un municipio donde, enfatizó, un batallón del Ejército y tres estaciones de Policía –sumados a las autoridades civiles– son insuficientes e incapaces de atender a más de 28.000 habitantes, distribuidos en 1.985 kilómetros cuadrados de terrenos aprovechables para la explotación aurífera y maderera.

Para González, si el Gobierno Nacional y el Ministerio del Interior tuvieran una lectura más completa del momento que atraviesa Remedios, coincidirían con la Administración Municipal en la necesidad de aumentar la capacidad de acción de la institucionalidad para proteger a la población civil, incluso a los funcionarios, en el actual momento de reacomodación de las relaciones de poder de los grupos armados.

En ese sentido, Esteban García, Personero de Remedios, afirmó que “en el último tiempo se ha visto una redistribución del poder de ciertos grupos armados al margen de la ley dentro del territorio. Y esa reorganización, esa nueva división del territorio, representa un riesgo para todos los habitantes”.

Visto en retrospectiva, las vulneraciones a los derechos humanos que ha denunciado el equipo de Cahucopana –las más recientes ya verificadas por las autoridades locales– corresponden con las que advertía el Informe de Riesgo 029 para Remedios; vulneraciones que, aun con la implementación de un plan de contingencia, se están presentando en las veredas del área de influencia de la Zona Veredal de Carrizal.

“El temor que existe en las comunidades es porque desde ya se oye vociferar que los paramilitares están esperando a que la guerrilla se concentre para venir a tomar el control de esta zona. Y entonces ¿quién nos va a garantizar la seguridad?, porque se sabe que el paramilitarismo ha sido una máquina de asesinatos, masacres; todo eso”.

Esa era la preocupación que expresaba en noviembre del año pasado Élmer Gaviria, presidente de la Junta de Acción Comunal de Carrizal. También la compartían los demás líderes comunitarios y defensores de derechos humanos de los caseríos ubicados en el área de influencia de la Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN) “Juan Carlos Castañeda” donde se encuentran los guerrilleros del Bloque Magdalena Medio de las FARC.

En ese momento, él y los demás presidentes de juntas tenían razones para inquietarse. Cuatro meses atrás, el 28 de julio de 2016, la Defensoría del Pueblo había emitido el Informe de Riesgo 029. Este alertaba sobre inminentes violaciones a los derechos humanos de las comunidades de Remedios y Segovia, producto de la disputa territorial entre paramilitares y guerrilleros.

Puntualmente, detallaba la contienda entre el Clan del Golfo y la autodenominada Nueva Generación por el control de la distribución y venta de alucinógenos y el pago de extorsiones en esa región. Y advertía sobre las acciones que la guerrilla del ELN, con el Frente José Antonio Galán, adelantaba para fortalecerse militar y territorialmente en el oriente de Remedios.

Desde entonces, las consecuencias sobre la población civil se han agravado. Así lo ha denunciado en el transcurso de este año, a través de comunicados y alertas tempranas, la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana). Parte de su equipo permanece en Carrizal y las veredas aledañas, donde acompañan a campesinos y mineros.

Según voceros de esa organización social, desde marzo se han registrado varios hostigamientos y violaciones a los derechos humanos en el área de influencia de la ZTVN. En el hecho más reciente, ocurrido el 7 de mayo en el caserío Mina Nueva de la vereda Panamá Nueve, paramilitares quemaron un negocio contra el cual ya habían atentado con un petardo el 5 de abril.

Además, agregaron los líderes sociales, los paramilitares han indagado por información sobre habitantes de ese sector (25 de abril) y han intimidado a una familia campesina entre las veredas Caño Tigre, Dos Quebradas y Camelias (6 de abril).

Cahucopana también reprochó la presunta ejecución extrajudicial del arriero y mototaxista Hernán Villa, ocurrida el 23 de marzo en la vereda Panamá Nueve durante un operativo del Ejército Nacional contra el ELN.

Eso se suma a las constantes amenazas y persecuciones a líderes defensores de derechos humanos, tanto en esas veredas como en el casco urbano de Remedios. Entre ellos, la organización destaca el caso de Ricaurte García, líder social de Cahucopana, por quien paramilitares estaría ofreciendo dinero a cambio de información sobre su paradero. Motivo por el cual tuvo que desplazarse junto con su familia en días pasados.

“Se están moviendo por las veredas”

Los voceros de la organización social aseguraron que a pesar de la presencia de al menos 300 miembros del Ejército y la Policía, quienes brindan seguridad en la ZVTN de Carrizal, “hay fuerte presencia paramilitar en las veredas cercanas, a escasas dos o tres horas”. Los describen como hombres desconocidos que recorren los caseríos, portando armas largas y usando prendas negras y botas militares.

