La búsqueda de desaparecidos, una puerta que abrió el Acuerdo de Paz

Exhumaciones y entrega de cuerpos Dabeiba

Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA

El Acuerdo de Paz con las Farc ha permitido que el Estado colombiano, a través de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), responda de manera más ágil al reclamo de las familias que en este país buscan a los más de 120 mil desaparecidos que dejó el conflicto armado.

Desde 2018, cuando comenzaron en forma su trabajo, ambas entidades se desplegaron alrededor del territorio nacional para dar razón del paradero de estas personas. Por un lado, en septiembre de ese año, la JEP acogió la solicitud del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) de aplicar medidas cautelares de protección en 17 lugares donde estarían enterradas personas desaparecidas. Estos sitios están en Antioquia, Caldas, Magdalena Medio, Sucre y Cesar.

La JEP ha tenido grandes avances en Antioquia, sobre todo en la investigación de los cuerpos enterrados en la zona de influencia de Hidroituango y que podrían ser víctimas del conflicto. De acuerdo con la entidad, a la fecha son 13 los cuerpos recuperados que estaban en el Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia, provenientes del Cementerio de Orobajo, en Sabanalarga, el cual fue trasladado por EPM para la construcción de la hidroeléctrica. Los restos tienen indicios de muertes violentas. Además estableció, a partir del cruce de información, que serían 2.094 las personas que fueron víctimas de desaparición forzada en los municipios de Briceño, Cáceres, Ituango, Nechí, Peque, Sabanalarga, Tarazá, Toledo y Valdivia.

También hay avances en la comuna 13 de Medellín. La JEP ha hecho inspecciones de terreno en este lugar para hallar personas desaparecidas, como el Cementerio Universal de esa capital, donde podría haber 140 cuerpos de desaparecidos de esta comuna. Con ayuda de la UBPD se verificaron 65 cuerpos, también con indicios de violencia, que ahora están en manos del Instituto de Medicina Legal para su identificación.

Desde mayo de 2019, ambas entidades trabajan articuladas en una mesa técnica para la protección de los cuerpos en cementerios y lugares informales de inhumación en Orobajo, El Universal, Puerto Berrío, Samaná (Caldas) y El Copey (Cesar).

La noticia más grande con respecto a este crimen la dio la JEP en diciembre de 2019 con la exhumación de 45 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Cementerio Las Mercedes, en Dabeiba (Antoquia). Esta diligencia se llevó a cabo con el equipo forense de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP dentro el Caso 03, sobre los mal llamados falsos positivos, y después de que un grupo de militares asegurara que en este camposanto enterraron a la mayoría de las víctimas civiles presentadas como bajas en combate por la Brigada XI.

Luego de un año de trabajo allí y tres jornadas de exhumación, este tribunal lleva 73 hallazgos forenses (es decir, diversas estructuras óseas). De esos, cinco cuerpos ya se los entregaron a sus familias para que los enterraran dignamente: Édison Lexánder Lezcano Hurtado, Yulieth Andrea Tuberquia, Nelson Antonio Góez Manco, Alveiro Úsuga Uribe y Eliécer de Jesús Manco Úsuga.

A diferencia de la JEP, la UBPD no juzga a ningún responsable de este delito, solo está enfocada en la búsqueda humanitaria de las víctimas. Tras dos años de trabajo y en el marco de los planes regionales de búsqueda en Chocó, Caldas, Caquetá, Cundinamarca y Meta, en articulación con la JEP y la Fiscalía, la Unidad ha dado con el paradero de 102 cuerpos de desaparecidos.

En cuanto a entregas dignas, esta entidad les ha devuelto 97 cuerpos a sus familiares, en articulación con la Fiscalía. Entre ellos están los 72 cuerpos de algunas de las víctimas de la masacre de Bojayá en 2002. Estas personas pudieron ser enterradas con las ceremonias tradicionales del pueblo afro en noviembre de 2019.

La UBPD ha recibido 9.058 solicitudes de búsqueda y ha formulado en total 14 planes regionales que vinculan a 802 personas desaparecidas en Meta, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Huila, Cesar, Valle del Cauca, Nariño y las regiones del Pacífico y el Magdalena Medio. También ha recibido 258 aportes voluntarios de información, entre los que están los de la exguerrilla de las Farc.

La antigua guerrilla también creó su propia Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, tras la firma del Acuerdo de Paz, para cumplir con la reparación a las víctimas. A la fecha le ha entregado a la Unidad información de 310 casos y al Comité Internacional de la Cruz Roja otros 110. A partir de esta información, la Unidad pudo entregar en enero el cuerpo de Diego Mauricio Chica, reclutado por las Farc a sus 14 años en abril de 2001, en Caquetá.

La UBPD lanzó este año el Plan Nacional de Búsqueda y en plena pandemia advirtió sobre el riesgo de que los muertos por COVID-19 fueran enterrados donde había personas no identificadas y posibles víctimas.

A pesar de la advertencia, la Alcaldía de El Copey, Cesar, estaba enterrando fallecidos por coronavirus en una fosa con más de 100 posibles víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada. Tanto la UBPD como la JEP, Fiscalía y Medicina Legal reaccionaron con la protección de este lugar e identificación de algunos de los cuerpos.

Samaná (Caldas) fue otro de los sitios donde la UBPD avanzó en la búsqueda. A comienzos de noviembre hizo una jornada en el cementerio de San Agustín, en la que pudo recuperar 24 cuerpos de personas desaparecidas que ya están en proceso de identificación, gracias a la toma de muestras biológicas de 108 familiares buscadores.

Además de todo esto, la noticia más esperanzadora que le dio al país ha sido el hallazgo, en los últimos dos meses, de tres personas con vida en Antioquia, Arauca y Risaralda que se pudieron reencontrar con sus familias luego de décadas. Esto sin duda generó de nuevo la ilusión para muchas personas de que sus seres queridos desaparecidos siguen vivos.

Por fin el Estado les está respondiendo a las víctimas de desaparición forzada de forma más ágil y coordinada. Los aportes de responsables han sido claves en esta etapa y las familias están participando activamente en la búsqueda. Es una gran puerta de esperanza que abrió el Acuerdo de Paz.

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