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Veinticinco años después de que se presentara ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la petición para examinar la responsabilidad del Estado en el exterminio de la Unión Patriótica (UP), la decisión definitiva sobre el caso pasará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este emblemático caso, que fue reconocido como delito de lesa humanidad por la justicia colombiana en 2014, según la Corporación Reiniciar, que presentó la petición, pretende indemnizar a 6.528 víctimas, de las cuales 3.136 fueron casos de asesinato.
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La Unión Patriótica, partido político que surgió en 1985, como resultado de las negociaciones de paz entre el presidente Belisario Betancur y las Farc, fue blanco del ataque sistemático del paramilitarismo, en algunos casos con la complicidad o la connivencia de miembros de las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad. La UP intervino en los comicios electorales de 1986 y 1988, pero la mayoría de sus elegidos fueron asesinados. Entre ellos dos candidatos a la Presidencia, ocho congresistas, 13 diputados, 70 concejales y 11 alcaldes.
A través de la Corporación Reiniciar, la búsqueda de justicia llegó a los escenarios internacionales en 1993. El caso fue admitido por la CIDH en 1997. Aunque se llegó a plantear una solución amistosa en los tiempos del gobierno Pastrana, la iniciativa se rompió durante la era Uribe. Según informó ayer la Agencia Jurídica del Estado, la Comisión Interamericana presentó el informe de fondo sobre este histórico caso y de las declaraciones del organismo oficial se deduce que no salió a favor del Estado.
Aunque el director de la Agencia Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez, no negó ni afirmó el sentido de la decisión de la CIDH, al parecer se reconoce la responsabilidad del Estado colombiano. Sin embargo, la posición del alto funcionario dejó ver que entre las recomendaciones del organismo se incluye reparar individualmente a las víctimas, circunstancia que no cayó bien en el Gobierno. Incluso, Vélez manifestó literalmente que sería una indemnización muy onerosa para las finanzas nacionales.
La postura del Estado es que, de aceptarse su responsabilidad, las medidas de reparación sean de carácter colectivo. Por eso, el Gobierno anunció que el caso será enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que allí sea resuelto. “El Estado tiene la plena confianza de que una solución judicial de este caso permitirá adoptar las determinaciones que en derecho correspondan, sin desconocer los mecanismos de justicia transicional y el proceso histórico que está viviendo el país”, recalcó el director de la Agencia Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez.
Técnicamente, esto implica que el Estado deberá enviar esta solicitud a la CIDH, ya que la Comisión es la única que puede hacer la remisión a la Corte. Entre tanto, las víctimas, representadas por la Corporación Reiniciar tienen un mes de plazo para contestar. Por lo pronto, su directora, Jahel Quiroga, anunció en diálogo con El Espectador que también quieren ir a la Corte IDH.
“Tengo entendido que la Comisión Interamericana declaró la responsabilidad del Estado colombiano por todos los casos que presentamos, y que reconoció que se deben reparar los homicidios, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, el desplazamiento forzado, las amenazas y hostigamientos y las infundadas judicializaciones”, aclaró Quiroga, quien precisó que no conoce el contenido del documento.
“Queremos ir a la Corte Interamericana porque el caso es emblemático para el continente americano. Un Estado democrático de derecho no puede acabar a la oposición política, que es la que valida las democracias. El caso está en la impunidad completa. De los 6.000 casos, la Fiscalía nos reporta 800. Tenemos la obligación ética de insistir en la Corte IDH”, agregó.
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A su vez, el director de la Agencia Jurídica del Estado observó que el organismo valoró el caso de la UP de manera individual y “no como uno colectivo y emblemático en el marco del conflicto armado”. Vélez enfatizó en una rueda de prensa que no es claro cuántas víctimas dejaron los actos de violencia contra el movimiento político y aseguró que “en vez de girarle un cheque a una persona, lo que buscamos es que las reparaciones sirvan para ayudarles a los comunidades”.
“Esta posición desconoce la importancia e idoneidad de los mecanismos de justicia transicional con enfoque de reparación transformadora y colectiva, y en particular el establecimiento, en el Acuerdo de Paz, del deber del Estado de implementar mecanismos de reparación a favor de la UP”. Para Quiroga, las víctimas tienen derecho a la reparación colectiva e individual porque una cosa no excluye a la otra.
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