Entrevista con el jefe de la Misión de Verificación

“Esperamos que Cuba continúe acompañando el Acuerdo de Paz”: ONU

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Carlos Ruiz Massieu valora el papel de la isla en la implementación de la paz y pide garantizar que excombatientes fuera de los ETCR accedan a la salud.

El jefe de la Misión de la ONU, que verifica la implementación del Acuerdo de Paz, el mexicano Carlos Ruiz Massieu, hace un balance de las afectaciones que ha dejado la pandemia por el coronavirus en los compromisos que adquirieron el Estado y las Farc hace casi cuatro años.

¿La implementación de la paz en Colombia es víctima del COVID-19?

Es apenas natural que la atención de todos los actores se enfoque en responder a la crisis, pero esta respuesta debe incluir a la población que hizo dejación de armas y hoy está en proceso de reincorporación, así como a las comunidades y víctimas del conflicto, y facilitar que la construcción de la paz siga su curso, para que la implementación del Acuerdo no sea una víctima de la pandemia.

¿En qué se ha afectado la implementación del Acuerdo?

Este contexto ha dificultado el avance del proceso de reincorporación económica y social, especialmente en cuanto al desarrollo de los proyectos productivos y hace aún más necesario garantizar el acceso a salud y servicios básicos para los excombatientes dentro y fuera de los antiguos ETCR. Desde el inicio de la pandemia hemos visto cómo Gobierno y FARC, otras entidades del Estado, el sector privado, la sociedad civil, entre otros, tienen un compromiso de buscar soluciones creativas, de esforzarse para mitigar el impacto de esta situación e incluso de ser ejemplo de responsabilidad y solidaridad. Por ejemplo, 14 cooperativas de excombatientes, muchas en cabeza de mujeres, están produciendo tapabocas, y varios colectivos en reincorporación están haciendo donaciones para poblaciones vulnerables.

¿Qué es lo que más le preocupa?

La persistencia de la violencia contra comunidades, líderes y lideresas sociales, y excombatientes que dejaron las armas. Desde el comienzo del aislamiento nacional obligatorio la Misión ha registrado seis asesinatos de excombatientes, y fuentes nacionales, como Indepaz, indican que al menos 24 líderes sociales han sido asesinados. Es necesario que todos los sectores se unan para ponerle fin esta situación. A diferencia del COVID-19, la violencia es una tragedia ocasionada por seres humanos y no deben escatimarse esfuerzos para contenerla. En nuestro último informe destacamos que tomar medidas eficaces para reducir estos niveles de violencia es absolutamente prioritario para la consolidación de la paz en Colombia.

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¿Cómo se ha afectado el trabajo de la Misión en territorio con las restricciones que impone la emergencia sanitaria?

En la Misión nos hemos adaptado de acuerdo con nuestros planes de contingencia y con las decisiones de las autoridades nacionales y locales, para continuar las tareas de verificación, en el terreno dentro de los protocolos de seguridad, reforzar la comunicación y facilitar el desarrollo de los distintos espacios de los que hacemos parte. La salud y seguridad de nuestro personal en el terreno son fundamentales para nosotros, por eso hemos tomado medidas para prevenir el contagio, mantenerlos informados y atender sus necesidades. Debo decir que estoy muy orgulloso y agradecido con todo el equipo de la Misión, que ha demostrado un sentido profundo del deber y un compromiso especial con el proceso de paz en Colombia durante esta crisis. Tenemos personal nacional y de muchos países, lejos de sus hogares y familias, pero que sigue trabajando con gran dedicación para asegurar que los esfuerzos de paz a nivel local continúen. Por iniciativa de nuestros equipos en el terreno, también hemos podido apoyar a diferentes entidades a nivel nacional, departamental y municipal en la distribución de elementos de protección sanitaria o de asistencia alimentaria a comunidades vulnerables, por ejemplo, en Urrao, Antioquia y Vista Hermosa, Meta.

¿Qué está fallando? Ni siquiera durante la pandemia se han reducido los crímenes.

La persistencia de la violencia está intrínsecamente atada a la limitada presencia del Estado en los territorios históricos de conflicto.

Hemos visto con preocupación que, en algunas regiones, grupos criminales han aprovechado la situación para expandir su control territorial. En el caso de la pandemia, aun con las restricciones de movilidad, se debe consolidar la llegada o respuesta efectiva de la institucionalidad en las zonas más vulnerables, donde los grupos armados ilegales y las estructuras criminales continúan victimizando a la población. La presencia fortalecida de la institucionalidad del Estado, la inversión en comunidades y la generación de oportunidades económicas son las herramientas esenciales para combatir esta violencia, y estos esfuerzos deben continuar, con las necesarias adaptaciones, durante estos momentos complicados que estamos viviendo. En Colombia existe un consenso entre todos los sectores sobre la importancia de proteger a los líderes y defensores. Lo que hace falta es traducirlo en acciones inmediatas, concretas y articuladas que tengan un verdadero impacto en los territorios. Para esto, hay mecanismos útiles creados por el Acuerdo, como la Comisión Nacional de Garantías, que debe avanzar en el diseño de una política pública de desmantelamiento de los grupos y organizaciones criminales. En el caso particular de las mujeres, hemos visto un impacto desproporcionado con respecto a su seguridad, debido al aumento de la violencia de género y violencia en los hogares por el confinamiento. Es necesario incrementar también medidas de prevención y respuesta en este sentido.

