Así se proyecta la justicia transicional para 2020

Patricia Linares, presidenta de la JEP; Luz Marina Monzón, directora de la UBPD, y Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad. / Gustavo Torrijos

Después de superar asuntos como la creación del marco jurídico, en el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), o la asignación de presupuesto, montaje institucional y despliegue de equipos territoriales, en el caso de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), las tres instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición empezaron a arrojar, durante 2019, los primeros resultados visibles para la ciudadanía.

La JEP, por ejemplo, produjo 16.500 decisiones judiciales entre las que se destacan la apertura de siete macrocasos que intentan abordar los hechos más graves cometidos durante el conflicto, además de adelantar las primeras audiencias (77 durante el año) con la participación de víctimas y responsables, y emitir medidas cautelares para proteger lugares con presencia de cuerpos de personas no identificadas.

La Comisión cumplió su primer año de funcionamiento, durante el cual desplegó sus equipos regionales en 22 Casas de la Verdad, en las que adelantaron la primera fase de escucha en los territorios. En desarrollo de esa labor se realizaron cuatro encuentros de reconocimiento, seis audiencias de no repetición y se recogieron cerca de 6.000 testimonios.

Por su parte, la UBPD hizo su despliegue territorial en 17 zonas del país y empezó la construcción del Plan Nacional de Búsqueda y de los planes regionales, además de los pilotos de identificación de cuerpos que están represados en Medicina Legal que se hicieron en Nariño, Norte de Santander, Bogotá, Barranquilla y Medellín.

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Estas instituciones también están en proceso de articular sus trabajos, porque aunque la Comisión y la UBPD tienen un mandato extrajudicial, la información que recaude la JEP les será útil para la construcción de sus informes y la búsqueda en las zonas donde estarían los desaparecidos. Por ejemplo, la JEP tiene bajo su jurisdicción a más de 2.300 miembros de la Fuerza Pública, cerca de 9.700 miembros de las Farc y más de cien terceros, que deben contribuir con el esclarecimiento de los hechos del conflicto armado a cambio de beneficios penales. En ese orden de ideas, este 2020 será un año decisivo para seguir en la tarea de la búsqueda de la justicia, la verdad y la reparación a las víctimas. Este será el panorama para las tres entidades.

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas

Esto, según Luz Marina Monzón, directora de la Unidad, era vital para determinar cuáles son las prioridades en las estrategias para sus investigaciones. Por ejemplo, la búsqueda en los pueblos indígenas es completamente distinta y “al momento de formular las estrategias de búsqueda es clave responder a las inquietudes, aportes o necesidades que tienen distintos sectores en relación con la búsqueda. Por ejemplo, la población indígena nos ha pedido que se defina cuántos de los desaparecidos pertenecen a los pueblos indígenas”, dijo Monzón a Colombia 2020. 

Esta institución también debe implementar las acciones de localización para avanzar en los doce Planes Regionales de Búsqueda en Chocó, Meta, Cundinamarca, Cesar, Caquetá, Cauca, Nariño y Antioquia.

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Se prevé que avance también de manera articulada con el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación en la identificación de 25.000 cuerpos que han sido sometidos a estudios forenses en el pasado, pero no han logrado ser identificados. Se considera que estos cuerpos están en esa condición desde 1960 y pueden significar cerca del 25 % de las personas desaparecidas en Colombia. En caso de identificarse, se coordinarán las entregas dignas.

Finalmente, este 2020 quedará conformado el Consejo Asesor de la UBPD, conformado por representantes de víctimas e instituciones, y entrarán en vigor siete sedes adicionales.

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad

Se espera que se propicien espacios públicos de escucha, como el realizado con el expresidente Ernesto Samper en 2019, en el que, en conversación con el padre Francisco de Roux, explicó los orígenes del narcotráfico en Colombia y cómo este se integró al conflicto armado. Se espera que otros expresidentes acudan a este llamado. 

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Se continuarán haciendo los Diálogos por la no repetición, que se desarrollaron en 2019 en torno a una pregunta: ¿por qué sigue asesinando a líderes sociales? Este año se harán en los lugares más apartados y afectados por el conflicto, contrario a lo que sucedió en los pasados eventos, que se hicieron en ciudades principales.Los Encuentros por la verdad también continuarán. Estos actos de reconocimiento, que durante el año pasado fueron para exaltar la valentía de las víctimas de violencia sexual y desaparición forzada, al campesinado y a la niñez, esta vez estarán también enfocados a que participen responsables de los hechos más graves ocurridos durante el conflicto. Uno de estos eventos de reconocimiento se realizará con las víctimas en el exilio.

Respecto a la recepción de informes por parte de instituciones, organizaciones y víctimas, la Comisión seguirá recibiéndolos. Lo esperado es que sean entregados hasta mitad de año, puesto que necesitan ser minuciosamente analizados y sistematizados.

La Comisión debe empezar a trabajar en la redacción del informe final, que debe ser presentado en 2021 y debe contar las afectaciones de la guerra al campesinado, las mujeres, la población LGBT, las comunidades étnicas y la infancia.

Jurisdicción Especial para la Paz

Esas resoluciones implican que la Jurisdicción determinará cuáles de los comparecientes aportaron a la verdad y están comprometidos con la reparación a las víctimas. A ellos les impondrá una sanción propia, que implica la restricción de algunos derechos, aunque no de la libertad en centros carcelarios. Esas sanciones serán impuestas de común acuerdo con las víctimas y serán ellas las garantes de su cumplimiento. A aquellos exguerrilleros o miembros de la Fuerza Pública que no aporten a la verdad y a la reparación les serán aplicadas otro tipo de sanciones. Las salas también deberán presentarle al tribunal la identificación de los casos más graves y representativos. 

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Por otro lado, se espera que la JEP abra otros dos macrocasos para juzgar casos de violencia sexual y desaparición forzada. Este ha sido un reclamo de las organizaciones de víctimas, que además han entregado múltiples informes que documentan casos de estos delitos en diversas regiones y también analizan los contextos en los que sucedieron.

Otro caso que se adelantará será el estudio de la solicitud de medidas cautelares que realizó el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) sobre 17 lugares en Antioquia, Caldas, Magdalena Medio, Sucre y Santander, para salvaguardar lugares donde se encontrarían cuerpos de personas desaparecidas, con el fin de identificarlos y entregarlos dignamente a sus familiares.

Finalmente, los demás casos seguirán en la etapa de versiones voluntarias, sistematización de la información y recepción de informes. Cabe recordar que el año pasado se amplió el plazo, hasta el 15 de marzo de 2021, para que las organizaciones puedan presentar los hechos ocurridos en el conflicto armado.