Objeciones del presidente Duque a la JEP: más políticas que de conveniencia

Un primer análisis a las objeciones que presentó el presidente a la Jurisdicción Especial de Paz señala que sí genera un choque de trenes y que busca debilitar este tribunal especial de paz.

Expresidente Álvaro Uribe junto al presidente Iván Duque. / SIG

Si bien la Justicia Especial para la Paz (JEP) puede seguir funcionando por mandato constitucional, las objeciones que presentó el presidente Iván Duque anoche paralizan de momento la aplicación integral de la ley estatutaria, que detalla y aclara los procedimientos de este tribunal especial.

El presidente Duque objetó seis de los 159 artículos de la estatutaria de la JEP y anunció que presentará una reforma constitucional para modificar el acto legislativo 01 de 2017, que le da vida a la Jurisdicción Especial de Paz. En ese sentido, la ley deberá volver al Congreso y es posible que pase de nuevo por la Corte Constitucional para su revisión.

“Mientras se surte el trámite en el Congreso, seguiremos operando con lo que tenemos”, señaló la presidenta de la JEP, Patricia Linares.  Mientras se da el desgaste de un nuevo trámite, la JEP deberá seguir con su misión de sancionar los crímenes más graves del conflicto armado. Y lo hará, aunque las objeciones a la estatutaria, promovidas por el expresidente y senador Álvaro Uribe y el fiscal Néstor Humberto Martínez, generan un sentimiento de inseguridad jurídica tanto para los 1.958 miembros de la Fuerza Pública que se han sometido a la JEP, como para los cerca de 3.500 excombatientes de las Farc que están en este tribunal.

De hecho, para Juan Carlos Ospina, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas, no es claro que las seis objeciones que explicó el presidente Duque realmente sean de conveniencia, ya que se refieren a asuntos que ya definió la Corte Constitucional en la estatutaria o en la sentencia en la que declaró constitucional el acto legislativo que le dio vida a la JEP. Por eso, Ospina sugiere que el Congreso debería consultar a la Corte Constitucional si debe o no debatir estos asuntos por razones de conveniencia, antes de empezar el trámite.

“El presidente Duque señala que no se trata de generar un choque de trenes con la Corte Constitucional pero sí está controvirtiendo al alto tribunal constitucional en esta y otras decisiones ya contenidas en la Constitución. Por ejemplo, es el caso de la reparación de las víctimas, incorporados ya en el acto legislativo 01 de 2017. Curiosamente, durante la renegociación con los líderes de la oposición al acuerdo de paz, fueron ellos quienes quitaron las medidas de reparación personales de bienes y activos", dijo Ospina y  expresó que la sorpresa fue la reforma constitucional pero los tres aspectos ya fueron definidos por la Corte Constitucional como inconstitucionales. "La reforma anunciada al acto legislativo trata de revivir dos contenidos ya declarados inexequibles por la Corte Constitucional, incorporándolos a la Constitución, y plantear un debate penal (innecesario) sobre los delitos de ejecución instantánea, permanente o continua".

Al respecto, María Camila Moreno, directora del Centro Internacional de Justicia Transicional (Ictj por sus siglas en inglés) considera, primero, que la objeción sobre la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables, es grave y afectaría principalmente a los militares. Esto significa que quedaría sin efectos la selección y priorización de casos y todos los responsables de delitos graves, así no sean máximos responsables, tendrían que ser juzgados. “Si la renuncia a la persecución penal queda sin efectos (y estaba pensada sobre todo para los militares) podría conducir a un colapso del tribunal por el número de casos que llegarían como ocurrió en Justicia y Paz”, señaló Moreno.

Sobre la reforma constitucional, Moreno afirmó que era de esperarse porque los puntos que quiere cambiar el presidente Duque ya no están en la ley estatutaria, porque fueron declarados inconstitucionales por la Corte. “El asunto es que difícilmente tendrá mayorías en el Congreso para que le aprueben esto. La salida del Presidente parece ser más un hecho político para cumplirle a su partido en torno a reabrir el debate sobre la JEP, buscando, claro, su debilitamiento”, concluyó.

Si quiere saber más de la ley estatutaria, le invitamos a ver este video:

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