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Continúa la discusión por la tasa de seguridad que aprobó la Asamblea de Antioquia y que se cobraría a los estratos 4, 5 y 6, así como a grandes comercios, para obtener recursos que se invertirían en la seguridad del departamento. Además de advertir que en el cobro no se haría a través del recibo de EMP, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, volvió a referirse al tema, pero esta vez señaló que el impuesto no lo requeriría la ciudad.
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“Esto jamás se habló en campaña tampoco, entonces yo también digo que mantengamos lo que se habló. Ahora bien, yo qué le he dicho, gobernador: esos recursos, si usted pretendía recoger para el tema de Medellín y área metropolitana, no los necesitamos. ¿Por qué? Porque ya de Medellín pusimos los recursos de 1,3 billones de pesos para la seguridad de estos cuatro años, para fortalecimiento de organismos de seguridad”, indico el alcalde de la ciudad.
Los 1,3 billones a los que se refiere Gutiérrez son los que comprometió invertir en la ciudad en el plan de desarrollo de sus cuatro años de gobierno, así mismo, Fico ha justificado que desde el Área Metropolitana se plantean invertir $150.000 millones para instalar cámaras en 10 municipios de la región.
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Ante el tire y afloje que ha desatado la tasa de seguridad, ambos mandatarios han asegurado que pese a las posiciones contrarias, no hay divisiones entre los dos. “Claro que tengo planeado reunirme con él (...), con el gobernador en lo personal hay una muy buena relación. Aquí hay mucha gente tratando de decir, no, pelearon el gobernador y el alcalde. No, eso no ha pasado ni va a pasar”, aseguró Gutiérrez.
Por lo pronto se han mantenido las críticas al impuesto, así como desde diferentes sectores se anunciaron acciones al considerar que la Asamblea no tiene la potestad para crear una nueva tasa. De igual forma, se espera que la gobernación dé a conocer la forma en la que se hará el cobro, debido a que EPM señaló que no lo incluiría en su factura.
¿En qué consiste el impuesto de seguridad en Antioquia?
La asamblea de Antioquia le aprobó al gobernador Andrés Julián Rendón un proyecto de ordenanza que ya le habían hundido en julio pasado. Se trata de la aplicación de una tasa adicional, para los estratos 4, 5 y 6, así como a grandes establecimientos comerciales, en el recibo de energía que cobra EMP. El impuesto se cobraría entre 2025 y 2027, para recaudar alrededor de $1,2 billones, que se invertirían en seguridad.
Según el mandatario, lo que se busca con este dinero es atender problemas en seguridad, por lo que la mitad del dinero se iría en la adquisición de nuevas cámaras en calle; el mejoramiento de placas deportivas en los municipios, como mecanismo de prevención de delitos; nueva dotación al Ejército y la Policía, con nuevos radios y vehículos, entre otras cosas. Entre las proyecciones también se incluye la construcción de una cárcel departamental y el mejoramiento de estaciones de Policía y otras estructuras de la Fuerza Pública.