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La cooperativa que propone David Char a la JEP para reparar a las víctimas

El exsenador presentó a la Jurisdicción Especial para la Paz un proyecto productivo de maíz y ají en el municipio de Repelón, Atlántico, para beneficiar a la población afectada por el paramilitarismo.

La JEP deberá analizar la propuesta del empresario David Char. / Archivo

El exsenador David Char Navas estaba siendo procesado por la Corte Suprema de Justicia por recibir supuesto apoyo del frente José Pablo Díaz, del Bloque Norte de las Autodefensas, para su campaña al Congreso de 2002, a cambio de dinero y armas y de comprometerse a apoyar los intereses de ese grupo ilegal desde el Legislativo. Las puertas de la Jurisdicción Especial para la Paz se le abrieron hace menos de dos meses, cuando fue admitido por la Sección de Apelación del Tribunal de Paz. Ahora el empresario entregó a la JEP una propuesta de proyecto agrícola de maíz tierno y ají dulce para reparar a las víctimas y apoyar a la población afectada por los paramilitares.

La iniciativa, conocida por El Espectador, busca cumplir con el régimen de condicionalidades que implica acogerse a la JEP y que incluye diseñar un plan de reparación, contribuir al esclarecimiento de la verdad y no repetir las conductas que se le endilgan. En este caso, busca que Char reciba los beneficios del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Para ello, Char asegura que la cooperativa contaría con el apoyo de la empresa privada y de la cadena de almacenes de su familia en la costa Atlántica, pues, como se sabe, proviene de una familia de poder en Barranquilla. Su tío es Fuad Char, exsenador y padre del alcalde la ciudad, Alejandro Char.

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El proyecto se ubica en la zona de Repelón (Atlántico) un municipio que sufrió la expansión del Bloque Norte de las Autodefensas a finales de los años 90 y comienzos del 2000. Entre los hechos violentos que marcaron la región está la masacre de cinco personas, a martillazos, en la vereda La Pita el 31 de diciembre 2000, que generó el desplazamiento de sus habitantes; así como el homicidio de dos personas que regresaron el 30 de septiembre de 2003, que provocó un desplazamiento que dejó a la vereda como un territorio fantasma. De acuerdo con Char, ese lugar era estratégico por ser la entrada al departamento desde el canal del Dique y el río Magdalena.

En ese contexto, agrega el exsenador, él y otros empresarios habrían actuado con “ignorancia deliberada”, frente a las acciones del Frente José Pablo Díaz; es decir que no preguntó lo que debía preguntar sobre lo que pasaba en la región. Por ello, la propuesta busca beneficiar al menos a 200 familias de la zona en la que se practica principalmente agricultura, ganadería y pesca artesanal. La idea es adquirir predios, dar asistencia técnica, capacitación, generar empleo y asegurar la comercialización de maíz tierno y ají dulce. Haciendo un informe técnico y estudios de mercado, la propuesta de cooperativa parece un modelo de negocio para la reconstrucción de los proyectos de vida que se vieron afectados por la violencia generalizada.

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La cooperativa tendría un esquema organizacional con participación del propio Char y propone la presencia de la JEP en una junta de vigilancia “para la selección de las familias que serán acogidas y para la interventoría sobre la ejecución de los recursos y el cumplimiento de los principios rectores de la reparación”. Para garantizar la viabilidad del proyecto, el empresario analizó la oferta mundial de ají, asegurando que China, México y Turquía son los mayores productores. “El 30 % de la producción de ají está destinada al mercado internacional, pues de los 3,2 millones de toneladas que produce México, un millón se destina al comercio exterior, cuyo consumo para 2030 se prevé en ocho millones de toneladas”.

La propuesta afirma que en el país hay cerca de 4.500 hectáreas de ají cultivado, “con una producción de 29.000 toneladas en 2016”, especialmente en el Valle y en el Atlántico, ya que el producto necesita realizarse en alturas inferiores a los 1.000 metros sobre el nivel del mar y con temperaturas entre 25 y 35 grados. Por el lado del maíz, la propuesta es que el sector podría aumentar de 162.000 a 375.000 hectáreas “para cubrir el 50 % del consumo nacional”. Al tiempo, asegura que la demanda de este producto “no alcanza a ser cubierta”, por lo cual se ha optado por importarlo y a tratados de libre comercio. “Esto supone una amenaza para los productores nacionales que buscan competir con los esquemas subsidiados de producción norteamericana”, detalla el documento.

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La idea de Char es que se consolide una cooperativa que parta de un aporte inicial, con una población beneficiaria, y se puedan vincular empleados para ejecutar un cronograma de inversiones y actividades (que se detalla en el documento), así como garantizar la disponibilidad de recursos financieros y estratégicos. Incluso, detalla una expectativa de rentabilidad en tres años y un esquema de gastos por semillas, abonos, fungicidas y una nómina tentativa. “Con la destinación de tres hectáreas para el cultivo de maíz tierno y por el corto plazo para la cosecha, en un año se podría generar lo equivalente a doce hectáreas con unas utilidades cercanas al 50 % cada año”, expone la propuesta.

La iniciativa incluye el diseño de un logo para la cooperativa y contaría con una estrategia de marketing. Además incluye la construcción y puesta en marcha de una institución educativa en la zona de influencia del proyecto, con énfasis en la primera infancia. Para poner todo en marcha, Char asegura que se necesitan $251 millones, que saldrían de su bolsillo y de los cuales 121 estarían destinados a la construcción y dotación de la escuela. La inversión para el cultivo de maíz tierno, incluyendo el terreno, el capital de trabajo, la dotación y el centro de acopio, sería de $49 millones, y $79 para el de ají. Se necesitaría además una planta de 55 personas para el cultivo de maíz, en todas sus fases, y de 74 para el de ají.

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“Se plantea llevar a cabo el plan de inversiones de la construcción del centro educativo y cultivos de la siguiente manera: en un intervalo de cinco meses se realizarían los aportes, donde los primeros $128 millones corresponden en gran parte a la siembra de los cultivos y el excedente aportado para la construcción del centro educativo, de acuerdo a su cronograma de construcción”, agrega la iniciativa. Según Char, una vez iniciada la etapa operativa, el mecanismo de monitoreo estaría a cargo de la JEP. Para el abogado de Char, Mauricio Pava, se trata de “una reparación espontánea y concreta, para que las víctimas y la JEP decidan si es un camino correcto. David Char cree que las responsabilidades históricas de los empresarios, al menos por complicidad pasiva e ignorancia deliberada, los obligan a proyectos de reparación”.

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Alejandra Bonilla Mora / @AlejaBonilla

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