Deportista del año de El Espectador: entrevistas con los protagonistas

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Detalles de la diligencia en busca de El Paisa

William Acosta, el abogado de oficio del exjefe guerrillero Hernán Darío Velázquez, habló de esta diligencia que realizó la Fiscalía de la JEP en Miravalle, Caquetá; de lo que sucede en la región; de los recursos que ha presentado y duda de la posibilidad de que “El Paisa” se haya ido a las disidencias.

En el Espacio Territorial y de Reincorporación de Miravalle hay más de 90 excombatientes de las Farc en proceso de reincorporación a la vida civil./Andrés Cardona.

A comienzos de febrero, un equipo de investigadores de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz se trasladó a Miravalle, en el Norte del Caquetá, con el fin de obtener información sobre la ubicación de Hernán Darío Velásquez, también conocido como “El Paisa”. Esto como parte de una comisión enviada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de Situaciones Jurídicas de la JEP para saber si El Paisa sigue sometido al sistema integral o no. 

La diligencia contó con el apoyo de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de la ONU, y el Comando Conjunto Estratégico de Transición (CCOET). 

El antiguo jefe guerrillero de la columna Teófilo Forero de las Farc, al igual que el exjefe negociador de paz, Iván Márquez, salieron de dicho espacio de reincorporación a mediados de julio del año pasado, huyendo de un supuesto plan efectuado en la madrugada por parte de miembros de la Fuerza Pública para dar con su paradero. 

Desde entonces, han pasado cerca de siete meses y hasta la fecha no sabe de ellos, ni de otros ocho mandos medios de la antigua guerrilla, quienes han enviado distintas cartas pidiendo dos cosas: garantías de seguridad física, arguyendo que van más de 70 excombatientes asesinados, y jurídica, pues la captura de Jesús Santrich con fines de extradición a Estados Unidos generó desconfianza. Hasta ahora, han insistido en estas dos condiciones para retornar a los espacios territoriales en donde adelantaban su reincorporación a la vida civil.

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Son 22 las pruebas que deberá practicar la Sala de Reconocimiento de la JEP antes de tomar la determinación de si “El Paisa” cumplió o no con el régimen de condicionalidad, es decir, comparecer ante esta dicha jurisdicción y estar dispuesto a aportar verdad, justicia y reparar a las víctimas.

Mientras tanto, a la espera de que Velázquez aparezca el próximo 18 de marzo, fecha establecida por la JEP para que rinda su versión voluntaria sobre el caso 001 relacionado con secuestros, asesinatos o desapariciones durante el conflicto, su abogado de oficio Wiliam Acosta (asignado por el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de la JEP, al no contar con uno de su confianza) explica qué sucede en Miravalle, Caquetá. 

¿Qué pasó durante la diligencia de la Fiscalía de la JEP en Miravalle en busca de “El Paisa”?

Durante la visita que se hizo a Miravalle por parte de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, en la cual estuve presente, causó mucha molestia el tema de la nota que publicó un medio de comunicación impreso. Esto, porque la misma Unidad expidió un comunicado de prensa diciendo que toda la información que se recogió en Miravalle tiene reserva sumarial y no es pública, o sea, no es cierto, como lo aseguró ese diario, que la señora conocida como “La Boruga” haya dado información de que “El Paisa” no se va a presentar ante la JEP y que no va a responder por los delitos que cometió durante el conflicto armado.

¿Por qué afirma eso?

Ella hizo una denuncia por injuria y calumnia contra el medio, porque la involucran con las disidencias de las Farc cuando, al contrario, ella es víctima en razón a que su hermana fue asesinada en Miravalle. En el artículo resaltan que ella es la secretaria personal de Hernán Darío Velásquez, lo cual es falso. Por tanto, hay una denuncia que reposa en la Fiscalía General de la Nación para que se aclare de dónde salió la información de que ella mantenía contacto con “El Paisa”.

¿Cómo se desarrolló la diligencia de la JEP en Miravalle?

Estuvo marcada por la hospitalidad y la cordialidad de los excombatientes que se encontraban en la zona. Igualmente, hubo amplia colaboración de las instituciones y del mismo Ejército que facilitó el desplazamiento, todo muy bien.

En la práctica, ¿qué hizo la Fiscalía de la JEP durante esa diligencia?

Muchas entrevistas para determinar la ubicación de “El Paisa” y su compromiso con el proceso de reincorporación. Tiene que dar claridades del paradero de Hernán Darío a la Sala de Reconocimiento.

Y cuál es el ambiente. ¿El Paisa sí contempla presentarse ante la JEP el 18 de marzo próximo, cuando está citado?

Lo que puedo decir es que hay mucha incertidumbre en la región, no solo entre los excombatientes de las Farc, sino en la región, en el sentido de que “El Paisa” se haya ido de la zona. Lo que dicen es que el hombre sigue aportando al proceso, que se fue por problemas de seguridad y que esperan que haya garantías jurídicas y de seguridad para que pueda volver al Espacio Territorial y de Reincorporación de Miravalle. Como ustedes saben, y esto es de conocimiento público, tanto “El Paisa” como “Iván Márquez” anunciaron que la razón de salida del territorio responde a hechos que ocurrieron alrededor de la zona donde se encontraban en Miravalle.

Específicamente, ¿cuáles son esas garantías de seguridad jurídica y física que piden los exjefes guerrilleros?

Cuando ellos hablan de falta de garantías jurídicas, se soportan en que muchos excombatientes han sido nuevamente judicializados luego de firmado el pacto de paz y, en otros casos, de haber recuperado su libertad. Cuando hablan de garantías jurídicas, se refieren al tema de Jesús Santrich, en el sentido de que, como la Farc lo ha denunciado públicamente, se trata de un montaje judicial. Y en cuanto al tema de seguridad personal, tiene que ver con los más de 70 excombatientes que asesinados después de la firma de la paz. Se dice que por esos días iban a asesinar o a dar captura a Hernán Darío Velásquez en la zona de Miravalle.       

¿Qué significa que sea el abogado de oficio de El Paisa? 

Yo soy la defensa técnica, no tengo poder asignado por Hernán Darío Velásquez. Soy defensor porque me asignó el fiscal de la JEP. En los recursos ante la JEP nosotros hemos argumentado, por ejemplo, que se debe demostrar que él volvió a delinquir para poderlo sacar del sistema de justicia transicional, pero eso no ha ocurrido.

¿En qué etapa está dicha investigación y qué se viene para el caso?

Este proceso está basado en lo que establece el articulo 66 de la ley 1820. Hay un proceso de garantías al debido proceso, ahora pues estamos en la etapa probatoria, en razón de que la Unidad de Investigación y Acusación estuvo en la zona de Miravalle. Luego, viene la etapa de alegatos y luego habrá una decisión de si Hernán Darío cumplió o no al régimen de condicionalidad.

¿Cuáles son las pruebas que se necesitan para determinar eso?

Hay pruebas que deben aportar el Ejército, el Ministerio de Defensa, las víctimas, pruebas que aportan los países garantes que han aportado dinero para financiar proyectos en la zona de Miravalle, la Agencia Colombiana para la Reintegración (ARN) para que informe cómo avanzó la reincorporación de Hernán Darío. Esto con el fin de que la sala de reconocimiento emita un fallo.

¿Es posible que “El Paisa” le otorgue poder a usted para que continúe su trámite ante la JEP?

Es posible que suceda, pero seguramente si aparece Hernán Darío es posible que designe a un abogado de confianza y entonces ya no tendría efecto la defensa jurídica que lleva el sistema autónomo de asesoría y defensa de la JEP.

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Redacción Colombia en Transición

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