Desafíos de la búsqueda de los desaparecidos

Fomentar la participación, dar a conocer la entidad, entregar resultados y manejar las expectativas de las víctimas, los principales retos.

El Centro Nacional de Memoria Histórica ha calculado que hubo 135.251 víctimas de desaparición forzada, reclutamiento y secuestro. / Mauricio Alvarado - El Espectador.

En octubre de 2015, en medio de las negociaciones entre el Estado y las Farc, se anunció la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) con ocasión del conflicto armado. A través del comunicado 62, las partes acordaron la necesidad de que esta entidad realizara labores humanitarias para recolectar información necesaria que le permitiera encontrar a las víctimas de este flagelo, agilizar los procesos de identificación y adelantar la entrega digna a los familiares. La magnitud de su desafío se puede dimensionar a través de las cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, que calcula que hubo 135.251 víctimas de desaparición forzada, reclutamiento y secuestro.

La Unidad de Búsqueda hace parte, junto con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad, del sistema de justicia transicional creado a partir del Acuerdo de Paz. A pesar de que el llamado a su creación se produjo dos meses antes que para las demás instituciones, su puesta en marcha ha tomado más tiempo. Apenas a principios de agosto se firmaron los decretos que le garantizaban el recurso humano y la viabilidad presupuestal de 2018, a través de los cuales le asignaron $10.300 millones para su puesta en marcha.

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Desde ese momento contó con la estructura aprobada para dar inicio a sus labores, que se prolongarán por 20 años. Su trabajo, autónomo, humanitario y extrajudicial, deberá indagar sobre lo ocurrido a los desaparecidos del conflicto y aliviar el sufrimiento de sus familiares. Para lograrlo debe contar con la participación de las víctimas, la sociedad civil, las instituciones del Estado y los excombatientes en los territorios más alejados del país.

Durante sus primeros encuentros con alrededor de 500 familiares de víctimas en 25 regiones se han planteado algunos desafíos que debe enfrentar: realizar la búsqueda en medio de un conflicto persistente, garantizar la participación permanente de las víctimas, coordinar su trabajo con las demás entidades del sistema y guardar absoluta confidencialidad sobre la información que reciba.

En cuanto a este punto, en los territorios hay dudas por las posibilidades de que esos datos sean usados en contra de quienes los proporcionan, por ejemplo, en procesos judiciales. Su directora, Luz Marina Monzón, insiste en que la unidad “escucha y no juzga”, en relación a que se guardará absoluta reserva respecto a los datos que reciba y que el resultado de la búsqueda no acarreará investigaciones ni sanciones. Incluso, la UBPD trabaja en la construcción de protocolos y herramientas tecnológicas que garanticen la confidencialidad de la información suministrada.

Además, mientras la UBPD elabora planes de búsqueda cuyos procesos contarán con la participación de los actores involucrados, especialmente de las familias de las víctimas, las organizaciones han pedido que los primeros pasos de la entidad estén enfocados en dar a conocer su existencia, hacer pedagogía y mostrar resultados.

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“El problema es que la gente no sabe de la unidad. Hay personas que siguen pensando que va a tener algo que ver con búsqueda judicial, y esa confusión debe aclararse. Por otro lado, debe manejar muy bien las expectativas de las víctimas para no revictimizar, porque el trabajo que tiene es inmenso y es probable que 20 años sean pocos para ello”, asegura Cielo Linares, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas.

Las esperanzas de las víctimas son uno de los puntos más sensibles de la misión de la UBPD. Esa es una de las razones por las cuales este mecanismo ha manejado con prudencia sus avances y resultados parciales. Por eso, su labor está encaminada a involucrar en todos los procesos a los familiares y se ha fijado la tarea de escucharlos y demostrar que hará lo que esté a su alcance para dar con su paradero. “Que la UBPD sea extrajudicial, que esté dedicada exclusivamente a la búsqueda de los desaparecidos y que sea de carácter humanitario le da una gran potencialidad para dar una respuesta adecuada, sistemática y sobre todo que tenga en cuenta el lugar y el protagonismo de las víctimas y sus familias en la búsqueda de sus seres queridos”, aseguró Monzón.

Con recursos para 2019

Pablo Cala, director de la fundación Hasta Encontrarlos, insiste en que los planes de búsqueda deben construirse en las zonas más alejadas del país de la mano de quienes han vivido la guerra. “El tema central es la participación. Si logramos que la UBPD genere espacios reales y concretos de una participación decisoria, activa, en cooperación con familiares de víctimas y organizaciones, vamos a tener un plus que no se ha logrado con experiencias anteriores”. En ese sentido, asegura Cala, la búsqueda no debe realizarse según la distribución político-administrativa del país (es decir, por departamentos), sino de acuerdo con el nivel de afectación en cada región.

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“Esto para no terminar con 32 oficinas al cabo de unos años, que van a terminar siendo eso: unas oficinas”. Para la Corporación Poderpaz, de Norte de Santander, ese andar pausado de la unidad es necesario para construir confianza en los territorios. “La UBPD fue la entidad del sistema que más nos hizo estar con el credo en la boca. Un día antes de que terminara el anterior gobierno fue que realmente existió. Luego, todo el proceso para obtener los recursos ha significado un esfuerzo grande. Aunque algunos digan que va muy lento, su proceso ha sido asertivo. Porque cuando todo se hace muy rápido no es posible vincular a todas las personas. La sociedad en general y las organizaciones necesitamos nuestro tiempo para comprender, analizar y proponer”, asegura Lorena Acevedo, representante de Poderpaz.

En 2019, la UBPD contará con $33.000 millones para su funcionamiento (planta de personal y gastos generales) y tendrá, adicionalmente, $48.000 millones para proyectos de inversión. Con estos recursos se garantizará la presencia de esta entidad en los territorios más afectados por la desaparición en el marco del conflicto. Se espera que sus avances se visibilicen transcurrido el primer trimestre del año, cuando ya tenga un trabajo de campo adelantado.

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Redacción Justicia para la Paz

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