Nordeste de Antioquia: ¿al borde de una crisis humanitaria?
La Fundación Sumapaz le pidió al Gobierno Nacional activar la alerta temprana ante el inminente riesgo de violación a los derechos humanos de líderes y lideresas sociales. La Policía de Antioquia realizó una formulación estratégica de seguridad con la finalidad de disuadir y desmantelar el accionar de los Grupos Armados Organizados (GAO).
Los 10 municipios del nordeste antioqueño (ver mapa, abajo) estarían ad portas de afrontar una crisis humanitaria si las autoridades locales y nacionales no actúan para frenar el avance de los grupos paramilitares, guerrilleros y disidencias de la Farc en esa región.
(Lo invitamos a leer: ¿Cuántos muertos más necesitamos?: alcalde de Quibdó (Chocó))
Así lo advierte la Fundación Sumapaz, una asociación civil fundada en 1998, que el pasado 11 de febrero le envió una carta al presidente Iván Duque, al comandante general de las Fuerzas Militares y al director de la Policía Nacional, entre otros destinatarios, para solicitarles la “activación de una alerta temprana ante el inminente riesgo de violación a los derechos humanos a líderes, lideresas sociales y comunidades del nordeste antioqueño”.
La fundación asegura que los vacíos dejados por el Estado colombiano y el incumplimiento del Acuerdo de Paz con las Farc-Ep intensificaron el avance de los mencionados grupos ilegales que buscan controlar una zona estratégica, con amplios corredores hacia el Bajo Cauca, sur de Bolívar, Magdalena Medio, norte de Antioquia, Valle de Aburrá y oriente de Antioquia, y desde estos sitios hacia otras zonas del país.
Esa zona del departamento de Antioquia posee una riqueza en recursos naturales como el oro, que determina dinámicas económicas legales e ilegales, unos de los principales factores que influyen en las constantes disputas territoriales y en los enfrenamientos por la extracción de minerales preciosos que deja expuesta a la población civil frente al accionar de los grupos armados ilegales.
La Oficina de Asuntos Humanitarios (Ocha), según la misiva, ha registrado 60 eventos de violencia durante 2021, provocados por los diversos actores armados, en los que la población civil tiene graves afectaciones en sus derechos humanos, vida e integridad.
“Se presentaron 25 homicidios intencionales en persona protegida, dos masacres, dos ataques a la infraestructura militar, nueve casos de amenazas individuales y colectivas, dos casos de explosión de artefactos explosivos, tres combates con interposición de la población civil y dos casos de impacto humanitario por erradicación forzada”, relata la fundación.
Según las cifras de Estadística Criminal de la Policía Nacional y el DANE, en el nordeste antioqueño se registraron 86 homicidios en 2020, mientras en 2021 ese índice reportó 113 casos, lo que se traduce en un escandaloso aumento del 76 %.
Un líder social, que pidió la reserva de identidad por asuntos de seguridad, le comentó a El Espectador que “el tema de homicidios, principalmente en Remedios y Segovia, viene en una escalada inquietante, pero lo que más nos preocupa es el fortalecimiento de grupos paramilitares como el Clan del Golfo, la oficina del Valle de Aburrá y la presencia del Eln y de las disidencias de la Gentil Duarte. Aquí, en cualquier momento, puede estallar una crisis humanitaria”.
Incluso, algunos habitantes advirtieron el pasado 28 de febrero de la presencia de un retén paramilitar en una vereda del municipio de Remedios.
En lo que va de este año, la Oficina de Asuntos Humanitarios (Ocha) ha reportado una masacre en el municipio de Santo Domingo, combates en Remedios, amenazas en los municipios de Remedios, Segovia y San Roque, así como una incursión armada en la vereda Carrizal.
A ese complicado panorama de suma el incumplimiento generalizado a campesinos y campesinas vinculados al Programa Nacional de Sustitución Voluntaria de Uso Ilícito (PNIS) y los Proyectos de Desarrollo con Enfoque Territorial prometidos a estas comunidades, lo cual ha desencadenado la resiembra de cultivos de uso ilícito.
La Defensoría del Pueblo, a través de la Alerta Temprana 52 de 2018, advirtió que están en riesgo aproximadamente 31.333 habitantes del municipio de Remedios y 41.711 de Segovia, que corresponden a los habitantes según las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) para el año 2018.
