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El 28 de septiembre de 1996, hombres armados sacaron a la fuerza de su casa en Pelaya (Cesar) a Eliseo y Éder Narváez Corrales. Integrantes de grupos paramilitares asesinaron a uno de ellos allí mismo y al otro a la orilla de la carretera. Ambos eran líderes de un grupo numeroso de campesinos que habían sido desplazados de la hacienda Bellacruz en febrero de ese año, un extenso predio situado en el sur del departamento, entre los municipios La Gloria, Tamalameque y Pelaya, y el cual ha sido el escenario de una larga confrontación por el acceso a tierras en el país. Por este crimen, la Fiscalía acusó al teniente en retiro Édinson Ladino Barbosa.
Fueron varios los actos de violencia vividos en la región. De acuerdo con un informe del CTI, el 14 de febrero de 1996 grupos de personas vestidas de civil y con uniformes del Ejército y la Policía ingresaron violentamente en las haciendas Santa Inés, Bellacruz y del Bohío, de propiedad de Carlos Arturo Marulanda. Intimidaron a quienes vivían allí para que abandonaran las parcelas, los golpearon y les quemaron sus ranchos y sus pertenencias. Luego, antes del asesinato de los hermanos Narváez, su sobrino menor de edad Wílmer Amaris Rodríguez fue torturado y obligado a decir en dónde se encontraban sus tíos. El caso fue declarado de lesa humanidad en agosto de 2018.
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La Fiscalía 46 Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos acusó al teniente Ladino Barbosa por los delitos de homicidio múltiple agravado, concierto para delinquir y tortura, y señaló que las omisiones en sus funciones permitieron la tortura del joven Rodríguez y los homicidios de los hermanos Narváez. De acuerdo con el documento de 37 páginas conocido por El Espectador, Ladino hizo parte de un contubernio de la Policía y el Ejército con grupos de autodefensa que operaban en la finca Bellacruz, según los testimonios aportados en el proceso.
La entidad acreditó, mediante minutas de guardia y las anotaciones del libro de Poligramas, que el entonces teniente estaba en labores en la estación de Pelaya el día del crimen. Además tuvo en cuenta los testimonios de civiles y del propio Wílmer Rodríguez, que indicaban que el joven fue sacado a la fuerza de su casa y en camino hacia la finca ubicada en la vereda La Cabaña sus captores hablaban de la Policía de Pelaya y Curumaní en el Cesar como personas que les colaboraban. “Llegamos frente a la policía y uno de ellos entró”, dice parte del testimonio. A este se suma el del paramilitar Alfredo Ballena, alias Rancho, quien relató que primero fue asesinado Eliseo y luego Éder Narváez.
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“Estábamos en la finca Bellacruz, donde operaba el grupo de autodefensas (...) De ahí se salió a hacer la operación a Pelaya con conocimiento de la Policía de Pelaya. En ese momento era el teniente Ladino”, dice el testimonio de Ballena citado por la Fiscalía. Para la entidad, el testigo ha sido constante en sus declaraciones después de tantos años. El ente investigador aseguró que “sin su concurso en la ‘operación’ de los ejecutores directos ya para torturar a Wílmer o para dar muerte a Eliseo y a Éder no se hubiese materializado (…) La conducta del señor Ladino va más allá de la mera acción por omisión, como que su pertenencia al grupo ilícito era voluntaria”.
De acuerdo con la Fiscalía, las pruebas del caso acreditan que “la asistencia de la fuerza pública a los paramilitares era permanente”. Y que, de acuerdo a lo dicho por Ballena, el día de los homicidios los paramilitares hicieron patrullaje en la zona sin problema alguno. De hecho, el paramilitar declaró que presenció reuniones que habría tenido el teniente Ladino con los comandantes del grupo ilegal y el entonces alcalde de Pelaya. Todo esto, en últimas, dijo la Fiscalía, terminó “garantizando” la integridad de la finca Bellacruz. En el proceso, el teniente retirado Ladino aseguró enfáticamente ser inocente.
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Según su versión, fue destinado a Pelaya para darle seguridad a las personas desplazadas de Bellacruz: “Mi función fue verificar en el casco urbano que eso se hiciera (…) Mientras estuve en la zona nunca se realizó operativo alguno con grupos delincuenciales, por el contrario, si usted revisa mi hoja de vida va a encontrar operaciones contra la guerrilla y contra las autodefensas”. Ladino además negó haber conocido a la familia Marulanda. “Soy totalmente inocente. En mi vida no he matado ni torturado ni desplazado a ninguna persona”, agregó.
Ladino, capturado el 10 de agosto de 2018, pese a tener una medida de aseguramiento desde julio de 2014, manifestó su sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz y pidió la libertad provisional. La Fiscalía negó la petición porque no cumple con los requisitos de llevar cinco años preso, actualmente está en el carcelario de la Policía en Facatativá, Cundinamarca. En ese sentido, el teniente seguirá detenido. El abogado de las víctimas Eduardo Carreño, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, destacó que Ladino aún no ha hecho una manifestación de verdad.
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Los hermanos Carlos Arturo y Francisco Marulanda están vinculados en el expediente por el desplazamiento forzado, el segundo ya rindió indagatoria, mientras que el primero no lo ha hecho y se encuentra en el exterior. En este caso el jefe paramilitar Juan Francisco Prada, alias Juancho Prada, admitió que los hermanos Marulanda le pagaron para desplazar a 64 familias. Las investigaciones continúan en este emblemático caso que remonta a los años 40 cuando Alberto Marulanda Grillo compró casi 100 hectáreas entre los municipios de La Gloria, Tamalameque y Pelaya.
Ya para finales de los 50 la propiedad había duplicado su extensión y en 1969, en desarrollo de un debate político en el Congreso, trascendió que la hacienda Bellacruz había vendido al Estado algunos terrenos con fines de reforma agraria con evidentes sobrecostos. Aunque hubo una disputa política en el momento, la controversia no se resolvió y continuó en una nueva generación con Carlos Arturo Marulanda Ramírez, hijo del primer Marulanda, quien en 1998 fue nombrado ministro de Estado.Los campesinos volvieron a apelar la ocupación y la respuesta fue el desalojo.
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El expediente que fue declarado de lesa humanidad también incluye el crimen del docente Jaime Laguna, el 8 de mayo de 1996 y la muerte violenta de Diosenel, Dinael y José del Carmen Toscano. También sobrevino el ataque de hombres armados contra familias campesinas asentadas en la hacienda, en mayo de 1997, acompañado de atropellos. Para ese entonces Carlos Arturo Marulanda era embajador en Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea, aunque renunció en noviembre de 1997. Si bien se ordenó la detención en enero de 1999 y fue capturado en 2001 en España y extraditado a Colombia, fue absuelto por la Fiscalía de Luis Camilo Osorio.