Las obsesiones de la extradición: 1979-2019, cuatro décadas de pulso político y jurídico

Desde los tiempos del terrorismo y los capos adueñándose del país, hasta los debates actuales en torno a la JEP, la memoria de la aplicación de esta figura jurídica en Colombia plantea un capítulo aparte en las relaciones con Estados Unidos.

En diciembre de 2004, el jefe guerrillero Simón Trinidad fue extraditado a Estados Unidos. Aún está preso en una cárcel norteamericana. Reuters

Hace 40 años, cuando Estados Unidos y Colombia suscribieron el tratado de extradición, era evidente que las rutas del narcotráfico ya pasaban por la esquina noroccidental de América del Sur. En 1971, el presidente Richard Nixon había declarado las drogas enemigo público número uno de Estados Unidos y, dos años más tarde, nació la DEA, que tuvo amargo estreno en el país. El primer jefe del Departamento Antinarcóticos, el cubano norteamericano Octavio González, fue asesinado en diciembre de 1976 en su oficina en Bogotá.

“Fue un acto de delincuencia común”, comentó el embajador Phillip Sánchez, y del tema no se volvió a hablar. Años después, en su libro Los jinetes de la cocaína, el periodista Fabio Castillo aseguró que se había involucrado con narcotráfico. Lo cierto es que, en 1977, cuando llegó Diego Asencio como nuevo embajador, tras las elecciones que dejaron como presidente a Julio César Turbay, el diplomático se despachó con una opinión que armó revuelo: “Los narcotraficantes colombianos son tan fuertes en poder financiero, que podrían tener su propio partido”.

No estaba lejos de la realidad. Era la época de la bonanza marimbera y de la primera guerra entre los carteles colombianos en las calles de Miami y Nueva York, con protagonismo de Griselda Blanco, llamada La viuda negra. El tratado de extradición entre los gobiernos de Julio César Turbay y Jimmy Carter se firmó el 14 de septiembre de 1979, pero solo hasta octubre de 1980 quedó lista la ley aprobatoria (Ley 27) que firmaron los presidentes del Senado, Hernando Turbay, y de la Cámara, José Ignacio Díaz Granados, y terminó sancionando el ministro delegatario Germán Zea.

En ese momento había asumido como presidente de Estados Unidos Ronald Reagan, quien adoptó la guerra contra las drogas como prioridad. En Colombia entró a gobernar en 1982 Belisario Betancur, que de entrada se mostró en desacuerdo con la extradición. De hecho, en octubre de 1983, pese a que la Corte Suprema rindió concepto favorable para que fueran extraditados los dos primeros colombianos requeridos por la justicia norteamericana, el gobierno Betancur las negó invocando el principio de la territorialidad absoluta, es decir, la competencia de las autoridades colombianas para juzgar a sus nacionales antes de enviarlos.

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En ese momento ya el ministro de Justicia, Rodrigo Lara, había emprendido su ofensiva contra el narcotráfico, y la Corte había respaldado la ley aprobatoria del tratado. Por eso, la negativa del gobierno Betancur cayó como un baldado de agua fría a Estados Unidos, que esperaba que Colombia le entregara cuanto antes a los más resonantes mafiosos. Tras el asesinato de Lara en abril de 1984, Betancur cambió su postura con un anuncio histórico: “Alto ahí, enemigos de la humanidad entera. Colombia entregará a los delincuentes solicitados por la comisión de delitos en otros países para que se les castigue de manera ejemplar”.

Al tiempo que comenzaron a ser capturados 13 extraditados en la era Betancur, no faltaron los escándalos. Primero, cuando trascendió que los narcos habían propuesto al Ejecutivo una fórmula de rendición que tuvo como emisarios al expresidente Alfonso López y al procurador Carlos Jiménez; y después, porque en 1984 fueron capturados en Madrid Jorge Luis Ochoa y Gilberto Rodríguez, pero en vez de que se permitiera su remisión a Estados Unidos, Colombia los pidió y, tras su regreso al país, fue asunto de días para que quedaran en libertad.

Los narcotraficantes pasaron a autodenominarse extraditables y, además de su violencia, convirtieron en objetivo prioritario tumbar la ley aprobatoria. “Si el tratado no cae, derrumbaremos la estructura política de la nación y ejecutaremos a magistrados y miembros de sus familias. Estamos dispuestos a morir, preferimos una tumba en Colombia a un calabozo en Estados Unidos”, notificaron al país. El 6 de noviembre de 1985, el M-19 se tomó el Palacio de Justicia, y en el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas murieron 11 magistrados de la Corte Suprema.

