Llamado a la articulación de entidades

“No me interesa quién dé los resultados, me importa encontrar a los desaparecidos”

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Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, explica que el trabajo de la entidad en las medidas cautelares de la Jurisdicción Especial para la Paz va encaminado al seguimiento de la identificación y al aporte de información.

¿En qué va la identificación de los cuerpos custodiados por el Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia?

En el marco de las medidas cautelares, se acordó que el análisis de los cuerpos sería hecho por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) para poder entregarlos a Medicina Legal, entidad encargada de la identificación.

Es lo que hemos hecho con 56 cuerpos que fueron recuperados del Cementerio El Universal, de Medellín, y que fueron remitidos a esta institución porque, de acuerdo con los análisis del equipo forense de la Unidad, se identificaron traumas consistentes con muertes que podrían estar en el contexto del conflicto armado. Ya se encuentran en manos de Medicina Legal, nosotros estamos pendientes de recibir por parte de ellos un plan de trabajo que indique cuál es el procedimiento que van a utilizar para su identificación.

¿En qué consiste ese análisis que hace la UBPD?

En determinar qué tipo de cuerpos eran, si estaban completos o mezclados. En establecer el rango etario y si tenían muestras de traumas consistentes con muertes violentas en el marco del conflicto armado, que podría ser o no, porque la violencia no necesariamente está asociada al conflicto. Pero los disparos en la cabeza fueron la base para poder entregar estos cuerpos a Medicina Legal y determinar si podrían corresponder a personas que se encuentran reportadas como desaparecidas.

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¿Cómo va la identificación en Medicina Legal?

Lo que sabemos por el relacionamiento que tenemos es que no los están analizando todavía, porque están dedicados a los cuerpos que fueron recuperados por la JEP de manera autónoma en el cementerio de Dabeiba. Por esa razón, nosotros le pedimos a Medicina Legal que nos entregue un cronograma y una descripción de las fases que se van a seguir para el análisis de los cuerpos que entregamos de la Universidad de Antioquia.

Aparte de este análisis preliminar, ¿cuál ha sido el papel de la UPBD en este proceso?

Tenemos un diálogo constante durante todo el proceso forense para atender las necesidades que haya de información, como buscar reportes en la base de datos de posibles familiares o datos que permitan determinar quién es la persona que se está analizando.

Nosotros emprendemos esa labor de recolección de información de manera más rápida. La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP no podría hacer eso. Hace el análisis forense y manda el informe después de seis meses o un año. Y si no pudo identificar a tal persona por falta de información de referencia, entonces, después de todo ese tiempo, se ordena dentro del proceso judicial buscarla. Es más largo porque no hay ese diálogo con el forense. Nosotros sí estamos haciendo eso al mismo tiempo. Lo que permite el mecanismo humanitario es fortalecer y agilizar el proceso de identificación, al trabajar en tiempo real con el mecanismo forense.

¿Cómo lograr una verdadera articulación entre las entidades que están a cargo de la búsqueda de los desaparecidos?

Lo más importante es que todas las instituciones, tanto del sistema de justicia transicional como las demás, nos veamos reconocidos en ese objetivo. Si eso es así, vamos a sentirnos parte del resultado, que es encontrarlos, independiente de la labor que desarrollemos cada uno. Muchas veces la articulación se termina viendo como un escenario de disputa por reconocimiento, lo que hace que no podamos compartir cosas para alcanzar ese objetivo. Con la JEP justamente hablamos de eso: por qué no tratamos de avanzar en qué podemos aportarnos. La JEP tiene la posibilidad de obligar a las instituciones a entregarle información por órdenes judiciales; nosotros no tenemos eso, pero el acceso a lo que tiene la JEP nos ha permitido fortalecernos en información. El trabajo de la Unidad le ha servido de soporte técnico y científico para tomar decisiones. Su llamado fue a que los resultados se presenten desde la articulación del Estado y quién gana: el Estado con legitimidad y las víctimas con resultados. A mí no me interesa a nombre de quién salen los resultados, a mí me interesa que aparezcan los desaparecidos.

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Alejandro Ramelli, magistrado de la JEP, mencionaba precisamente que las víctimas necesitan resultados, no pedagogía. ¿Usted qué opina de eso?

La magistrada Pilar Valencia, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, mencionó lo valiosa que había sido la pedagogía en San Lorenzo (Riosucio, Caldas), que es un territorio étnico. Lo destacaba como algo casi insustituible para la confianza con una comunidad indígena. La búsqueda de los desaparecidos tiene distintos resultados. No se puede acceder a la información de las víctimas y mucho menos a las comunidades indígenas si no se gana su confianza, si no se genera un espacio de pedagogía que va de la comunidad hacia la entidad para comprender sus dinámicas. La pedagogía es una estrategia de construcción de confianza y es el acceso a la información. Para las comunidades es un resultado cualitativamente distinto que una institución se siente a escucharlos para saber cuáles son sus necesidades y los desafíos que ellos tienen en la búsqueda de sus desaparecidos.

La articulación también se está buscando para definir una ruta de intervención y protección de cementerios donde hay miles de desaparecidos. ¿Cuál será el aporte de la UBPD?

Las medidas cautelares nos están abocando a los cementerios, uno de los escenarios de la búsqueda. Pero hemos visto que no son un escenario, sino múltiples, porque hay allí fosas, bóvedas, osarios comunes o celdas de custodia. Y aunque pareciera sencillo no lo es, porque en una bóveda puede haber muchos cuerpos mezclados. El riesgo de desaparición de los cuerpos es altísimo, hay una doble desaparición. Todo eso tiene abordajes distintos desde lo científico y lo metodológico.

Pero tampoco hay a dónde sacarlos, porque Medicina Legal no tiene la capacidad para mantenerlos a todos, entonces las medidas de protección tienen que asegurarnos que no saquemos del contexto los cuerpos, pero los preservemos. Con base en las medidas cautelares tenemos que caracterizar estos cementerios y determinar cuáles serían las metodologías de abordaje y que aseguremos el objetivo de encontrar a los desaparecidos.

Una de las grandes trabas es la falta de recursos para adecuar o mantener los cementerios. ¿Qué hacer frente a esto?

Hay que vincular de manera más fuerte a las autoridades locales con este tema. Una medida cautelar, para mí, es ordenarle al alcalde o al gobernador que construya espacios de preservación y dignificación de esos cuerpos de manera inmediata, para que no sigan expuestos o en riesgo. Pero no es sacarlos de todos lados y no saber qué vamos a hacer con ellos.

 

Ya está el Plan Nacional de Búsqueda de Desaparecidos

 

De acuerdo con Luz Marina Monzón, el Plan Nacional de Búsqueda, que define la ruta para encontrar a los más de 120.000 desaparecidos que dejó el conflicto armado según la UBPD, ya está listo. Después de seis meses y ocho encuentros con organizaciones, víctimas y entidades a cargo de la búsqueda se construyó el documento, que inicialmente sería dado a conocer al país el 17 de abril. Sin embargo, ante las medidas de prevención del Covid-19, fue aplazado.

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También aseguró que los once planes regionales de búsqueda han avanzando gracias a los 80.000 archivos de instituciones oficiales y no oficiales, entre esos la JEP, a los que han podido acceder. El plan de búsqueda en el Pacífico es el más adelantado.

En un análisis preliminar de esos 80.000 archivos han establecido al menos sesenta sitios irregulares de inhumación en el país (cementerios clandestinos o fosas). La UBPD ha recibido 5.195 solicitudes de búsqueda y ha hecho seis entregas dignas de cuerpos a sus familiares.

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