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¿Pero el Gobierno no ha vuelto a citar a esa Comisión?

La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad fue creada por el Acuerdo de Paz con un objetivo clave para atender la situación de violencia de la cual hemos estado hablando: formular una política pública para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo. La violencia va a continuar mientras estas redes criminales continúen, por eso la urgencia de esta política pública de desmantelamiento. Varios mecanismos derivados del Acuerdo como la Comisión de Seguimiento, Implementación y Verificación (CSIVI) o el CNR han logrado sesionar de manera virtual.

Nuestro llamado, y el del Consejo de Seguridad de la ONU, es que la Comisión también se reúna con regularidad y que se logren avances concretos, teniendo en cuenta las propuestas que han sido presentadas a la Comisión por representantes de las organizaciones de sociedad civil.

Aun habiendo restricciones en la movilidad, ¿los asesinos de los líderes y excombatientes actúan en impunidad?

La impunidad por estos crímenes es uno de los factores que permiten su continuidad y uno de los mayores desafíos para la no-repetición; por eso la importancia de llevar a la justicia a las personas responsables por estos ataques, tanto autores materiales como intelectuales, y sus redes de apoyo. Ha habido importantes capturas de presuntos autores materiales e intelectuales de estos hechos, pero es necesario avanzar más. El trabajo de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía es fundamental para asegurar que haya justicia. Aquí es clave que todas las instituciones del Estado, incluyendo la Fuerza Pública, presten todo el apoyo necesario a la UEI para realizar sus labores, para tener acceso rápido a las escenas de crímenes, y para recibir información de manera oportuna. También es necesario que la labor de la UEI sea complementada con la política más amplia de desmantelamiento de organizaciones criminales, como está previsto en el Acuerdo Final.

¿Cómo analizan la reincorporación fuera de los antiguos ETCR?

Es un reto la situación de esas más de 9.000 personas. Antes de la pandemia ya eran más vulnerables por el menor acceso a servicios y problemas de seguridad que muchas veces enfrentan, ahora su situación es aún más preocupante. Es fundamental que Gobierno, FARC y comunidad internacional redoblemos esfuerzos para atender a esta población. Lo anterior sin perder de vista que la implementación del Acuerdo debe llevarse a cabo de manera integral, con avances paralelos y complementarios en todos sus seis capítulos que incluyen la reforma rural integral, la sustitución de cultivos, las reformas políticas, los derechos de las víctimas, el funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, y las demás partes del Acuerdo de Paz.

¿Cómo valora la propuesta de la administración de Bogotá en el sentido de crear dos PDET en este territorio?

Bogotá ha manifestado un especial compromiso para ser la capital de la paz y la reconciliación. Esa iniciativa de la alcaldesa es una muestra de cómo las autoridades departamentales y municipales pueden encontrar en el Acuerdo de Paz instrumentos y estrategias para promover la participación y el desarrollo en sus comunidades. Gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos tienen un rol protagónico en la consolidación de paz en los siguientes años y pueden seguir contando para esto con las Naciones Unidas.

(Vea: La enredada entrega de tierras a excombatientes de las Farc)

¿Qué piensa de que con plata para la paz se paguen gastos de comunicaciones y manejo de imagen del gobierno central?

Por nuestra experiencia internacional sabemos que los procesos de implementación de paz requieren esfuerzos sostenidos y disponibilidad de recursos adecuados. Estos recursos deben ser protegidos para que la ejecución de programas derivados del Acuerdo, así como el funcionamiento de mecanismos en los que participan las partes -Gobierno y FARC- sean efectivos. Confiamos en que las instituciones colombianas garantizarán siempre recursos adecuados para la implementación de los Acuerdos. En Naciones Unidas estaremos atentos a verificarlo en el marco de nuestro mandato.

Después de que EE. UU. dijera que Cuba no colabora en la lucha contra el terrorismo y el Gobierno colombiano celebrara esta decisión, Cuba no volvió a asistir como garante a la comisión de seguimiento del Acuerdo. ¿Qué implicaciones tiene esa decisión?

Cuba ha sido y es muy importante en el proceso de paz entre Gobierno y FARC, y junto con Noruega, como garantes, fueron determinantes para llegar al Acuerdo de Paz. La posición de ellos es la misma que tiene el Consejo de Seguridad de la ONU: el compromiso con la consolidación de la paz en Colombia. Cuba ha dejado de participar solamente en una sesión de la CSIVI, y esperamos que continúe con su acompañamiento al diálogo y seguimiento que tienen las partes en este espacio derivado del Acuerdo.

¿Qué piensa de que el Eln haya terminado el cese al fuego unilateral que había decretado el mes pasado?

El Consejo de Seguridad de la ONU valoró como muy positiva la acogida del Eln al llamado del secretario general a un cese al fuego. Nosotros observamos el cumplimiento del mismo por parte del Eln, así como la ausencia de acciones ofensivas por parte de la Fuerza Pública como lo reportaron fuentes nacionales. El cese trajo beneficios para las comunidades y confiamos que se den otras iniciativas que sienten las bases para un posible diálogo. Seguiremos haciendo el llamado para que se den medidas más amplias que disminuyan la violencia en las zonas afectadas por el conflicto y se pueda atender la pandemia. El cese temporal del Eln fue un importante gesto y seguiremos abogando por otros de más largo aliento y que involucren a otros actores armados.

 

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