Procuraduría pide la captura de 'El Paisa' en audiencia en la JEP

Mónica Cifuentes, procuradora delegada ante la Jurisdicción Especial para la Paz, aseguró que el indudable incumplimiento con la verdad y las víctimas de Hernán Darío Velásquez no puede justificarse por problemas de seguridad.

Mónica Cifuentes, procuradora delegada para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Cortesía JEP

“No hay duda de la falta de voluntad de Hernán Darío Velásquez- conocido como ‘El Paisa’- de comparecer a ante la JEP”. Con este argumento, la procuradora delegada ante la Jurisdicción Especial para la PAZ (JEP), Mónica Cifuentes, le pidió a los magistrados de la Sala de Reconocimiento, en medio de la audiencia que busca esclarecer el futuro del exjefe guerrillero, capturar al 'El Paisa' para que comparezca ante esta jurisdicción y cumpla con los compromisos adquiridos con las víctimas.  

La delegada también pidió que el caso lo asuma la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, en vista de que violó el principio de la centralidad de las víctimas y desde hace más de seis meses se desconoce su paradero. "Faltar a la verdad no significa simplemente mentir o no dar la información completa. Faltar a la verdad también se configura por omisión", agregó la funcionaria. 

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Para el Ministerio Público, Velásquez Saldarriaga debe cumplir con sus compromisos, teniendo en cuenta de que al acogerse al proceso de paz se le levantó más de 28 órdenes de captura, algunas de ellas con fines de extradición, y se le otorgó amnistía a sus delitos políticos. Eso sin contar con su libertad condicionada y su renta mensual. De no ser así, más adelante podrá perder estos beneficios. 

La Procuraduría insistió en que los argumentos de falta de seguridad personal y jurídica que expuso la defensa no son suficientes para justificar el comportamiento reprochable en contra de las víctimas y la verdad. Asimismo, agregó en que el excombatiente debió reportar en su momento estos problemas ante la JEP, para que junto a esta se buscaran mecanismos o salidas para su protección. 

Cifuentes enunció, una a una, las faltas: desde su no comparecencia a rendir versión voluntaria, pasando por la ausencia de reportes de su paradero hasta la falta de entrega de informes. También resaltó que haya abandonado el ETCR de Miravalle, Caquetá, en julio del año pasado, donde adelantaba y lideraba proyectos de reincorporación. “Su ausencia ha afectado el desarrollo de los proyectos por su liderazgo. Abandonar el ETCR debe considerarse como una circunstancia relevante a la hora de que los magistrados evalúen el incumplimiento”, agregó la funcionaria.

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Además, la procuradora delegada le aseguró a los magistrados que, de acuerdo con los informes de las entidades, no se logró comprobar que el exguerrillero se haya rearmado o haya contribuido en la confirmación de nuevos grupos armados ilegales. En este punto, la procuradora llamó la atención al Ministerio de Defensa por el precario informe entregado a la JEP y a la Procuraduría. Insistió que el documento “dista mucho de ser un informe de inteligencia: “Esta delegada extraña el procesamiento, el análisis de la información recolectada”.

Cabe mencionar que no es la primera vez que la Procuraduría hace la solicitud de orden de captura de Velásquez Saldarriaga. El ente de control le había solicitado a la justicia, a través de un concepto radicado en los primeros días de abril, su medida de aseguramiento por los evidentes incumplimientos. 

En las instalaciones de la Jurisdicción Especial para La Paz se realiza la audiencia en la que los magistrados de la Sala De Reconocimiento que decidirán si Hernán Dario Velásquez debe perder los beneficios que le ha otorgado el acuerdo de paz, ante los continuos incumplimientos ante esta justicia transicional.

A Hernán Darío Velásquez, más conocido en la guerra como ‘El Paisa’, se le abrió en octubre de 2018 un incidente de incumplimiento por las tres ocasiones en las que faltó a sus compromisos con la Jurisdicción Especial para la Paz, que todo exguerrillero adquiere al firmar el acta de sometimiento a la JEP para aportar con la verdad, justicia y reparación a las víctimas del conflicto armado.

 

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