En 24 años, 1.057 profesores sindicalistas fueron víctimas de violencia en Colombia

De acuerdo con Fecode, el Eje cafetero y los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y Santander son los lugares donde más se registraron casos de homicidios, desapariciones forzosas y atentados a maestros, entre 1984 y 2010. Conozca el testimonio de algunas víctimas.

En la entrega del informe estuvieron dirigentes de Fecode, miembros de la JEP, víctimas y profesores, entre otros.Fecode

Tatiana Pérez* recuerda con exactitud el día en que asesinaron a su padre. Ella tenía 10 años, su papá 39 y cinco hijos menores de edad. Sucedió el 8 de julio de 1989, en un pueblo de Santander cercano al río Magdalena. Cuenta que era mediodía cuando dos sujetos se dirigieron al profesor, que estaba en una droguería, y presionaron 22 veces el gatillo de una pistola que apuntaba a su cuerpo.

Todo fue planeado. Lo que sabemos es que los hombres llegaron desde la noche anterior y vigilaron a mi papá, que trabajaba en un colegio oficial. Incluso, minutos antes del asesinato, los guardacostas se fueron y eso normalmente no pasaba”, asegura Pérez.

De acuerdo con ella, “ese día quebrantaron a una comunidad, a un pueblo”, pues su padre era una de las personas que más querían ahí, ya que siempre estaba dispuesto a ayudar, a resolver problemas y a ejercer liderazgo siendo profesor. “Le tenían mucho cariño”, dice.

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La historia del padre de Tatiana, a quien mataron por defender los intereses de su comunidad desde el aula de clases, es una de las que recopila el informe: La vida por educar, que reúne casos de profesores sindicalistas que fueron asesinados, desaparecidos de manera forzosa y víctimas de atentados contra su vida entre 1986 y 2010, en Colombia.

Esta investigación, que registra 1.057 casos y se centra en 34 representativos, fue adelantada por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y presentada a la Justicia Especial para la Paz (JEP), en la última semana. En el proceso se contó con la asistencia técnica de la Escuela Nacional Sindical y la asesoría del Centro Internacional para la Justicia Transicional.

(Lea: Fecode seguirá exigiendo el respeto a la vida)

“En estas 512 páginas están los compañeros y compañeras que han sufrido la violencia por enseñar. Lo que buscamos es que se abra un macroproceso para investigar estos crímenes de lesa humanidad”, manifestaron los autores de la investigación.

A la actividad asistieron líderes del magisterio, entre esos Nelson Alarcón (presidente) y Martha Alfonso (segunda vicepresidenta); el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux; el magistrado de la JEP, Gustavo Salazar; el delegado de la Comisión de Búsqueda de personas desaparecidas, Federico Andreu Guzmán; víctimas, profesores y sindicalistas.

 “Nada de estos fue a espaldas del Estado"

¿Por qué me quitaron a mi papá, por qué no le dieron el privilegio de conocer a mis hijos? Yo quiero que me digan por qué, porque no hemos podido vivir, porque me mataron cuando mataron a mi papá”, gritó Tatiana entre lágrimas cuando el informe fue entregado a los magistrados de la JEP.

Al testimonio de esa mujer se suman las de las familias de los maestros asesinados. Según La vida por educar, 6.119 profesores fueron víctimas de la violencia en Colombia entre 1986 y 2016, (3.523 hombres y 2.596 mujeres). De esa cifra, 990 fueron homicidios, 78 desapariciones forzadas, 49 atentadas contra la vidas, 3.170 amenazas y 1.549 desplazamientos forzados.

La violencia contra los docentes sindicalizados ha sido usada como un mensaje ejemplarizante y una forma de ganar control social y legitimidad por parte de los actores armados legales e ilegales en los territorios. Entre los grupos armados y una parte importante de la sociedad civil, ha persistido una idea negativa frente a las luchas sindicales y contra quienes las organizan y lideran”, indica el informe.

Los lugares donde se presentaron estos casos con más frecuencia fueron: Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío, Chocó, Valle, Cauca, Nariño, Atlántico, Sucre, Córdoba, Madalena, Cesar y Bolívar; departamentos que se caracterizaron por el conflicto por la distribución de la tierra, según la Federación.

Nada de esto fue a espaldas del Estado. Esta violencia no fue esporádica, en ella participaron grupos armados y agentes militarizados. Esta violencia nos quitó a una generación de líderes en las regiones”, afirmó Alejandra Garzón, investigadora de la Escuela Nacional Sindical, en el evento.

“No elegimos ser víctimas”

A María Jaramillo* le mataron a su esposo, un profesor que defendía las luchas sindicales cuando su hijo tenía apenas dos meses de nacido hace un par de décadas. Tres años después, su niño le preguntó: “¿Si dicen que mi papá murió, por qué no sabemos dónde visitarlo y a dónde llevarle flores?”, cuenta la mujer.

“No hemos tenido el derecho a enterrarlos, a darles una sepultura cristiana, a que haya castigo para los culpables. En Colombia no es fácil hablar de justicia, de verdad, porque eso cuesta hasta la vida. Los desaparecidos quedan en la impunidad por falta de que alguien hable y hay madres, hijos, hermanos que creen que alguien llegará a la puerta a decirle que lo vieron. Yo no escogí, ni ninguno de nosotros, ser víctima”.

Hoy su motor es la esperanza, que es el motivo silencioso que la lleva a decir: “¡Qué no nos asesinen por no pensar igual al Estado! No renunciemos al derecho de pelear por la vida y a que no nos aniquilen por pensar diferente”.

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Los testimonios de Pérez y Jaramillo tienen elementos en común: los más evidentes es que sus familiares eran maestros que pertenecían a sindicatos y vivían defendiendo sus ideales y que por eso les arrebataron su humanidad.

Los casos investigados revelan un ataque sistemático dirigido en contra los docentes sindicalistas. Estos crímenes se derivaron, en primer lugar, de un criterio de orden material, que es su comisión, en el marco de un ataque sistemático y reiterado. En segundo lugar, un criterio de orden moral: la conciencia y la intención de los presuntos responsables de participar en tal ataque. Esos dos elementos (material y moral) son constitutivos para considerar estos hechos delictivos como crímenes de lesa humanidad, según se estipula en el Estatuto de Roma”, revela Vivir por educar.

(Lea: Los obstáculos que enfrentan los docentes rurales en Colombia)

En esa línea, Fecode también habla de una persecución al magisterio, por lo que al presentar el informe, el magistrado de la JEP, Gustavo Salazar, dio un alivio a las víctimas y manifestó: “esperamos que por fin haya reparación, no repetición y, jamás, no olvido. Esta es una herramienta para justicia transicional, que debe dar respuesta a las afectaciones que hubo”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux aseguró que existe “la responsabilidad de esclarecer la verdad ética, histórica y política”.

Ahora el informe La vida por educar está en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Este tribunal estudiará los hechos y, de acuerdo con su naturaleza, podría o no abrir un macrocaso para juzgar esta violencia. La Comisión de la Verdad, por su parte, recauda los testimonios y análisis para su informe sobre lo que sucedió en la guerra en Colombia, que debe presentar a finales de 2021.

*Nombres cambiados por petición de las fuentes.

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María Dilia Reyes Torres - [email protected] - @Madinewss

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¿Culto a la memoria histórica?