Temor en Blanquicet y Macondo

El rumor de una posible masacre en los corregimientos de Blanquicet y Macondo, comenzó a escucharse este miércoles. En la vereda La Eugenia (Turbo, Antioquia), los habitantes que retornaron hace apenas dos meses, están alertados con la posible incursión. “Según nos dicen, están planeando la masacre para obligarnos a salir otra vez de las fincas, porque estamos reclamando lo que es de nosotros, lo que nos habían quitado desde 1996 los paramilitares” dijo a El Espectador uno de los campesinos de la zona.

El comandante policía Urabá, coronel Víctor Ángel Gutiérrez Ortega, informó que buscará una reunión con la comunidad para analizar la situación.”Tenemos que hacer una visita al lugar y en compañía del ejército, evaluar los detalles y las circunstancias de la amenaza, para adoptar las medidas necesarias para brindarles seguridad a los campesinos. Hay que mirar qué grupos armados hay allí”. 

La historia de Banquicet y Macondo se remonta a 1996, en ese año un paramilitar conocido como Lázaro o ‘Mono Pecas’, desplazó a esta comunidad, 94 familias en total. “En diciembre de 1996 llegó un grupo de 15 ó 20 paramilitares a la vereda las Guacamayas. El que los mandaba era un tipo conocido como el chivo, pero el comandante de la zona era ´Mono Pecas’. Ellos amenazaron a las 15 familias que vivíamos en la vereda y nos obligaron a venderles a 200 mil pesos la hectárea cuando valía un millón 500 mil. Los que llegaron a negociar eran Jairo Lopera, a nombre de Juan Díaz y Luis Alberto Vallejo”, relata otro campesino.

En versión libre entre el 23 y el 25 de julio de 2008, Raúl Hazbún, alias Pedro Bonito,  comandante del Bloque Bananero, reconoció que ‘Mono Pecas’, trabajaba para él, al igual que alias ‘55’ y ‘Palillo’, quienes también están involucrados en los hechos, y eran los responsables de manejar las tierras de Vicente Castaño en la región.

El 14 de agosto de 2008, en versión libre ante el fiscal 17 de Justicia y Paz,  Ever  Veloza alias HH, también comandante del Bloque Bananero, reveló una carta en la cual Carlos Castaño le escribe a su hermano Vicente haciendo relación de las 70 a 100 mil hectáreas apropiadas por este último para proyectos palmicultores con empresarios  y bananeros en la zona de la carretera panamericana hasta Bajirá, sector donde está ubicado Blanquicet.

Otro caso que estudia la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación para tratar de devolver las tierras, es el de la asociación campesina Cootragloban. En 2001, su representante legal fue llevado amarrado a una escuela en donde reunieron a los campesinos y los obligaron a vender. Hasta allí los paramilitares llevaron al notario de Carepa de la época Hernán Jaime Arango, quien hizo los documentos. El 16 de marzo de 2005 ante la Fiscalía 119 de Turbo, el funcionario aseguró que fue obligado a realizar dichas diligencias y que su esposa había sido asesinada en 2003. La justicia lo absolvió.

Para estas familias reclamar sus tierras no ha sido fácil, pues Cantero ha interpuesto demandas de lanzamiento contra ellos, reclamando sus derechos como poseedor. Es el caso de Juan Jiménez Vertel, quien desde 1987 figuraba como dueño de su predio, él fue desplazado en 1996 y años después decidió regresar, Cantero le inició el proceso de lanzamiento y el 4 de noviembre de 2008, el juzgado civil del circuito de Apartadó le dio la razón concediéndole el derecho de poseedor que Cantero alega tener (amparado en  testigos como Fabián Darley Roldan, quien paradójicamente tiene vigente desde hace tres años orden de captura y aparece vinculado al proceso por despojar de su tierras a 44 familias del corregimiento las Tulapas). Jiménez volvió a demandar y fue asesinado mientras se adelantaba el proceso. Su familia se desplazó de nuevo.

Don José María Calle, el campesino de 64 años que decidió regresar a su tierra junto a las otras seis familias, está en la misma situación. Cantero lo demandó en julio de 2007, reclamando sus tierras como poseedor. Los abogados de la Comisión Colombiana de Juristas que llevan el caso, también han sido amenazados.