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En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, parece una paradoja que en Colombia se esté pensando en la creación de una unidad de búsqueda de personas desaparecidas cuando los cementerios del país tienen tan malos procedimientos para proteger los restos y la identificación de cuerpos sin reclamar.
Si bien en Colombia existen normas y leyes estrictas sobre exhumaciones, inhumaciones y el manejo de cementerios, la práctica pone en evidencia lo contrario. La falta de registros, demarcaciones de camposantos y numeración en las bóvedas, la ausencia de reglas de salubridad, la indebida mezcla de cuerpos en fosas comunes y la incineración de algunos de ellos, además del hecho de que tan sólo el 3 % de los cementerios tengan morgue, agravan esta problemática.
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Por estas razones, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la ONG Equitas vienen trabajando desde hace más de cinco años en programas de capacitación para autoridades administrativas y sepultureros, con el fin de consolidar buenas prácticas en el almacenamiento de cuerpos. Ángel Medina, asesor forense del CICR en Colombia, precisó que el Ministerio del Interior está realizando un diagnóstico para conocer la dimensión de la situación en los cementerios.
Muchos de los cementerios no tienen espacios adecuados para conservar los cuerpos de personas no identificadas. / Fotos: Cortesía Equitas
A la fecha se han identificado 375 cementerios, que registran un total de 24.483 cuerpos de personas no identificadas y 4.388 personas identificadas no reclamadas. Sin embargo, la muestra no representa siquiera el 40 % de los camposantos del país, teniendo en cuenta que cada municipio en Colombia tiene un cementerio.
Al problema de la desorganización se suma que no se conocen a ciencia cierta las cifras oficiales sobre el número de desaparecidos. Mientras el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) dice que desde 1938 hay reportados 128.132 personas dadas por desaparecidas, la Unidad de Víctimas sostiene que en Colombia hay más de 46.000 víctimas de desaparición forzada, y el Centro Nacional de Memoria Histórica establece que fueron 60.000 los desaparecidos en el marco del conflicto.
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Esa es la primera tarea que tendrá la unidad de búsqueda de desaparecidos creada con el Acuerdo de Paz de La Habana y ya aprobada por el Congreso: realizar el censo nacional de cementerios, pues ni siquiera se tiene una cifra exacta de cuántos camposantos existen y cuántas fosas comunes albergan. En Medicina Legal existe un diagnóstico de cadáveres no identificados que en los 103 años de historia del instituto se han enviado a inhumación. “En nuestros registros existen más de 200.000 cuerpos no identificados en Colombia que fueron a parar a los cementerios. Los cementerios ahora no responden, porque no tienen registros y los han inhumado colectivamente en fosas. Los mezclaron, botaron o destruyeron”, aseguró Carlos Valdés, director de Medicina Legal.
El manejo de residuos biológicos es uno de los problemas.
La falta de registro ha ocasionado lo que Ginna Camacho, coordinadora técnica de Equitas, denomina el efecto de una doble desaparición forzada. “Era muy común que en Colombia se crearan fosas comunes para inhumar los cuerpos de personas no identificadas o de quienes no eran reclamadas, provocando una doble desaparición por problemas de registros de traslados. Muchas de estas fosas no están marcadas y las señales que tenían, como cruces de madera, se cayeron y perdieron en medio de la maleza. Lo poco que se conocía era gracias a los precarios y empíricos registros que llevaban los sepultureros tradicionales, que en sus libros anotaban quiénes llevaban el cuerpo, donde lo encontraron muerto y el alias o nombre que tenían”, sostuvo.
Opinión que es respaldada por el director de Medicina Legal, quien explicó que la doble desaparición se debe a que “si una persona ya fue identificada y enviada a un cementerio, es muy posible que con el paso de los años el cementerio no responda ni sepa en qué lugar se encuentra, porque no hay lugares específicos para conservarlos. A esa falta de orden y registro se la denomina la segunda desaparición. Además, es de vital importancia hacer un censo nacional de cementerios y contar con la colaboración de todos los alcaldes. Y, para terminar, aún quedan muchas fosas o cementerios clandestinos por identificar, que fueron construidos a lo largo de 60 años de conflicto”.
El plan Sello Narcés
“Nosotros ya utilizamos canecas de color, como el rojo para residuos peligrosos. Antes de capacitarme con el CICR, esos residuos los iba echando uno en un hueco en el cementerio”, dijo Berlandis Borja Ángulo, sepulturero de Norosí (Bolívar), una región afectada por el conflicto armado. Borja ha sido capacitado por el CICR y Equitas en el programa Sello Narcés, una iniciativa que nació en 2010 con la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía para generar buenas prácticas en la gestión de cementerios y el cuidado de cuerpos de personas no identificadas o no reclamadas.