“Se están moviendo por la vereda Las Guaguas, de Segovia. Y en Remedios están haciendo visitas a las veredas Campo Vijao, Caño Tigre, Plaza Nueva, Santa Martha, Cañaveral, El Porvenir, entre otras. Aun estando presente el Ejército ahí, han llegado hombres paramilitares a preguntar por dirigentes campesinos de Cahucopana y la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC)”.

Y, añadieron, esos hostigamientos obligan a que haya intervención inmediata de la institucionalidad. “Hemos interlocutado con la alcaldesa de Remedios, Lucía Carvajal, la última vez lo hicimos el 28 de abril, y hasta con los comandantes del BA8 (Batallón Plan Especial Energético Vial no. 8), en Segovia, y de la Séptima División del Ejército. Pero la situación sigue igual”.

También, dicen, han hecho “un llamado a la prudencia” a ese grupo para que no los agredan y respeten el DIH, “ya que el Ejército no está dando ningún resultado frente a eso”. Igualmente, esperan que la comisión tripartita que integra el Mecanismo de Monitoreo y Verificación “se pronuncie frente a esos hechos que ponen en riesgo tanto la Zona como a la población campesina y minera que está alrededor”.

Por ello, la organización permanece en asamblea permanente, estrategia que les ha permitido reunirse para analizar los riesgos que los acechan y fortalecer sus mecanismos comunitarios de autoprotección, que consisten en generar alertas tempranas, movilizar comisiones de verificación y organizar campamentos de refugio temporal humanitario.

Solicitan garantías para su seguridad

Carolina González, secretaria de Gobierno de Remedios, aseguró que su dependencia y la correspondiente a la Gobernación de Antioquia visitaron el martes la vereda Panamá Nueve para verificar la situación. A través de testimonios de los campesinos y líderes, constataron que efectivamente el negocio fue incinerado y parte de la red eléctrica del caserío, dañada.

Además, escucharon versiones de los pobladores sobre los hechos denunciados periódicamente por el equipo de Cahucopana, en atención a los cuales los gobiernos local y departamental ya activaron algunos mecanismos del plan de contingencia. Y, la próxima semana, analizarán la situación de riesgo en el Comité de Justicia Transicional, que se reunirá entre el lunes y el martes, y en el Consejo de Seguridad, el miércoles.

En este último espacio, en el que participarán la Alcaldía, la Gobernación, la Fuerza Pública y el Ministerio Público, cada institución presentará un reporte del conocimiento que tiene acerca de la situación, para contrastar informaciones y llegar a un consenso sobre la situación de derechos humanos y orden público en las veredas del área de influencia de la ZVTN de Carrizal.

Tal consenso, con conclusiones y recomendaciones, se reportará a través de una acta a la Gobernación de Antioquia, el Ministerio del Interior y al Ministerio Público; también se compartirá con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y se socializará con el Mecanismo de Monitoreo y Verificación “para que tenga implicaciones jurídicas y se activen todos los mecanismos de contingencia”, indicó la funcionaria.

Pero más allá de eso, “lo principal en este momento –porque, según dijo, así lo ha solicitado la Alcaldía– sería que el Gobierno Nacional, dado que Remedios está priorizado por los Acuerdos de Paz con las FARC, diera garantías de seguridad para toda la población; que ya no estén focalizadas solo para la Zona Veredal, sino para los habitantes de las 53 veredas, los dos corregimientos y el casco urbano”, anotó la Secretaria de Gobierno.

Con garantías se refiere a aumento de Fuerza Pública. Una medida apenas necesaria para un municipio donde, enfatizó, un batallón del Ejército y tres estaciones de Policía –sumados a las autoridades civiles– son insuficientes e incapaces de atender a más de 28.000 habitantes, distribuidos en 1.985 kilómetros cuadrados de terrenos aprovechables para la explotación aurífera y maderera.

Para González, si el Gobierno Nacional y el Ministerio del Interior tuvieran una lectura más completa del momento que atraviesa Remedios, coincidirían con la Administración Municipal en la necesidad de aumentar la capacidad de acción de la institucionalidad para proteger a la población civil, incluso a los funcionarios, en el actual momento de reacomodación de las relaciones de poder de los grupos armados.

En ese sentido, Esteban García, Personero de Remedios, afirmó que “en el último tiempo se ha visto una redistribución del poder de ciertos grupos armados al margen de la ley dentro del territorio. Y esa reorganización, esa nueva división del territorio, representa un riesgo para todos los habitantes”.

Visto en retrospectiva, las vulneraciones a los derechos humanos que ha denunciado el equipo de Cahucopana –las más recientes ya verificadas por las autoridades locales– corresponden con las que advertía el Informe de Riesgo 029 para Remedios; vulneraciones que, aun con la implementación de un plan de contingencia, se están presentando en las veredas del área de influencia de la Zona Veredal de Carrizal.