Alcaldía de Medellín construyó donde se presume hay desaparecidos: fiscal de Justicia y Paz

Nancy Posada, fiscal especializada en Justicia y Paz, se refirió a una urbanización de interés social construida en la Comuna 13, en un lugar donde víctimas y desmovilizados de las AUC denunciaron que habían sido enterrados cadáveres de personas desaparecidas.

Durante el segundo día de la audiencia de la JEP para recaudar información sobre los desaparecidos forzados de la Comuna 13 la Fiscalía, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación respondieron preguntas. / Luis Benavides.

Jorge Enrique Aguilar Rodríguez, excomandante paramilitar de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, acompañó diligencias de la Fiscalía para dar con el paradero de una zona donde se habrían enterrado y ocultado cadáveres de personas que se presume fueron desaparecidas forzadamente en la Comuna 13, en los años 2002 y 2003.

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Pero cuando llegaron a la zona se dieron cuenta de que se estaba construyendo un edificio de interés social. Esto sostuvo Nancy Posada, fiscal 114 especializada de apoyo al despacho cuarto de Justicia y Paz. La intervención de la fiscal se dio durante la continuación de la audiencia pública que realizó la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial de Paz, en el Palacio de Justicia de Medellín, para recaudar información sobre los desaparecidos de la Comuna 13 que les permita evaluar si se deben proteger lugares donde podría haber cuerpos de desaparecidos en esta zona. 

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Y aunque lo refirió como anécdota y ni siquiera dio el nombre u ubicación exacta reviste importancia porque coincide con la versión de las víctimas que por años han denunciado que, a la entrada de La Escombrera, donde se presume fueron ocultados y enterrados cadáveres de personas desaparecidas de la Comuna 13, fue construida una urbanización de interés social que obstaculiza aún más la búsqueda y esclarecimiento de estos crímenes.

Se trata del proyecto de vivienda “Altos de San Juan”, ubicado en la parte alta del barrio San Javier de la Comuna 13 de Medellín, de 558 apartamentos, construido con recursos del Gobierno Nacional y de la Alcaldía de Medellín. Un proyecto que también ha sido fuertemente cuestionado en el Consejo de Medellín y mencionado por la Contraloría en sus informes por problemas de construcción.

De hecho, en la audiencia de la JEP, luego de la intervención de Posada, Luz Elena Galeano, integrante del colectivo de Mujeres Caminando por la Verdad, aseguró que para la época las víctimas ya habían denunciado ese lugar como un sitio de posible enterramiento de cadáveres de personas desaparecidas forzadamente en la Comuna 13.

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“Cuando fuimos por primera vez a La Escombrera con las madres vimos que estaban construyendo un edificio en toda la entrada de la escombrera de la empresa Bioparques, que es un predio privado, ahí abajo existió una zona conocida como El Reversadero, una base paramilitar. Entonces los pobladores decían: por aquí pasaron y por ahí debieron dejar los cuerpos. Esto lo que evidencia es que no hay una política para que antes de construir una obra se verifique si esa es una zona de posible presencia de estos enterramientos”, dijo Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, que acompaña a las víctimas de la Comuna 13.

En la diligencia, Herman Rincón Cuellar, procurador judicial segundo ante la JEP, le preguntó a Paulina Suárez, secretaria de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos, de la Alcaldía de Medellín, qué información tenían sobre “ese edificio de interés social”.

A lo que ella contestó: “Nosotros hoy nos enteramos de esta información. Le pedimos a la Fiscalía que nos haga llegar el documento que sostiene que la Alcaldía de Medellín construyó un edificio de interés social aquí. En nuestros registros tampoco tenemos que las víctimas hayan mencionado ese lugar”.

La condena de Aguilar

Aguilar, fue condenado, en primera instancia, este martes 17 de julio, a 26 años de prisión por el Juzgado Segundo Especializado de Medellín. El tribunal lo halló culpable de los crímenes de Arles Edison Guzmán Medina, Édgar López Celis, Bernardo Aníbal Cañas Ossa, Emey Gregorio Mejía Gómez, Danny Ferney Quiroz Benítez, Blanca Lilia Ruiz Marín, Edwin Antonio Salazar Granda y Jhon Freddy Sánchez Castrillón, quienes continúan desaparecidos.

El paramilitar se declaró culpable de 11 casos de desaparición forzada y homicidio en persona protegida, en la Comuna 13 de Medellín, y confesó que ocho de las víctimas fueron arrojadas en el sector La Arenera.

Hace poco se conoció que la desaparición forzada de Arles Edinson Guzmán Medina es estudiada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sobre el tema, María Victoria Fallon Morales, abogada del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH) que lleva varios de estos casos como representante de víctimas señala que:

“Aguilar es lo que yo llamo uno de los comodines del Estado para mostrar resultados. Fue condenado por la muerte de la lideresa Teresa Yarce para mostrar ante la Corte Interamericana que había investigación. Fue condenado en un proceso diferente por el desplazamiento de la lideresa Luz Dary Ospina también para mostrarlo en el caso ante la Corte. Y ahora lo condenaron por la desaparición forzada de Arles Edison que también va para la Corte IDH. Es cierto que Aguilar tiene responsabilidad en todo por cadena de mando y en mucho como autor material, pero a la Fiscalía no le importa investigar ni móviles, ni autores materiales, ni participación de agentes del Estado, ni les exige que si se responsabilizan de una desaparición forzada digan en dónde está el cuerpo para darles beneficios”.

Aguilar recibía órdenes de Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido como Don Berna y extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, y aceptó su responsabilidad en los asesinatos ocurridos algunos de ellos durante la Operación Orión, en octubre de 2002, cuando según denunció, miembros de la Policía y el Ejército, les entregaban a milicianos y colaboradores para desaparecerlos en La Arenera y La Escombrera.

El excomandante sigue recluido en la cárcel de mediana seguridad del municipio de La Dorada, Caldas y en repetidos momentos pidió, a través de cartas a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, que intercedieran por él en su postulación ante Justicia y Paz, pero el Gobierno Nacional negó su ingreso. Su caso podría ser estudiado por la Jurisdicción Especial de Paz.

*Enviada especial a Medellín.

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Natalia Herrera Durán / @Natal1aH*

Desaparecidos

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