De los máximos responsables y los “falsos positivos” (II)

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Ojalá los magistrados y fiscales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comprendieran que, en el seno de las instituciones castrenses de Colombia, la condición de máximo responsable no aplica por antonomasia y en forma exclusiva al universo de los altos mandos militares u oficiales de alta graduación.

Cómo no exponer esta verdad de Perogrullo, máxime cuando sus actuaciones en el Caso 003 están cargadas de prejuicios que quieren elevar a la categoría de jurisprudencia (ver numeral 11 del Auto 033 de 2021), hecho que recién complementaron con una desafortunada estrategia de comunicación, que, través de memes en Twitter, hizo visible una vez más su sesgo ideológico en relación con este macrocaso.

Como referí en la primera parte de esta columna, no busco exculpar a ninguno de los comparecientes ante la JEP en el Caso 003, en especial a los oficiales generales. Pero sí considero de suma importancia y pertinencia que se entienda cómo funciona la estructura de mando en una institución como el Ejército y, de paso, sopesar cuál es su posición real en la organización de las Fuerzas Armadas y del Estado colombiano.

De ahí que en consonancia con “la estrategia de determinación de hechos y conductas “ de abajo hacia arriba” adoptada” por la JEP, enuncié un modelo teórico que, en un primer estadio, desglosó la estructura y cadena de mando en el nivel táctico. Se tomó como base el Ejército Nacional, fuerza que aporta el mayor número de integrantes en calidad de indiciados en el Caso 003.

Entonces, fue posible identificar la existencia de comandantes de escuadra, de pelotón, de compañía y de batallón, en donde cada uno podría ser máximo responsable, según se examinen circunstancias particulares de modo, tiempo y lugar. En este modelo, el cabo comandante de escuadra excusaba su responsabilidad individual frente a un caso de homicidio en persona protegida en el cumplimiento de órdenes. Lo propio hacían sus superiores en la estructura jerárquica, hasta endosar dicha responsabilidad al comandante del batallón o unidad táctica.

Ahora bien, si ese oficial comandante de batallón −con tropas en varios municipios de uno o dos departamentos− dice que actuó en cumplimiento de órdenes, la responsabilidad apuntaría al coronel o brigadier general comandante de brigada, quien tiene bajo su control a varios batallones y jurisdicción en más de un departamento. A su vez, este oficial podría señalar con su dedo acusador al mayor general comandante de división, de quien dependen al menos tres brigadas o unidades operativas menores, terminando aquí la estructura y la cadena de mando en el nivel operativo.

En este punto se da el salto al nivel estratégico de conducción de la guerra. De este hacen parte el comandante de fuerza, que está subordinado al Comandante General de las Fuerzas Militares y este, a su vez, al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, es decir el presidente. Entre el Comandante General y el jefe de Estado media esa especie de catalizador, con matices más políticos que castrenses, llamado ministro de Defensa.

Desde esta perspectiva, en los casos de “falsos positivos” no resulta fácil acoplar la responsabilidad de un individuo en el nivel táctico con aquella de quienes detentan el mando en los ámbitos operacional y estratégico. ¿Cómo puede responder un comandante de brigada o de división por una acción individual de un suboficial o de un oficial subalterno en una vereda equis del país? Pero vamos más allá: ¿Cómo liar el crimen que cometió un comandante de brigada con el Comandante General? ¿Cómo podría un MinDefensa o el mismísimo presidente responder por el comportamiento indecoroso de un comandante de división?

Esa responsabilidad es a título individual y jamás del colectivo. Mas los prejuicios están fincados en un peligroso axioma: el comandante responde por lo que hacen o dejan de hacer sus subalternos. Por eso, para configurar la empresa criminal que está en su imaginario, la JEP debe aportar directivas, planes u órdenes de operaciones en calidad de pruebas y, si es el caso, grabaciones de audio y video donde se emitan órdenes en tal sentido, tal como sucedió con los Einsatzgruppen durante la “solución final de la cuestión judía” en el Tercer Reich.

Seguramente los detractores del modelo argumentarán la sistematicidad de esta conducta impropia de la guerra, a su juicio impronta de una política institucional y de Estado que le daba aval. Una cosa es constatar que fue una práctica recurrente e individual de algunos agentes estatales y otra que hizo parte de una empresa criminal orquestada desde las más altas esferas del poder castrense y del gobierno. Claro, este tema da para otro escrito donde sea posible ahondar en la discusión.

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