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Un año después, a finales de 1986, la nueva Corte echó abajo la ley aprobatoria porque no había sido sancionada por Turbay, sino por su ministro delegatario. Un error de forma que puso en apremios al gobierno de Virgilio Barco, que no vio otra salida que asumir que, si lo que se necesitaba era su firma, lo hacía para salvar el escollo. Ese esguince jurídico se llamó Ley 68 de 1986. Un año después la tumbó la Corte por falta de trámite legislativo. Sin embargo, con esa norma, en febrero de 1987, fue posible extraditar a Estados Unidos al primer capo: Carlos Ledher.

La guerra de los extraditables causaba estragos y, antes de dejar su cargo en Bogotá, el diplomático Lewis Tambs acuñó el término “narcoguerrilla”, para advertir como, en algunas regiones de Colombia, las Farc, a través del cobro del gramaje, habían convertido la coca en el combustible de sus finanzas. Hacia 1988, cuando Pablo Escobar, Rodríguez Gacha, sus socios y secuaces desataban la violencia en asocio con el paramilitarismo, a instancias del embajador Thomas McNamara, Estados Unidos hizo saber a Colombia que estaba dispuesto a enfrentar con todas sus armas a los narcotraficantes.

Desde su discurso de posesión lo ratificó el nuevo presidente de EE. UU., George Bush, cuando anunció la creación de la oficina del zar antidrogas y luego la Estrategia Andina contra las Drogas, con el concurso de Colombia, Perú y Bolivia. Cuando Bush rubricó el que llamó el “primer cartel antidrogas mundial”, Colombia empezaba a sufrir la pesadilla del narcoterrorismo. Ante la insistencia de Estados Unidos para que fueran extraditados Escobar y sus socios, la respuesta de los extraditables fueron los crímenes selectivos, las masacres, los carros bombas.

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En 1990, cuando asumió la presidencia César Gaviria, la prioridad era frenar esa barbarie, y su fórmula fue impulsar una política de sometimiento a la justicia para apaciguar a mafiosos a cambio de jugosas rebajas procesales y la no extradición. Primero fue el Decreto 2047 que los narcos desecharon. Con nuevas dádivas, le siguió el Decreto 3030, que permitió a varios traficantes saldar sus cuentas judiciales con laxas penas. Pero a Escobar no lo convenció y vino el Decreto 303 de 1991, hecho a su medida. El 19 de junio, la norma le permitió ser recluido en una cómoda cárcel.

El mismo día que Escobar llegó a la cárcel de La Catedral en Envigado para seguir delinquiendo junto con sus sicarios, la Asamblea Constituyente prohibió la extradición de nacionales. Rotunda victoria de los narcotraficantes y desconcierto en Estados Unidos. Como constancia histórica, el delegatario Antonio Galán entregó un documento reseñando, nombre por nombre, los centenares de víctimas del narcoterrorismo. Sin embargo, entre la mayoría de colombianos prevalecía un sentimiento de alivio porque ya no había carros bombas y Escobar estaba a buen recaudo.

Una calma chicha que se rompió en julio de 1992, cuando Escobar se fugó de La Catedral y reemprendió su ofensiva terrorista. Entonces Gaviria no encontró otra ruta que pedir auxilio a Estados Unidos. El FBI y la DEA concurrieron con un sofisticado equipo tecnológico que fortaleció el comando élite creado para acabar con el capo. Esa tecnología, más allá de Los Pepes (perseguidos por Pablo Escobar), fue clave para desmantelar al cartel de Medellín y dar de baja a Escobar en diciembre de 1993. Cuando pasó la euforia, el gobierno sacó a relucir su plan complementario.

(Columna del exministro de Justicia, Yesid Reyes, en El Espectador: El “mico” de la extradición)

Con el respaldo del Congreso sacó adelante la Ley 81 de 1993, que volvió permanente la política de sometimiento a la justicia. Y meses después expidió el Decreto 356 de 1994, que, en el contexto del Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, permitió la creación de las Cooperativas de Seguridad Rural (Convivir). En adelante, sin extradición a la vista, el narcotráfico quedó con dos sendas confiables. La primera, para insistir en el “outlet” jurídico y borrar sus cuentas judiciales; y la segunda, para adoptar un nuevo ropaje. De la noche a la mañana varios narcotraficantes mutaron a paramilitares o gestores de las Convivir.

En uso de la Ley 81, el fiscal Gustavo de Greiff entró a negociar la posible rendición de los capos de Cali, pero, sin nada a cambio, otorgó los primeros salvoconductos. De inmediato saltó Estados Unidos, argumentó falta de confianza en De Greiff y suspendió su cooperación. El gobierno Gaviria compró la pelea y ayudó a la salida abrupta del fiscal a través de una leguleyada, justo en el momento en que ganó la presidencia Ernesto Samper. Con su victoria llegó el escándalo de los narcocasetes, pues su campaña fue señalada de ser financiada por el narcotráfico. Entonces comenzó la crisis del Proceso 8.000 y el desfile de políticos, periodistas o funcionarios a la cárcel por nexos con el narcotráfico.

