Fiscalía se niega a entregar información a la JEP sobre bienes de las Farc

Ante la falta de informes, quedó en suspenso el trámite con el cual se protegería con medidas cautelares el patrimonio entregado por la exguerrilla y que estaría destinado a la reparación de las víctimas.

La Fiscalía anunció en febrero pasado que los bienes incautados a las Farc suman $2,9 billones. /Archivo

Sigue la controversia entre la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), esta vez por cuenta de los bienes que las Farc entregó al Estado. Esta semana, mientras la JEP estudia si protege con medidas cautelares dichas propiedades, la Fiscalía se niega a entregar información detallada sobre este tema. Ante la falta de informes, el proceso que permitiría que ese patrimonio sea destinado a la reparación de las víctimas quedó en suspenso.​

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La negativa responde la orden que impartió la Sección de no Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP el pasado 21 de agosto, a través del Auto 02 de 2018, a distintas entidades. A través de ese documento, la JEP vinculó a la Fiscalía al proceso y le dio un plazo de 30 días hábiles para que entregara un informe sobre la relación y clasificación de bienes y activos de las Farc que se encuentren en extinción de dominio, que tengan o no medidas cautelares, así como aquellos que fueron entregados por desmovilizados ante la justicia ordinaria o en Justicia y Paz.

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Además del estado actual de cada propiedad, la JEP también requirió información sobre bienes y activos de las Farc que la Fiscalía hubiese identificado que están bajo dominio, posesión u ocupación por parte de los miembros de la exguerrilla. Pidió que se incluyera un informe sobre “amenazas, pérdidas o deterioros y, en general, la situación material y jurídica de los bienes y activos” inventariados por las Farc tras las firma del Acuerdo de Paz.

El plazo, sin embargo, se cumplió y la Fiscalía insistió en que no entregaría esa información. En una comunicación del pasado 12 de octubre, se resumen las razones que esgrimió el ente acusador para no entregar el reporte sobre los bienes de las Farc.

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Según el documento, la directora de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía, Myriam Stella Ortiz Quintero, se opuso a que el ente acusador fuera vinculado al proceso en el que se estudia si se imponen las medidas cautelares a los bienes de las Farc y se negó a cumplir las órdenes impartidas por la JEP. “La Fiscalía debe poner de presente la imposibilidad de darles cumplimiento, toda vez que la información relacionada con procesos de extinción de dominio tienen carácter reservado”. Más adelante agrega en ese mismo sentido: “Es jurídicamente imposible que la Fiscalía cumpla con los requerimientos de información”.

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Por otro lado, la comunicación indica que el Ministerio del Interior, que también fue vinculado a este proceso, ni siquiera respondió el requerimiento que le hizo la JEP. A esa cartera también le había dado 30 días para que entregara un informe detallado, consistente en 11 puntos, sobre las fechas en que recibió por parte de la ONU en Colombia y del Mecanismo de Monitoreo y Verificación el inventario de bienes y activos preparado por las Farc; la identificación de la entidad o servidores públicos que hayan tomado posesión de esos bienes o activos, entre otros.

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La JEP, a su vez, le ordenó al Ministerio del Interior que estableciera cuándo se entregaría ese patrimonio al Fondo de Víctimas y que determinara los bienes y activos que actualmente contiene esa entidad, así como de la entidad encargada de custodiarlos o administrarlos. Adicionalmente, le había solicitado información sobre si el Gobierno tenía planeado radicar un proyecto de ley en el que se regule el procedimiento sobre los bienes y activos de las Farc que aún no han sido entregados.

A pesar de que la JEP recibió seis folios de la Superintendencia de Notariado y Registro; 27 de la Sociedad de Activos Especiales (SAE); 85 del Departamento Administrativos de la Presidencia de la República; dos del dirigente político de FARC, Pastor Alape, y 348 de Rodrigo Londoño, máximo líder de la exguerrilla, la JEP aún no cuenta con suficiente información.

Por esa razón, la JEP les insistió a las entidades sobre la orden impartida en el auto del pasado 21 de agosto y suspendió uno de los puntos para continuar con el proceso para determinar si se protegen o no los bienes de las Farc. Se trata del numeral diez del documento en el cual se tenía previsto que, una vez recibidos los informes de todas las entidades, se permitiría el acceso de información a las partes y se abriría un plazo de 15 días hábiles para que las organizaciones de víctimas se pronunciaran sobre la solicitud de medidas cautelares. Precisó que en el momento en que se reciba la información requerida se levantará esa suspensión y se adoptarán medidas necesarias para proteger la información reservada.

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En contexto

El 15 de agosto de 2017, el Secretariado del Estado Mayor Central de la antigua guerrilla de las Farc presentó al Mecanismo de Monitoreo y Verificación de la ONU un documento que relacionaba información sobre bienes inmuebles, medios de transporte, ganado, efectivo, metales, caletas, infraestructuras civiles, armamento, equipos y enseres avaluados en $963.241 millones.

El 15 de febrero de este año, Pastor Alape le pidió a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP que adoptara medidas cautelares sobre los bienes y activos entregados por la exguerrilla. “Los exmiembros de las Farc-Ep hemos advertido que en varias zonas del país existe riesgo de pérdida de los bienes por la dificultad de custodia de estos, pues ya estamos desarmados y sin capacidad de protección de los bienes en áreas de influencia de la disidencia y demás grupos al margen de la ley”, indicó Alape en la solicitud.

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Juan David Moreno Barreto / @judamoba

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