La comisión de Farc que busca a los desaparecidos

Le piden al Gobierno apoyo y mejores condiciones de seguridad para continuar con la búsqueda de personas desaparecidas en distintas regiones del país, como medida de reparación a las víctimas. A finales de marzo, entregarán a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas información de 156 casos.

Desde la firma del Acuerdo Final, los excombatientes han recibido capacitación de Medicina Legal y la Cruz Roja Internacional./ Cortesía

Mientras los juristas y la institucionalidad debaten sobre la suerte de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el futuro del proceso de paz, un grupo de 112 excombatientes de las Farc trabaja en la búsqueda de personas que desaparecieron durante el conflicto. Se llama Comité Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y nació en octubre de 2016, cuando las Farc y el Gobierno acordaron comenzar la búsqueda como una primera medida de reparación temprana a las víctimas, mientras se implementaba el Acuerdo Final. El primer grupo trabajó bajo el liderazgo de Jaime Alberto Parra Rodríguez, conocido en la guerra como Mauricio Jaramillo, exmiembro del secretariado.

El objetivo era empezar esta tarea humanitaria mientras la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) iniciaba sus labores. En septiembre de 2017, este grupo entregó los primeros resultados: información de 33 cuerpos, con su ubicación exacta, de civiles, excombatientes y militares. Las Farc se los entregaron al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y esta entidad se encargó de su exhumación. En la actualidad, se avanza en el cotejo de información con familiares y pruebas de ADN para su identificación, a la espera de que puedan ser entregados a sus seres queridos muy pronto.

El comité tiene una mesa nacional integrada por siete personas y en cada espacio de reincorporación hay en promedio tres excombatientes y una persona que coordina a nivel regional. Todos alternan la labor de búsqueda con sus actividades de campo o su trabajo en la vida civil. Este grupo recibió capacitación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el CICR, el Instituto de Medicina Legal y la Embajada de Suecia, en la forma como debían recopilar la información que pudiera ayudar a dar con el paradero de civiles o militares que ellos desaparecieron, al igual que excombatientes y familiares que corrieron con el mismo destino tras enfrentamientos con los paramilitares y el Ejército.

De la mesa nacional del Comité hace parte John León, miembro del ahora partido de la FARC. Asegura que el trabajo de este equipo sigue en pie, que en todos los espacios de reincorporación el CICR y Medicina Legal continúan haciendo talleres con el propósito de que quienes quieran unirse contribuyan a la ubicación de personas desaparecidas. Es más, el trabajo, según él, ha sido tan concienzudo que tienen información de 156 casos, que le será entregada a Luz Marina Monzón, directora de la UBPD, a finales de marzo.

Los retos y tropiezos

“Necesitamos una herramienta que permita cruzar lo que se recogió del espacio de reincorporación en Caño Indio en Tibú (Norte de Santander) con la información de Montañita (Caquetá), por ejemplo”, dice León, y asegura que el trabajo actual está enfocado en georreferenciar cuerpos inhumados en cementerios locales, para preservarlos.

Según León, ni Gobierno ni Ejército están trabajando en la búsqueda humanitaria. “No hemos visto el primer desaparecido que haya sido encontrado por la Fuerza Pública. Y en este nuevo Gobierno ni siquiera han tocado este tema con nosotros”, exclama.

Por otro lado, está la falta de confianza en el sistema. La UBPD tiene un carácter extrajudicial, es decir, que nada de lo que digan los excombatientes a esta entidad puede ser usado para juzgarlos y condenarlos. La información está bajo un pacto de confidencialidad. Aun así, muchos excombatientes, según Luz Marina Monzón, están reticentes a hablar porque están inseguros del sistema o porque no confían en que sus testimonios en realidad solo sean usados para buscar a los desaparecidos sin que les abran una investigación judicial.

John León está de acuerdo con esta situación: “¿Qué garantías tienen las personas que están entregando la información para la búsqueda? Para nadie es un secreto que los constantes ataques de distintos sectores al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición nos pone en zozobra y alerta. Hay mucha desinformación y temor al interior de las Farc”.

A eso le agrega que el trabajo del Comité ahora es más complicado porque hay excombatientes que no quieren ir a documentar un posible caso de desaparición por la presencia de organizaciones ilegales o porque creen que los van a acusar como disidentes si se meten de nuevo en la selva a buscar la ubicación exacta de los cuerpos.

“Antes era más fácil recoger testimonios porque durante el proceso de dejación de armas nadie podía salir de las zonas veredales, ahora no. La gente puede hacer su vida en cualquier punto de la geografía nacional y eso complica mantener el contacto”.

A estas dificultades se le suma una más grande: el proceso de búsqueda humanitaria de desaparecidos no ha contado con financiamiento. “Estamos de voluntarios”, asegura León. “A los excombatientes les toca rebuscársela para su sostenimiento diario, así que ayudan en los tiempos libres. Nuestro trabajo también podría contar con apoyo financiero, así como sucede con el equipo de desminado humanitario de las Farc, Humanicemos DH”.

¿Qué dicen las víctimas?

Las guerrillas, entre ellas las Farc, son las autoras de 10.360 casos de desaparición forzada, es decir el 24,3 % de los registros analizados por el CNMH hasta 2017. Dos mujeres que han sufrido el dolor de que su esposo o su hijo fueran desaparecidos por la exguerilla ven a este Comité, que ninguna de las dos conocía, como una iniciativa reparadora.

Bibiana Garay perdió a su esposo, el sargento Jesús Alfonso Sol, el 25 de marzo de 2007. Fue secuestrado, torturado y asesinado por las Farc tras ser descubierto en un operativo de inteligencia. Buscó durante siete años los restos de su esposo hasta que un desmovilizado de las Farc le reveló dónde estaban. Asegura que ellos son clave en todo este proceso de búsqueda de personas desaparecidas. “Solo ellos saben dónde los dejaron. Su ayuda no es importante para el Estado, pero sí para las familias, para poder cerrar ese duelo, esa angustia. Sin ellos no podrá haber búsqueda y rescate de los desaparecidos; es más, hago un llamado global a que nos unamos Gobierno, Ejército, Farc y población civil para encontrarlos”.

También está Gloria Salamanca, cuyo hijo John Jairo Torres Salamanca desapareció cuando viajaba hacia Pasto (Nariño) para visitar a su padre, el 8 de octubre de 2006. Ella y su exesposo viajaron hasta Sánchez (Nariño) para encarar al frente 29 de las Farc, responsable de la desaparición de John. A pesar de esto nunca obtuvo respuestas por parte de ellos, ni cuando viajó de nuevo a las zonas veredales a preguntar por él. Por eso, para Gloria, “esta es una labor sanadora, tanto para ellos porque toman conciencia de lo que hicieron, como para nosotras. Yo esperaría que los excombatientes que están por Policarpa, Tumaco o Barbacoas, en Nariño, busquen a mi hijo y me digan dónde está. Sería un logro que nos dijeran la verdad y pudiéramos cerrar este ciclo de dolor”

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Carolina Ávila - @lacaroa08

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