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Un histórico mea culpa escucharon ayer varios familiares de personas dadas por desaparecidas. En el mismo escenario, las cabezas de las dos entidades más importantes, que han asumido la investigación de estos casos, reconocieron que estas entidades han cometido errores a lo largo de su historia que han entorpecido la búsqueda de estas personas. Tanto Carlos Valdés, director de Medicina Legal, como la vicefiscal María Paulina Riveros pidieron perdón y aseveraron que hoy con la creación de la Unidad de Búsqueda la visión es otra.
El importante gesto se dio durante el conversatorio “El reto de encontrar a los desaparecidos del conflicto armado”, convocado por el capítulo de Justicia para la Paz de Colombia 2020 de El Espectador, junto con la Embajada Alemana en Colombia y en asocio con la Unión Europea. Valdés sostuvo, además, que el Instituto de Medicina Legal se va a responsabilizar por todos los cuerpos que no hayan podido identificar y aseguró que no los devolverán a los cementerios, donde muchas veces se vuelven a extraviar. En esta entrevista ratificó sus compromisos.
¿Por qué es tan común la impunidad en casos de desaparición forzada?
En estos 104 años el miedo ha cobijado a toda la sociedad colombiana. Además, falta una estructura sólida en la investigación, el hecho de que las instituciones no nos integremos ha facilitado la impunidad. Por ejemplo, las instituciones tienen muchos datos, pero no están integrados. El Instituto de Medicina Legal tiene un registro nacional de 29 mil casos, la Fiscalía, la Unidad de Víctimas, el Centro de Memoria Histórica, las ONG, la Defensoría, la Policía, todos tienen diferentes registros. Eso nos muestra que hemos venido trabajando en un sistema de investigación muy desarticulado, a pesar de que en Colombia se constituyó, desde 2005, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que pretendía articular a las instituciones en una mesa para orientar las investigaciones. El resultado de la Comisión es bastante pobre, el país está exigiendo más actuaciones.
¿Qué beneficios trajo el Acuerdo de Paz y las nuevas instituciones que se crearon?
Este panorama nos abre una puerta, ante la voluntad de uno de los grupos armados de brindar información. Se creó la Unidad de Búsqueda en el marco del conflicto armado. Es extrajudicial, no va a competir con la Fiscalía, ni le va a quitar el derecho que tiene para investigar, acusar y sancionar, sino que va a actuar de manera complementaria en favor de las víctimas y eso es muy importante.
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Las víctimas se quejan constantemente del maltrato de las instituciones, ¿qué puede decir?
Las víctimas han sido las grandes ignoradas en este proceso. Sobre ellas se ejerce una gran carga de terror, por eso tienen miedo de hablar. El Estado les ha cerrado las puertas, el mismo Instituto durante muchos años les cerró las puertas. Cuando las víctimas iban a preguntar por una persona desaparecida, les decíamos que recurrieran a la Policía o la Fiscalía, que nosotros no sabíamos nada, bajo el supuesto de que era exclusivo resorte de la Fiscalía y que nos cobijaba un manto de reserva que no es verdad.
¿Eso cambiará con la creación de la Unidad de Búsqueda?
El eje medular de la Unidad es el derecho de las víctimas a saber la verdad. Ahí el Instituto cambia, porque pasa de negarles todos sus derechos a ser un Instituto que considera que la víctima es lo principal en este sistema de justicia transicional y, en ese sentido, la víctima empieza a ser parte integral de toda la investigación forense. Por eso, en esta nueva etapa, el Instituto está dispuesto a romper los esquemas de trabajo que traíamos para ponerlos al servicio de un sistema de justicia restaurativo donde la víctima es el eje central.
¿Cómo apoyará a la Unidad de Búsqueda?
Vamos a disponer de 153 funcionarios para apoyarla, de laboratorios, de procedimientos y de un sistema de información ágil y oportuno que organice toda la información de la Unidad. El Instituto se pone a disposición de la Unidad y tiene el gran compromiso de hacer que el trabajo sea exitoso. No solamente vamos tras la identificación de las víctimas, sino que el Instituto tiene el propósito de avanzar en buscar la verdad; que cuando a los familiares de la víctima de desaparición les entreguemos el cuerpo de su familiar, le digamos: cómo murió, cuándo, qué procedimiento utilizaron y muchos elementos más que constituyen la verdad de los hechos. Ejemplo de este cambio es lo que estamos haciendo con casos como el Palacio de Justicia y Bojayá.
¿Cómo van a integrar a las víctimas a la investigación?
Desde 2007 se creó un sistema de información llamado Sirdec, que le permite a la población entrar, preguntar por su familiar y saber si se está investigando y en qué va la investigación. Hoy, cuando un familiar llega al Instituto de Medicina Legal a preguntar, tenemos la obligación de brindarle la información necesaria y contactarlo para que a partir de ese momento haya un enlace permanente con él. Sin necesidad de que pregunte, le debemos aportar información de cómo va la investigación de su caso, los invitamos a participar en un laboratorio donde les enseñamos qué es lo que hacemos en cada disciplina científica. Estamos iniciando un proceso de capacitación para que el familiar entienda la complejidad de lo que hacemos, es decir, en este momento estamos integrando a los familiares a la labor de investigación forense, ya no son extraños.
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Las víctimas se quejan de que tienen que ir de un lugar a otro...
Esta situación se empezó a abordar con la Comisión Nacional de Búsqueda y con la creación del programa de búsqueda urgente, un mecanismo de búsqueda en cabeza de la Fiscalía que puede iniciar por cualquier autoridad que conozca el caso. Si llegan al Instituto, se le realiza una entrevista, ya no se le dice que debe esperar 24, 48 o 72 horas, esa ha sido una práctica lesiva. Nosotros enviamos esa entrevista a la Fiscalía, avisamos para activar los mecanismos de búsqueda urgente.
¿Cómo será el apoyo de esos 153 funcionarios a la Unidad?
En este momento saldrían del funcionamiento que tenemos del día a día, adicionalmente, está el apoyo que le debemos a la JEP, especialmente a la Unidad de Investigación y Acusación, vamos a apoyarlos con 176 funcionarios en disciplinas como psiquiatría, psicología, antropología social, trabajo social, química y toxicología.
¿Cómo le van a compartir información a estas instituciones?
La información que poseemos les es útil a las dos áreas y sobre esa no hay ninguna restricción porque es información científica. La Unidad, por tener carácter extrajudicial, podrá recibir todo y conversar con muchos actores armados, pero se hará en un sistema cerrado, exclusivamente para ellos.
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¿Cómo están de recursos?
He solicitado mayores recursos para el Instituto. En este momento tenemos 2.089 funcionarios y solo hacemos presencia en el 9,8 % de los municipios del país, es decir, que el 90 % de los municipios del país no tienen medicina legal. Le solicitamos al nuevo gobierno que reconsidere su política hacia el Instituto, que entendemos los déficits presupuestales y las políticas de austeridad, pero les rogamos que esa política se revalúe respecto al Instituto de Medina Legal, necesitamos más justicia y menos impunidad.
¿Qué acercamiento han tenido con las víctimas?
No conocemos todavía todas sus necesidades. Tenemos un convenio entre la Universidad de los Andes, Asfaddes, la Corporación de Derechos Humanos nos va a permitir aprender y cambiar