La llegada a Vigía del Fuerte, un municipio de Antioquia que cuenta con 7.446 habitantes (91% de la población es afrodescendiente, 6% indígena y 3% mestiza), sorprende. En los 40 minutos de viaje en la única avioneta que llega al lugar, conducida por un hombre que no aparenta experiencia en el pilotaje de aeronaves sino más bien parece el conductor de un bus de transporte urbano, solamente se ven las copas de los árboles de forma esférica, algunos terrenos cuadrados que evidencian la tala y ríos de tonos cafés que sepertean en la selva. Quince minutos después del despegue se pasa por Urrao, municipio donde nació el pedalista Rigoberto Urán, pero también donde fue asesinado el gobernador Guillermo Gaviria en 2003.
Es fácil saber cuando está próximo el aterrizaje pues se ve el río Atrato, y en su orilla un pequeño pueblo en medio de la selva. El casco urbano de Vigía del Fuerte es tan fácil de recorrer con la vista desde el aire como caminando. Apenas una calle lo cruza, una calle para caminar porque allí, como las únicas vías de acceso son el río y el cielo, no hay carros. Sólo unas cuantas motos transitan por el pueblo.
Mientras los visitantes se permiten conocer la alegría y las costumbres que caracterizan a la comunidad afro, el recuerdo de los años de violencia en la zona avergüenzan hasta al más indiferente de los visitantes. Desconcierta que una fuente hídrica como el Atrato, que nace en la cordillera Occidental y que por los altos niveles de pluviosidad de la región Pacífica —en donde puede llover hasta 300 días al año— se convierte en uno de los más caudalosos del país, haya sido escenario de un derrame de sangre tan descomunal.
La otra referencia del municipio antioqueño es la de ser vecino del chocoano Bojayá, donde una confrontación entre ‘paras’ y guerrilleros, el 2 de mayo de 2002, se convirtió en una de las páginas más dolorosas de la historia de más de medio siglo de violencia en Colombia: ese día, un cilindro bomba lanzado por subversivos de las Farc impactó la iglesia del pueblo, que albergaba a cerca de 150 personas, y dejó 79 víctimas mortales, entre las que había 48 menores de edad y tres bebés, dos fallecidos en el vientre materno y otro que nació y murió en medio de los hechos, como se lee en el informe Bojayá: la guerra sin límites, del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión de Reparación y Reconciliación.
Este crimen, que indignó a los colombianos y provocó el rechazo de las comunidades nacional e internacional, tenía un antecedente muy cercano de la atroz guerra: el 25 de marzo de 2000, en Vigia del Fuerte, los enfrentamientos armados entre grupos ilegales que empezaban a disputarse el control de ese territorio dejaron 22 policías y nueve civiles muertos. Era el anuncio de la gran tragedia humana que se presentaría dos años después al otro lado del río.
Hoy, 12 años más tarde, aunque la situación de seguridad dista mucho de la del año 2000, el miedo y la desconfianza están enquistados en la población. Ahora, las manifestaciones de alegría se notan atravesadas por los recuerdos dolorosos.
Si bien es prematuro hablar de un nuevo Vigía del Fuerte —pues el municipio no cuenta con red de fluido eléctrico, el acceso al servicio del agua es limitado, el 25% de la población es desplazada y está en una zona del país en la que un niño tiene el doble de posibilidades de morir en comparación con otros menores en Colombia—, la Gobernación de Antioquia inauguró el primer parque educativo del departamento, que brinda acceso a actividades deportivas, académicas y tecnológicas, un avance significativo para un lugar que estaba condenado al olvido estatal.
“La ingobernabilidad de esta zona ha sido muy dura. Somos una zona de frontera, de nadie. En Antioquia uno dice: ‘Vivo en Vigía del Fuerte’, y responden: ‘¿Dónde es Vigía? ¿Chocó?’”, asegura Gloria Inés González Cardona, misionera de la Madre Laura y directora de la Institución Educativa Embera, a propósito de la problemática que supone la ubicación geográfica del municipio en el desarrollo de proyectos educativos y económicos.
En el parque educativo Parques Ancestrales, el multideportivo, la Institución Educativa Embera y la Plaza de las Sombras se invirtieron $26.000 millones. Las principales dificultades para el desarrollo de la obra tienen que ver con las características del suelo, el traslado de materiales y, una vez más, la presencia de grupos ilegales.
“Construir una obra en Vigía del Fuerte, donde las dos vías de acceso son por avioneta desde Medellín o por lancha desde Quibdó o Turbo, es complicado por la traída de los materiales, que lo hace más costoso. Hubo problemas asociados con la seguridad, que impactaron el valor final de la obra”, dice el gobernador, Sergio Fajardo.
En este municipio, en el que cerca de 365 estudiantes (de 7.446 habitantes) cursan noveno, décimo y once de bachillerato, es de vital importancia que los jóvenes tengan posibilidades de formación y de empleo, un derecho que, aunque parezca extraño, las minorías étnicas en pleno siglo XXI siguen exigiéndole al Estado y al gobierno colombiano, como quedó demostrado en el más reciente foro “Igualdad 2014-2018”, que a instancias de El Espectador y la Fundación Color de Colombia permitió a los afros plantearles, una vez más, a los candidatos presidenciales las necesidades que requieren soluciones inmediatas.
“Colombia se olvida de los indígenas, pero los indígenas no se han olvidado de Colombia. Siempre están presentes manifestándose. Puede que una gran cantidad de personas se hayan olvidado de ellos, pero hay una minoría que se hace presente para no ser excluida”, señala González Cardona.
Esta iniciativa del gobernador Fajardo se replicará en 80 municipios que tendrán a más tardar en junio de 2015 sus parques educativos (con arquitecturas basadas en las cosmovisiones de las comunidades que los habiten), según explicó el mandatario, y tiene por objeto fortalecer el tejido social deshecho por la violencia y la negligencia de gobiernos que escasamente aparecen en época electoral.
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@oscarguesguan
* Invitación de la Gobernación de Antioquia.