Códigos de Policía

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Desde el mismo miércoles 28 de abril, las imágenes de los videos que han saturado las redes sociales se repiten una y otra vez. Policías actuando por fuera de la ley en diferentes formas ante las protestas: propinando golpizas a ciudadanos desarmados, disparando sus armas de fuego indiscriminadamente en medio de las protestas, amenazando a mujeres con abusar sexualmente de ellas por no cumplir el toque de queda. Inclusive, un homicidio de un joven fue transmitido en vivo desde la carretera que conecta a Cali con Palmira, en una arremetida policial en medio de una velatón.

¿Por qué esta respuesta sistemática tan agresiva, desmedida y criminal ante la protesta?

La respuesta está en el enorme problema estructural de la institución, que ha formado a varias generaciones de jóvenes sin oportunidades, para convertirlos en policías que persiguen con un profundo odio a un enemigo interno, que no es más que cualquier ciudadano dispuesto a controvertir al establecimiento. Así ha sido durante mucho tiempo, pero solo hasta ahora podemos transmitirlos en vivo.

Un par de experiencias en mi entorno laboral y personal muestran indicios de lo que ocurre en la Policía. Como parte de nuestro trabajo en Rutas del Conflicto, viajamos a principios de 2020 al municipio de Quipile, en el occidente de Cundinamarca, para mostrar un reportaje que hicimos sobre la violencia en la región y aprovechamos una reunión convocada por la Unidad de Víctimas en el municipio.

Antes de que llegara nuestro turno, aparecieron en el salón de la biblioteca del pueblo dos miembros de la Policía a ‘promocionar’ la carrera dentro de esa institución, ante unos 30 campesinos humildes. Todos ellos habían sido víctimas de diferentes formas de la violencia del conflicto, incluso a manos de agentes del Estado.

Durante 20 minutos no dijeron una sola palabra sobre el deber y la responsabilidad de servicio que implica ser policía. El discurso se centró en los beneficios que recibe quien comienza la carrera en la institución. Invitaron a los asistentes a convencer a sus hijos para que hicieran el curso de patrullero, lo que prácticamente les solucionaría la vida: salario con garantías laborales, una pensión luego de 20 años de servicio y otros beneficios que no encontrarían en ninguna parte.

La escena pone en evidencia quién es el potencial público a ‘reclutar’: en su mayoría, jóvenes con pocas oportunidades laborales, con un futuro incierto, victimizados y abandonados por el propio Estado.

Conozco de cerca varios casos. Una persona muy cercana a mi familia era, en los ochenta, un joven desempleado de una familia campesina migrante que le costaba encausar su vida en Ciudad Bolívar. Esquivaba junto a sus amigos, las constantes ‘limpiezas sociales’ que aterrorizaban el barrio, en medio del temor y la desconfianza a la Policía. Recuerdo que su padre logró convencerlo para que se fuera a hacer el curso que lo convirtió en agente.

Efectivamente su vida cambió. La Policía le entregó un estatus social y garantías que le permiten tener una vida digna para su familia, pero también lo enseñó a odiar y a justificar una violencia que conoce pocos límites.

Y todos estos jóvenes, hechos policías, formados en la superioridad que da portar un arma, apenas limitan su violencia por los cada vez más débiles controles de esta moribunda democracia. Quienes les han enseñado a odiar saben que son su principal arma para enfrentar a quienes quieran exigir sus derechos.

Muchos de estos policías no son más que muchachos salidos de la clase trabajadora, educados para reforzar un profundo resentimiento social y proteger a un establecimiento, no al pueblo. Y si un día la justicia alcanza a alguno de esos policías, ese mismo establecimiento olvidará lo pactado en esos códigos internos de falsa lealtad para dejarlos solos, y mostrarlos como manzanas podridas. Como lo han hecho con los más de dos mil agentes del Estado que están enfrentando a la JEP.

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