“Entre la población sobre la que recae un mayor nivel de riesgo se encuentran los hombres y mujeres entre 25 y 64 años, quienes por lo general asumen los roles de liderazgo en las juntas de acción comunal. Grupo etáreo (sic) que sumaría 14.201 personas en el municipio de Remedios y 15.954 en Segovia. Asimismo, están en riesgo los jóvenes entre los 15 y 24 años, dado el interés de los grupos armados ilegales en proceso expansivo de vincularlos, reclutarlos y/o utilizarlos. Población que para el municipio de Remedios asciende a 5.497 y en Segovia a 7.650 jóvenes. La población que desempeña oficios asociados a la actividad minera artesanal e informal presenta también riesgo particular, debido a los constantes señalamientos, estigmatizaciones y extorsiones de las cuales son objeto por parte de los grupos armados ilegales presentes en los municipios de Remedios y Segovia”, señala un aparte del documento.
Respuesta de la Policía
Casi dos meses después de radicada la petición de la Fundación Sumapaz, el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Daniel Horacio Mazo Cardona, respondió a la solicitud de activación de una alerta temprana en el nordeste antioqueño, relacionando los avances en los mecanismos de actuación policial implementados para la atención y el acompañamiento a la población en situación de vulnerabilidad, realizados en la vigencia 2021.
Entre ellos: que hubo 1.154 capturas por todos los delitos; 275 capturas por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; 49 capturas por homicidio, y 98 aprehensiones por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros.
Añadió que en 2021 se dio cumplimiento a la Matriz Operación Integrada (Mored), mediante la ejecución de seis operaciones de inteligencia que afectaron la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, del Clan del Golfo, dedicada a concierto para delinquir con fines de secuestro, desaparición forzada y extorsión en el municipio de Segovia.
Esa operación, señala el documento, también afectó al grupo armado Libertadores del nordeste, dedicado a la extorsión de gremios del comercio, minero y ganadero de la región del nordeste antioqueño, especialmente en los municipios de Segovia, Remedios y Vegachí.
Además, menciona que desarticularon la “Red sicarial Segovia”, dedicada a homicidios selectivos en este municipio.
Finalmente, la respuesta resalta que para el presente año, a través de la Mored, la Policía de Antioquia realizó una formulación estratégica de seguridad con la finalidad de disuadir y desmantelar el accionar de los Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos de Delincuencia Común Organizada (GDCO), que vienen afectando la seguridad y convivencia en los municipios del nordeste antioqueño.
Los 10 municipios del nordeste antioqueño (ver mapa, abajo) estarían ad portas de afrontar una crisis humanitaria si las autoridades locales y nacionales no actúan para frenar el avance de los grupos paramilitares, guerrilleros y disidencias de la Farc en esa región.
(Lo invitamos a leer: ¿Cuántos muertos más necesitamos?: alcalde de Quibdó (Chocó))
Así lo advierte la Fundación Sumapaz, una asociación civil fundada en 1998, que el pasado 11 de febrero le envió una carta al presidente Iván Duque, al comandante general de las Fuerzas Militares y al director de la Policía Nacional, entre otros destinatarios, para solicitarles la “activación de una alerta temprana ante el inminente riesgo de violación a los derechos humanos a líderes, lideresas sociales y comunidades del nordeste antioqueño”.
La fundación asegura que los vacíos dejados por el Estado colombiano y el incumplimiento del Acuerdo de Paz con las Farc-Ep intensificaron el avance de los mencionados grupos ilegales que buscan controlar una zona estratégica, con amplios corredores hacia el Bajo Cauca, sur de Bolívar, Magdalena Medio, norte de Antioquia, Valle de Aburrá y oriente de Antioquia, y desde estos sitios hacia otras zonas del país.
Esa zona del departamento de Antioquia posee una riqueza en recursos naturales como el oro, que determina dinámicas económicas legales e ilegales, unos de los principales factores que influyen en las constantes disputas territoriales y en los enfrenamientos por la extracción de minerales preciosos que deja expuesta a la población civil frente al accionar de los grupos armados ilegales.
La Oficina de Asuntos Humanitarios (Ocha), según la misiva, ha registrado 60 eventos de violencia durante 2021, provocados por los diversos actores armados, en los que la población civil tiene graves afectaciones en sus derechos humanos, vida e integridad.
