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La alcaldía de Medellín, a través de un comunicado, solicitó al Consejo Superior de la Judicatura tomar medidas ante el cierre del edificio Rodrigo Lara Bonilla donde opera el Tribunal Superior de Medellín.
El gobierno local mostró su preocupación por el cierre del ente judicial en el que trabajan alrededor de 200 personas que suspendieron sus operaciones desde al pasado 23 de septiembre, momento desde el que el Ministerio de Trabajo ordenó el cierre.
Por lo que la alcaldía pidió al consejo tomar medidas inmediatas para permitir la apertura del edificio Rodrigo Lara Bonilla lo más pronto posible, debido a que “el acceso a la justicia es un derecho fundamental de todos los ciudadanos y garantizar su funcionamiento es de vital importancia para la sociedad”.
El cierre ordenado por el Ministerio del Trabajo se cumplirá el próximo viernes 25 de septiembre, fecha en la que debe presentar el plan de restructuración que garantice la seguridad de los empleados del tribunal y quienes asisten a él.
El pasado 16 de septiembre, el juez 11 Laboral del Circuito ordenó acelerar las obras de adecuación con el fin respetar los derechos constitucionales a la vida, la integridad personal y el agua potable del Tribunal, de acuerdo con el fallo.