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Un operativo contra las disidencias de las Farc, en Campamento (Antioquia), terminó con la retención de 55 uniformados del Ejército, por parte de la comunidad, que los transportó en chivas hasta el parque principal del municipio para entregarlos.
El hecho, que se registró durante el fin de semana, ha estado rodeado de declaraciones contradictorias del Ejército y de la comunidad sobre las motivaciones detrás de la retención que acompañaron alrededor de 200 personas de la vereda Montañita.
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En primera medida, el Batallón de Artillería de Campaña para el Combate Nº4 indicó que sus uniformados se encontraban desarrollando operaciones contra las disidencias de las Farc, pero aseguran que, coartados por el Frente 36, con control en la zona, los habitantes de la vereda les impidieron el paso.
“El comando de la Cuarta Brigada rechaza rotundamente estas actuaciones que obstaculizan la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. Así mismo, interpondrá las respectivas denuncias ante las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones”, aseguró el brigadier Juan Carlos Fajardo González, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército.
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Pero, en uno de los videos que se conoció en el momento en que intervino la comunidad, uno de los hombres que lidera la acción contra los uniformados señala que los sacan “no porque con ellos hayamos tenido alguna dificultad. [...] Lo que ha ocurrido es que desde la institución han pasado cosas que no nos permiten tener confianza con el hecho de que ellos estén aquí”.
Sobre estas afirmaciones, Jainober Jiménez, presidente de la JAL de La Montañita, puso como ejemplo a Blu Radio, el caso de un campesino a la que los uniformados entraron a la fuerza a su casa y le quitaron el radiofrecuencia con el que se comunicaba con sus vecinos, porque no tiene teléfono.
Líderes como Óscar Yedid Zapata señaló a El Colombiano que la desconfianza en la Fuerza Pública se puede ver en otros municipios como Tarazá y de Urabá y Bajo Cauca. “La gente siente que el Estado no soluciona los problemas y esto deja un espacio de poder que luego es captado por las organizaciones criminales. La legitimidad sí se gana por imposición del poder armado, pero aunque los ilegales tienen culpa, también la tiene el Estado, por omisión”.