El desorden en varios cementerios es de tal magnitud que los cuerpos son depositados junto a escombros.
La primera versión del Sello Narcés —una especie de certificación de buenas prácticas en cementerios— se lanzó en 2011 para trabajar con sepultureros en la aplicación de protocolos de inhumación y prevención de fosas comunes e incineración de cuerpos. Se veían casos como el de Quibdó (Chocó), donde los cuerpos no identificados o no reclamados se metían en un cuarto, por una ventana, y en el momento en que se llenaba el espacio se cavaba una fosa común para desocuparlo y reutilizarlo. Ante la crítica situación, se decidió sacar una segunda versión del Sello Narcés, que esta vez vinculará autoridades locales y administradores de cementerios, pues eran los que podían generar un cambio a partir también de una inyección de recursos.
“Lo más valioso ha sido la enseñanza sobre el cuidado del cuerpo de las víctimas del conflicto. No son N.N. Hoy es más decente y ético llamarlos personas no identificadas”, relató Berlandis Borja. En eso coincide Ricardo Peña, quien lidera la transformación del cementerio en Arenal (Bolívar): “Anteriormente, cualquiera podía hacer el proceso de inhumación de sus familiares. No teníamos cerrado el terreno. Nadie identificaba y quien quisiera podía poner un cuerpo en cualquier lugar. Ahora tenemos demarcadas las bóvedas, los osarios y los espacios donde están las personas no identificadas e identificadas y no reclamadas”.
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Agregó que antes no cumplían con las normas de salud pública porque cualquiera entraba a la hora que quisiera y exhumaba cueros. “Ahora estamos en procesos de sensibilización con las comunidades. En realidad, hemos mejorado. Ya llevamos más de año”, dijo. A su vez, la coordinadora técnica de Equitas precisó: “La idea es dignificar los cuerpos y hacer procesos más rigurosos, como el manejo de residuos biológicos, para que los cuerpos no queden mezclados con desechos de hospitales o escombros. Al tener una infraestructura adecuada se evita que las personas vuelvan a desaparecer en fosas comunes”.
Remodelar bóvedas y osarios es uno de los propósitos.
Otro caso, por ejemplo, es lo que sucedió en el municipio de Arauca, que tiene más de 150 años de existencia. En época de conflicto, al cementerio llegaban grupos armados para que sepultaran a sus víctimas. No entregaban información alguna sobre los nombres y el único registro que quedaba era lo que contaban los sepultureros, quienes anotaban cómo y dónde habían muerto las personas. “Ellos hicieron un gran trabajo marcando el territorio y evitando que se borraran los rastros. Ahora ya tenemos un 70 % del trabajo de acreditación adelantado y estamos buscando expandirnos porque sólo nos queda el 1 % del área de los 35.000 metros cuadrados que tenemos”, manifestó el administrador del cementerio de Arauca, José Brito.
El reto
El CICR, Equitas, Medicina Legal y las autoridades estatales coinciden en que el gran reto hoy es construir un censo oficial de cementerios, en el que, además de los oficiales, se establezcan cuáles son los camposantos en veredas y las fosas comunes que dejó el conflicto armado. De ahí la necesidad de involucrar a alcaldes y administradores de cementerios, pues son los responsables directos de manejar los registros. El cumplimiento de este objetivo requiere la construcción de bases de datos confiables, en las que aparezcan certificados de defunción, licencias de inhumación y registros de cadena de custodia de los cuerpos, además de una especie de ficha con todos los procedimientos que se realicen, para evitar nuevas desapariciones.
La última jornada de capacitación del plan Sello Narcés se desarrolló a principios de agosto. Pero la conclusión sigue siendo la misma: el problema no radica en la capacidad que puedan llegar a tener los sepultureros, sino en el compromiso político que pueda materializar el Gobierno. Según Equitas, su obligación tras la firma del Acuerdo de Paz es no dar nada por sentado y buscar a todos los desaparecidos, sin importar las dificultades técnicas que se presenten, como lo sería la búsqueda de cuerpos en ríos y montes de Colombia. “Ser identificado es un derecho de las víctimas y sus familias, es un deber con las personas sepultadas y no reclamadas por el conflicto armado que están en los cementerios de Colombia”, concluyó Valdés, director de Medicina Legal.