La presión norteamericana fue total. El saliente director de la DEA en Colombia, Joseph Toft, denunció que el país se había vuelto una “narcodemocracia”, y el nuevo embajador, Myles Frechette, le esgrimió al país la nueva fórmula de Washington: descertificar a Colombia por su apatía en la lucha contra las drogas. Tras una larga crisis judicial y política, Samper fue absuelto por el Congreso, pero Estados Unidos lo dejó sin visa. Colombia volvió a ser descertificada y se sumó la Ley Clinton para cerrarle el paso a toda asociación económica con dineros de la droga.

Al final la presión fue tan intensa, que a Samper no le quedó otra opción que impulsar una ley de extinción de dominio de bienes ilícitos con carácter retroactivo y una reforma constitucional que, a finales de 1997, revivió la extradición. Dos años después el gobierno de Andrés Pastrana autorizó el envío del primer extraditado, y de ahí en adelante se activó el carrusel. La operación Milenio, con casi 20 extraditados, fue el preámbulo, y luego fue creciendo la lista. De manera complementaria, como los diálogos de paz con las Farc en una zona desmilitarizada de 42.000 kilómetros cuadrados no prosperaron, Pastrana optó por su segunda opción: el Plan Colombia.

Después del ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York y ya con la era de George W. Bush a bordo, el esquema quedó servido para que, a partir de 2002, el gobierno de Álvaro Uribe, en estrecha alianza con Estados Unidos, desplegara su ofensiva. Al tiempo que se multiplicaron las extradiciones, el Plan Colombia permitió que su política de Seguridad Democrática usara la ayuda norteamericana. De nuevo la tecnología, sobre todo aérea, marcó la diferencia. La asesoría norteamericana, británica e israelí les permitió a las Fuerzas Armadas darle una vuelta de tuerca al conflicto.

Entretanto, con diferencia de escasos meses, Estados Unidos se jugó sus cartas en dos planos alternos. De un lado pidió en extradición a los principales jefes del paramilitarismo que ya adelantaban un accidentado proceso de paz con el gobierno Uribe; y del otro, estructuró un dossier judicial para pedir también en extradición a los 50 principales jefes de las Farc. De rebote, con pruebas recaudadas de afán, el que terminó extraditado en 2004 fue el jefe guerrillero Simón Trinidad, quien sigue preso en una cárcel norteamericana. En medio de los abismos de la negociación con las autodefensas, en mayo de 2008 llegaron a acompañarlo 14 jefes del paramilitarismo, también extraditados.

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Con este largo historial, cada vez más prolífico en extradiciones, la mayoría por narcotráfico, era lógico que desde que se inició el proceso de paz entre el gobierno Santos y las Farc en 2012, la figura jurídica se convirtiera en un inamovible de las Farc. El asunto terminó en que, para no repetir la experiencia de Justicia y Paz de la era Uribe y evitar que con la extradición se afectara el derecho de las víctimas a conocer la verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada en los diálogos de La Habana, quedó con potestad de suspender los trámites de extradición de sus acogidos si está en juego la verdad.

La parte crucial del trasfondo que hoy se expresa en las discusiones políticas, a raíz de las objeciones presidenciales del gobierno Duque a seis normas de la ley estatutaria de la JEP. Tan claro que, al final del debate en el Congreso, los aliados del Ejecutivo ya no peleaban sino por dos, directamente relacionadas con la extradición y los colados del narcotráfico. Un pulso político y jurídico ahora en manos de la Corte Constitucional, que tendrá encima la lupa y la presión del gobierno Duque y sus aliados, de la oposición y, por supuesto, del gobierno de Estados Unidos.

Un atolladero que, sin perder de vista la historia, no puede omitir que Colombia ha vuelto a tener un peligroso crecimiento de cultivos de coca, razón por la que el gobierno de Donald Trump, en su habitual estilo sin matices, no tiene reparo en fustigar públicamente a sus “aliados”. Solo que ya no son los tiempos de Carlos Ledher, condenado a cadena perpetua. Ahora la realidad es otra, y la consigna es que los extraditables prefieren una cárcel en Estados Unidos. El ejemplo es Juan Carlos Sierra, paramilitar extraditado que pagó escasos seis años de cárcel y hoy disfruta su riqueza en Estados Unidos, lejos de la verdad que prometió.

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Redacción Politíca

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