Retornan familias desplazadas a veredas de Cáceres, Antioquia

Por posibles disputas territoriales entre dos facciones del Clan del Golfo y la presencia del ELN, cientos de personas que vivían en la zona rural del municipio de Cáceres, nordeste de Antioquia, abandonaron sus casas en las últimas semanas para buscar suerte en el casco urbano del municipio. Aunque estas amenazas se conocían desde el año pasado, solo el 22 de enero la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado sobre los desplazamientos masivos en el Bajo Cauca antioqueño y otras regiones del país.

El Espectador había informado que en solo cuatro días más de mil personas dejaron sus casas por el temor de quedar en medio del fuego cruzado entre el Clan del Golfo, el Eln y las disidencias de las Farc. De esa cifra, según la Gobernación de Antioquia, este fin de semana están regresando alrededor de 450 personas a una de las veredas afectadas, Anara, que se dirigen a los sectores de La Porcelana, La Raya, Astilleros, Bejuquillo, Corrales.

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Hasta el 22 de febrero se habían desplazado 1569 personas a la cabecera municipal. En las imágenes que compartió la Gobernación de Antioquia se aprecia a un grupo de personas acompañados por personal de la gobernación abordando un bus que los llevaría de regreso a su vereda.

Ituango, ubicado al norte de Antioquia, es otro municipio del departamento que está presentando problemas de desplazamiento forzado por enfrentamientos entre grupos armados ilegales. La cifra de personas afectadas es de 91 ituanguinos. Después de un Consejo de Seguridad entre la Gobernación, la Alcaldía del municipio y la fuerza pública, las autoridades anunciaron un plan estratégico para contrarrestar el desplazamiento y garantizar la seguridad de las elecciones parlamentarias del 11 de marzo.

Lea también: Comunidad de Ituango denuncia enfrentamientos entre gurpos armados ilegales

Este plan contempla retenes, control de establecimientos comerciales en las zonas más complicadas y, en caso de ser necesario, la medida del toque de queda. Una comisión de la Gobernación, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría estudiará si hay garantías para el retorno de estas personas a la zona rural del municipio. También esperan instalar internet en los sectores afectados.

Por posibles disputas territoriales entre dos facciones del Clan del Golfo y la presencia del ELN, cientos de personas que vivían en la zona rural del municipio de Cáceres, nordeste de Antioquia, abandonaron sus casas en las últimas semanas para buscar suerte en el casco urbano del municipio. Aunque estas amenazas se conocían desde el año pasado, solo el 22 de enero la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado sobre los desplazamientos masivos en el Bajo Cauca antioqueño y otras regiones del país.

El Espectador había informado que en solo cuatro días más de mil personas dejaron sus casas por el temor de quedar en medio del fuego cruzado entre el Clan del Golfo, el Eln y las disidencias de las Farc. De esa cifra, según la Gobernación de Antioquia, este fin de semana están regresando alrededor de 450 personas a una de las veredas afectadas, Anara, que se dirigen a los sectores de La Porcelana, La Raya, Astilleros, Bejuquillo, Corrales.

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Hasta el 22 de febrero se habían desplazado 1569 personas a la cabecera municipal. En las imágenes que compartió la Gobernación de Antioquia se aprecia a un grupo de personas acompañados por personal de la gobernación abordando un bus que los llevaría de regreso a su vereda.

Ituango, ubicado al norte de Antioquia, es otro municipio del departamento que está presentando problemas de desplazamiento forzado por enfrentamientos entre grupos armados ilegales. La cifra de personas afectadas es de 91 ituanguinos. Después de un Consejo de Seguridad entre la Gobernación, la Alcaldía del municipio y la fuerza pública, las autoridades anunciaron un plan estratégico para contrarrestar el desplazamiento y garantizar la seguridad de las elecciones parlamentarias del 11 de marzo.

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Este plan contempla retenes, control de establecimientos comerciales en las zonas más complicadas y, en caso de ser necesario, la medida del toque de queda. Una comisión de la Gobernación, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría estudiará si hay garantías para el retorno de estas personas a la zona rural del municipio. También esperan instalar internet en los sectores afectados.