“Se presentaron 25 homicidios intencionales en persona protegida, dos masacres, dos ataques a la infraestructura militar, nueve casos de amenazas individuales y colectivas, dos casos de explosión de artefactos explosivos, tres combates con interposición de la población civil y dos casos de impacto humanitario por erradicación forzada”, relata la fundación.
Según las cifras de Estadística Criminal de la Policía Nacional y el DANE, en el nordeste antioqueño se registraron 86 homicidios en 2020, mientras en 2021 ese índice reportó 113 casos, lo que se traduce en un escandaloso aumento del 76 %.
Un líder social, que pidió la reserva de identidad por asuntos de seguridad, le comentó a El Espectador que “el tema de homicidios, principalmente en Remedios y Segovia, viene en una escalada inquietante, pero lo que más nos preocupa es el fortalecimiento de grupos paramilitares como el Clan del Golfo, la oficina del Valle de Aburrá y la presencia del Eln y de las disidencias de la Gentil Duarte. Aquí, en cualquier momento, puede estallar una crisis humanitaria”.
Incluso, algunos habitantes advirtieron el pasado 28 de febrero de la presencia de un retén paramilitar en una vereda del municipio de Remedios.
En lo que va de este año, la Oficina de Asuntos Humanitarios (Ocha) ha reportado una masacre en el municipio de Santo Domingo, combates en Remedios, amenazas en los municipios de Remedios, Segovia y San Roque, así como una incursión armada en la vereda Carrizal.
A ese complicado panorama de suma el incumplimiento generalizado a campesinos y campesinas vinculados al Programa Nacional de Sustitución Voluntaria de Uso Ilícito (PNIS) y los Proyectos de Desarrollo con Enfoque Territorial prometidos a estas comunidades, lo cual ha desencadenado la resiembra de cultivos de uso ilícito.
La Defensoría del Pueblo, a través de la Alerta Temprana 52 de 2018, advirtió que están en riesgo aproximadamente 31.333 habitantes del municipio de Remedios y 41.711 de Segovia, que corresponden a los habitantes según las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) para el año 2018.
“Entre la población sobre la que recae un mayor nivel de riesgo se encuentran los hombres y mujeres entre 25 y 64 años, quienes por lo general asumen los roles de liderazgo en las juntas de acción comunal. Grupo etáreo (sic) que sumaría 14.201 personas en el municipio de Remedios y 15.954 en Segovia. Asimismo, están en riesgo los jóvenes entre los 15 y 24 años, dado el interés de los grupos armados ilegales en proceso expansivo de vincularlos, reclutarlos y/o utilizarlos. Población que para el municipio de Remedios asciende a 5.497 y en Segovia a 7.650 jóvenes. La población que desempeña oficios asociados a la actividad minera artesanal e informal presenta también riesgo particular, debido a los constantes señalamientos, estigmatizaciones y extorsiones de las cuales son objeto por parte de los grupos armados ilegales presentes en los municipios de Remedios y Segovia”, señala un aparte del documento.
Respuesta de la Policía
Casi dos meses después de radicada la petición de la Fundación Sumapaz, el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Daniel Horacio Mazo Cardona, respondió a la solicitud de activación de una alerta temprana en el nordeste antioqueño, relacionando los avances en los mecanismos de actuación policial implementados para la atención y el acompañamiento a la población en situación de vulnerabilidad, realizados en la vigencia 2021.
Entre ellos: que hubo 1.154 capturas por todos los delitos; 275 capturas por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; 49 capturas por homicidio, y 98 aprehensiones por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros.
Añadió que en 2021 se dio cumplimiento a la Matriz Operación Integrada (Mored), mediante la ejecución de seis operaciones de inteligencia que afectaron la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, del Clan del Golfo, dedicada a concierto para delinquir con fines de secuestro, desaparición forzada y extorsión en el municipio de Segovia.
Esa operación, señala el documento, también afectó al grupo armado Libertadores del nordeste, dedicado a la extorsión de gremios del comercio, minero y ganadero de la región del nordeste antioqueño, especialmente en los municipios de Segovia, Remedios y Vegachí.
Además, menciona que desarticularon la “Red sicarial Segovia”, dedicada a homicidios selectivos en este municipio.
Finalmente, la respuesta resalta que para el presente año, a través de la Mored, la Policía de Antioquia realizó una formulación estratégica de seguridad con la finalidad de disuadir y desmantelar el accionar de los Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos de Delincuencia Común Organizada (GDCO), que vienen afectando la seguridad y convivencia en los municipios del nordeste antioqueño.