El contrato para construir la primera etapa del Parque de Artes y Oficios (PAO) de Bello, firmado en octubre de 2022 entre Edunorte e IDC Inversiones SAS, presenta retrasos, pagos anticipados sin soporte físico completo y una investigación penal contra el exrepresentante legal de la empresa contratista. La obra debía entregarse en diciembre de 2023, pero aún no se finaliza. El proyecto se ejecuta en Bello, Antioquia, y fue financiado con recursos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y la Alcaldía.
El contrato fue firmado el 11 de octubre de 2022 con un plazo inicial de 14 meses, sin superar el 30 de diciembre de 2023. Edunorte seleccionó como contratista a IDC Inversiones SAS y como interventor al Consorcio Edunorte 2022, tras una invitación abierta. El proyecto busca recuperar los antiguos Talleres del Ferrocarril mediante la intervención de 8.599 metros cuadrados. Incluye un teatro para 641 personas, salas digitales, bibliotecas, escuela de música, centro documental y un centro de innovación.
El valor del contrato de obra es de $76.475 millones, mientras que el proyecto total asciende a $80.243 millones, incluyendo $3.768 millones de interventoría. El AMVA aportó $60.000 millones y la Alcaldía, el resto. Para septiembre de 2024, se habían desembolsado $55.347 millones a IDC, es decir, el 72% del contrato de obra. Según el informe de supervisión del 1 al 30 de enero de 2025, el avance físico era del 77%.
Sin embargo, el contrato acumula siete prórrogas. La última extiende el plazo hasta el 16 de junio de 2025. Desde noviembre de 2024, el entonces secretario de Obras Públicas de Bello, Estefan Valencia, alertó sobre un posible incumplimiento de actividades. En una carta enviada a Edunorte el 21 de ese mes, expuso los atrasos detectados en comités de obra y la falta de claridad sobre los frentes activos. A esa fecha, faltaba una semana para terminar el contrato. Se prorrogó hasta el 15 de diciembre de 2024 y luego por seis meses más. Ya han pasado casi cuatro meses desde esa última prórroga. Los retrasos se han dado en medio de denuncias por deudas laborales y un ambiente de incertidumbre.
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El concejal Víctor Gálvez, del partido Centro Democrático, recibió en diciembre de 2023 quejas de 50 exempleados de IDC despedidos masivamente. Denunciaron retrasos en salarios, quincenas y prestaciones tras la terminación de los contratos. Esto motivó al concejal a revisar los documentos del contrato.
El exrepresentante legal de IDC, Juan Diego de Jesús Moreno Barón, fue imputado en abril de 2025 por peculado por apropiación en el caso Aguas Vivas, junto al exalcalde de Medellín Daniel Quintero y varios exfuncionarios.
Uno de los principales cuestionamientos es que se pagaron cerca de $11.400 millones por elementos no instalados o ejecutados por completo. Entre ellos, sillas para teatro, cubierta acústica, ascensor, gradería retráctil y mecanismos para el escenario.
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Según el informe de supervisión de enero, IDC argumentó que los retrasos obedecen a procesos de nacionalización en aduana y afirmó que ya se estaban adelantando los pendientes. No obstante, para el concejal Gálvez la evidencia física contradice esa versión.
Exempleados también confirmaron el poco movimiento en la obra. Aseguran que, por semanas, no había personal trabajando y que los nuevos contratados renunciaban pronto por falta de pago.
La Alcaldía actual reconoció los retrasos y afirmó que ha solicitado explicaciones formales a Edunorte y a IDC. Informó que revisa el convenio interadministrativo, y la obra no ha sido recibida ni será recibida hasta que cumpla los términos establecidos.