El Tribunal Administrativo de Antioquia sancionó a la Alcaldía de Medellín y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y multó al alcalde, Federico Gutiérrez, y al exdirector regional, Jorge Iván Montoya Vélez, por incumplir un fallo judicial de 2022. La sanción, impuesta el 10 de abril, incluye una multa de tres salarios mínimos mensuales. El fallo ordenaba formular un plan integral para intervenir la crisis de habitantes de calle en la carrera Cúcuta, en el centro de Medellín.
La situación se originó el 29 de agosto de 2018, cuando un operativo del Municipio y la Policía desalojó a más de 500 personas en situación de calle de un asentamiento en la Avenida de Greiff. Aunque capturaron a un líder criminal y comenzaron procesos de extinción de dominio sobre 34 inmuebles avaluados en $12.000 millones, los desalojados se desplazaron hacia el barrio Estación Villa y formaron un nuevo asentamiento entre las calles Juanambú y La Paz, sobre la carrera Cúcuta.
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Comerciantes de la zona denunciaron amenazas, quiebra de negocios y aumento en la inseguridad. Ante la falta de soluciones, interpusieron una acción popular. Un juzgado ordenó medidas cautelares y, en mayo de 2022, el Tribunal Administrativo falló a favor de los demandantes, exigiendo a la Alcaldía, al Icbf, a la Policía, la Fiscalía y Emvarias una intervención conjunta.
En respuesta a una nueva acción por desacato, el tribunal solicitó informes a las entidades involucradas. La Policía y la Fiscalía entregaron reportes de operativos y procesos judiciales en el barrio Estación Villa. La Fiscalía registró 407 noticias criminales en esa zona hasta el 6 de diciembre de 2024.
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La Alcaldía aseguró haber realizado 4.682 intervenciones y atendido a 1.437 personas hasta el 6 de marzo de 2025. El 20 de enero ejecutó un operativo para desmontar cambuches y derivar a 128 personas a la oferta institucional. El Icbf reportó 46 intervenciones entre junio y agosto de 2024, enfocadas en la protección de menores de edad.
Sin embargo, el tribunal concluyó que no hubo articulación entre las instituciones. Aunque varias expresaron intención de trabajar juntas, no se presentó evidencia de reuniones ni de un plan conjunto liderado por la Alcaldía.
“Brilla por su ausencia la participación de las demás entidades accionadas, lo que reitera la omisión por parte del ente territorial de liderar el plan focalizado... no obra en el expediente constancia de que este haya procurado una integración entre estas entidades para actuar de manera conjunta y así abordar de manera integral la problemática”, concluyó el fallo.
La Alcaldía señaló que evalúa la decisión para definir si interpondrá recursos legales.