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La aproximación actual a las realidades locales requiere reconocer los esfuerzos por informar de nuevos actores del ecosistema como los influencers comunitarios, productores de contenido empíricos y periodistas ciudadanos que han surgido en los últimos años. El estudio se centró en 34 municipios intermedios —incluidas ciudades capitales— con ubicación estratégica en fronteras, áreas metropolitanas o importantes corredores viales. Se hicieron 117 entrevistas y se aplicaron 164 encuestas a periodistas y trabajadores de medios, para examinar las condiciones del periodismo en cinco dimensiones: seguridad, economía, presiones políticas, infraestructura y salud del ecosistema mediático.
Los hallazgos muestran un periodismo acorralado en múltiples frentes: la inseguridad es uno de los obstáculos más persistentes, la dependencia de la pauta oficial condiciona las agendas e incluso la supervivencia de los medios, y la conectividad es deficiente en la mayoría de los territorios. Pero el periodismo persiste. En lugar de un vacío absoluto, lo que hay es un ecosistema en tensión, donde informar sigue siendo un acto de valentía y tozudez, pero también de ingenio y creatividad ante muchos factores adversos.
Del miedo al silencio
La violencia contra la prensa en Colombia se ha intensificado en los últimos años, marcada por la acción de los grupos armados. La consecuencia inmediata es la autocensura, descrita por un periodista en Santander de Quilichao como “un periodismo de mordaza, donde todos tenemos temor, todos tenemos miedo”.
En 2024, la FLIP documentó 536 agresiones contra la prensa, entre ellas, tres asesinatos de periodistas, 222 amenazas, 20 desplazamientos forzados y cuatro exilios, lo que hizo de este año el más violento contra la prensa en la última década. Este año, con corte al 25 de septiembre, van 347 agresiones. La encuesta que se aplicó en estainvestigación muestra que 24 % de los medios recibió amenazas directas y otro 41 % evita ciertos temas por miedo, lo que significa que el 65 % de los encuestados trabajo bajo presión o silenciamiento. Además, solo el 38 % de los medios afirmó no haber sufrido agresiones en el último año. Entre quienes sí, las amenazas directas y la estigmatización fueron las más comunes (34 %). Les siguen la obstrucción al trabajo periodístico (31 %) y las afectaciones digitales, por ciberataques y bloqueos arbitrarios en plataformas (23 %).
Aunque con menos frecuentes, las violencias más graves también están presentes: agresiones físicas (4 %), desplazamiento forzado (4 %) y tentativas de homicidio (2 %). De hecho, en julio de 2025, el periodista Gustavo Chicangana, de Guaviare, sobrevivió a un atentado atribuido a las disidencias de las FARC. Y es que la presencia de actores armados configura la imposición del silencio. “Estamos conviviendo en medio del conflictomás grande que tiene este país y... aquí no hay seguridad para nadie”, explica Efraín Jiménez, de la emisora Ecos del Caguán. La situación se repite en todo el país: un periodismo acostumbrado a la presencia armada evidente o en la sombra que convive con el riesgo y lo entiende como parte de su oficio.
La trampa de la pauta
La crisis económica en el periodismo se ha profundizado. El 75 % de los proyectos respondió a la encuesta que los ingresos percibidos no son suficientes para cubrir los costos de operación. Solo el 9 % afirmó lo contrario. Las fuentes de financiamiento más comunes son la publicidad (73 %), los recursos propios (62 %) y la pauta oficial (42 %). El resto se sostiene con ventas de productos o servicios (15 %), donaciones (10 %) o suscripciones (1 %).
Esta fragilidad convierte a los medios en presa fácil de los poderes políticos. La publicidad oficial, utilizada para cooptar las agendas editoriales, como si se tratara de un subsidio arbitrario, normaliza el silencio y compra lealtades. “Con las entidades públicas es complicado porque cuando tienen una pauta con uno, entonces uno tiene que alinearse a lo que ellos digan. Si publicas algo crítico, amenazan con quitarla”, dijo un periodista de Caldas. Otro, en la Costa Caribe, recuerda que en su municipio “solo tuvieron cabida los que en campaña se identificaron con el alcalde; los demás que éramos la mayoría nos quedamos por fuera”
También está la autocensura. En La Guajira una periodista admite: “me cuestiono, si voy a hablar de minería, el único que en este momento está pautando conmigo, de manera digamos fiel, es Cerrejón. Y si yo hablo de minería, puedo herir susceptibilidades y me retiran la poca pauta que me permite mantenerme a flote”.
En lugares como Buenaventura, Tuluá, y Granada, el problema se ha vuelto más complejo: la extorsión de bandas criminales desalienta a los comercios a pautar y con ello la espiral de la precarización aumenta. “Hace ocho días un cliente canceló toda su publicidad porque fue extorsionado y tuvo que cerrar el negocio y abandonar la ciudad”, cuenta un reportero de Buenaventura.
La sostenibilidad económica de los medios locales no puede desligarse de las presiones externas que enfrentan: poderes públicos que condicionan, privados que limitan y actores violentos que intimidan. Encontrar fórmulas de financiamiento no es solo una cuestión de supervivencia empresarial sino también un requisito para garantizar la libertad de expresión en las regiones.