Ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, el Metro de Medellín demandó a la alcaldía de la ciudad por el incumplimiento en el pago de las obligaciones del Fondo de Estabilización Tarifaria con el sistema de buses integrados Metroplus. El alcalde Daniel Quintero aseguró que no solo pagará la deuda, sino que además garantizará más recursos para continuar su operación, pero depende de la aprobación de vigencias futuras para lograrlo.
Vamos por partes. Desde el 2011, la capital antioqueña tiene, además del metro, un sistema de buses de mediana capacidad llamado Metroplus, que opera similar al SITP en Bogotá. Es decir, que los usuarios pagan con tarjeta y acceden a los buses en estaciones predeterminadas, mientras que los operadores no reciben ganancias por pasajero sino por kilómetro recorrido, con lo que se buscaba acabar con la guerra del centavo.
En su momento, se entregó la operación de las líneas 1 y 2, así como de las pretroncales al Metro de Medellín, mientras que para las cuencas 3 y 6 se abrió una licitación, en la que fueron escogidos los operadores Masivo de Occidente y el Sistema Alimentador Oriental (SAO). Así mismo, para cubrir el diferencial entre la tarifa que pagan los pasajeros y la tarifa técnica, se estableció un Fondo de Estabilización Tarifaria, que asumía la alcaldía de Medellín.
Antes de pandemia, lo que cubría el FET era aproximadamente el 30 % de la tarifa técnica. En pandemia, durante las cuarentenas más estrictas, se llegó hasta el 50 %, y ahora se ha vuelto a índices similares a los que se tenían en 2019, según explica Carolina Leyva, gerente financiera del Metro.
“A la fecha, el Distrito le debe al Metro de Medellín más de $160.000 millones, de los cuales $76.000 aproximadamente le corresponden al Metro por la operación de las líneas 1 y 2, y el restante le corresponde a los dos concesionarios. El déficit es natural en estos sistemas de transporte y antes de la pandemia era de $60.000 millones, pero después se duplicó acá y en todas partes”, indicó María Clara Córdoba, secretaria general del Metro.
Primero fueron los retrasos en los pagos, por lo que la empresa Metro presentó más de 40 propuestas para solventar la deuda. Luego, vinieron los incumplimientos a los concesionarios, por lo que hace un año los operadores iniciaron un Tribunal de Arbitramento contra el Metro de Medellín. “Ya se surtieron todas las pruebas y el proceso entró a alegatos de conclusión. Nosotros creemos que entre enero y febrero se pueda dar un fallo. Es claro que habrá una condena, porque no se necesita muchas pruebas para demostrar que no se les ha pagado a los concesionarios”, resaltó Córdoba.
Por eso se tomó la decisión de poner la demanda. Aunque el Metro intentó vincular al Tribunal de Arbitramento a la Alcaldía de Medellín, la Cámara de Comercio no lo permitió debido a que en los procesos solo se involucra a los directos responsables de los contratos, que en este caso corresponde a los operadores y al Metro. Esto hizo que decidieran presentar la demanda por incumplimiento contractual.
Aunque la pretensión más importante es el pago de la remuneración por $161.000 millones, que se debe del Fondo de Estabilización Tarifaria a corte de octubre, también se pide que Medellín entregue los patios de los buses al Metro, para que estos se dé a los operadores, como se prometió en el contrato. Por último, incluyeron las costas y los perjuicios que se hayan causado, como por ejemplo los $2.000 millones que se han invertido en el Tribunal de Arbitramento.
Tras conocerse la demanda, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aceptó que tienen una deuda con el Metro y que la van a pagar. Además, indicó que se garantizarán los recursos del FET para los 7 años que restan del contrato con los dos operadores privados, para dar sostenibilidad al sistema de buses.
“Vamos a presentar las vigencias futuras por $500.000 millones para pagar la plata que le debe la ciudad al Metro por la operación de los buses, pero además, medio billón de pesos saldrán de los recursos de la ciudad para alimentar el sistema de buses que tienen subcontratados con empresas privadas”, dijo Quintero.
El proyecto para las vigencias futuras fue presentado el pasado viernes ante el Concejo de la ciudad y ya se citaron a sesiones extraordinarias, por lo que la promesa de Quintero depende de la aprobación que le den desde el cabildo. Mientras que en el Tribunal de Antioquia avanza la demanda, que si bien puede tardar más de 10 años en resolverse, es un seguro para recuperar parte del déficit del Metro de Medellín que este año superó los $750.000 millones.
“Para nosotros es un paso importante la radicación de este acuerdo. Esperamos que lo más seguro es que el Concejo lo apruebe, porque también está preocupado por la situación y también le corresponde garantizar la prestación del servicio público. Ahí estamos en conversaciones con el Distrito, porque los recursos que necesitamos para el 2022 y el 2023 tienen que complementarse y ajustarse”, dijo Córdoba.