Los desafíos de la JEP, según el ICTJ

Desde mayor visibilidad ante la opinión pública hasta celeridad en la creación del mecanismo de monitoreo de las sanciones de quienes sean juzgados hacen parte del paquete de sugerencias que el Centro Internacional de Justicia Transicional le hizo a la JEP en el balance de su primer año.

María Camila Moreno, directora del ICTJ.Cristian Garavito

En medio del balance del primer año de la Jurisdicción Especial para la Paz, María Camila Moreno, directora del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en inglés), realizó una intervención en la que enumeró los principales desafíos que deberá enfrentar la JEP en los próximos años. 

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Moreno reconoció el esfuerzo del país de poner en marcha esta jurisdicción en menos de 10 meses, en medio de un debate político intenso. “La mayoría de los tribunales híbridos en el mundo han tardado más de un año. Por ejemplo, el Tribunal de Timor de L´Este fue creado en junio de 2000 y empezó su funcionamiento en mayo de 2005 y el Tribunal para el Líbano fue creado en 2007 y empezó su funcionamiento en 2009”, agregó.

El principal reto, según la directora del ICTJ, es la visibilidad y legitimidad de la JEP ante el país. Para ello, es importante hacer claridad sobre su operación. Por ejemplo, explicar hasta el cansancio que no es cierto que la jurisdicción no sancione a los responsables de crímenes internacionales en el marco del conflicto armado, sino que otorga tratamientos penales especiales condicionados a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Para ICTJ, es clave que la JEP explique sea clara en su propósito de investigar, juzgar y sancionar a todos los actores del conflicto, aunque la firma del Acuerdo de Paz haya sido con las FARC-EP.  “Para garantizar el derecho a la justicia de todas las víctimas del conflicto armado y lograr una verdad judicial completa es fundamental la comparecencia otros actores clave en el conflicto como los desmovilizados de las antiguas AUC y civiles que participaron en las acciones criminales ocurridas en el marco y con ocasión del conflicto armado”, aseguró Moreno, quien considera que de esta manera reduciría la impunidad en Colombia.

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La directora también trazó unos retos puntuales a algunas de las salas. A la Sala de Reconocimiento, por ejemplo, le sugirió resoluciones de conclusiones en el término de un año, pues la opinión pública y las víctimas esperan resultados en el corto y mediano plazo. También, advirtió tener cuidado sobre “un eventual colapso de la operación de las salas y secciones por el empleo excesivo de recursos y tutelas ante a la JEP”.

Otro de los desafíos importantes, de acuerdo con el ICTJ, es que la Sala de Amnistía o Indultos oriente sus decisiones con base en los estándares internacionales de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional. Según esta organización internacional, la amnistía más amplia posible “no sólo honra el compromiso del Pacta Sunt Servanda, sino que le permite a la jurisdicción evacuar un número importante de comparecientes para concentrarse en quienes tuvieron participación determinante en los hechos más graves y representativos”.

Por último, Moreno hizo un llamado de atención para identificar de dónde provendrán los recursos para llevar a cabo las sanciones restaurativas en los territorios y para garantizar la subsistencia de los comparecientes en el cumplimiento de las sentencias. Por supuesto, eso obliga a la JEP, la Misión de Naciones Unidas y al Gobierno Nacional a gestionar el diseño y puesta en marcha del mecanismo de monitoreo, vigilancia y verificación del cumplimiento de las sanciones.

Moreno insistió en que, mediante sus decisiones y funcionamiento, la JEP deberá contribuir al restablecimiento de los valores de la sociedad destruidos durante décadas de conflicto. Para ello, necesitará revalidar el papel de las instituciones como un recurso legítimo para la resolución pacífica de conflictos.

 

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