“Queremos cerrar este ciclo de dolor”: familiares de policías desaparecidos

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En un espacio de escucha promovido por la Comisión de la Verdad cuatro mujeres dieron a conocer sus testimonios sobre la desaparición de sus familiares, quienes sirvieron a la Policía Nacional pero aún no saben qué pasó con ellos. Pidieron mayor acompañamiento de la Policía y respuestas del Estado.

“Yo no me imaginé que había tantos policías desaparecidos”, relata una de las víctimas que contaron sus testimonio ante la Comisión de la Verdad, en un espacio de escucha dedicado para que los familiares de miembros de la Policía Nacional que fueron desaparecidos en el marco del conflicto armado contaran su historia.

Además de desconocer el paradero de sus familiares, ellas tienen en común que son mujeres buscadoras que han liderado la lucha por encontrar a sus seres queridos. En total fueron cuatro testimonios que narraron cómo el conflicto armado les arrebató a sus hermanos, esposos y padres. Todas ellas continúan a la espera de los restos de sus familiares y también, anhelan cerrar el ciclo de dolor que llevan más de 20 años padeciendo.

“El hecho victimizante más cruel en el conflicto armado es la desaparición forzada”, aseguró el coronel Fernando Pantoja, Jefe del área de historia, memoria histórica y víctimas de la unidad policial para la edificiación de la paz. Hasta el momento, según cifras oficiales de la Policía Nacional y la Fiscalía se tiene registro de 118 policías desaparecidos entre 1990 a 2020. De ellos, solo el 39 %, es decir 46, están en el Registro Único de Víctimas (Ruv).

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“Cuide a su mamá y sea una niña buena”

Esas fueron las últimas palabras que le dijo Bernardo Villanueva a su hermana Mónica. Bernardo era subteniente de la Policía Nacional y mientras estaba en servicio fue trasladado de Tunja (Boyacá) a Morales (Bolívar). Allí tenía a cargo a 16 agentes. Mónica es una de las mujeres que relató su testimonio ante la Comisión de la Verdad. Ella, su madre, su papá (un militar retirado) y sus otras cuatro hermanas siguen a la espera de una respuesta sobre el paradero del cuerpo de su hermano.

Morales (Bolívar) durante finales de los ochenta y comienzos de 1990 estaba rodeado de guerrilla. Durante aquella época se había formado la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar que buscó agrupar el accionar guerrilero de grupos como las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (Eln)y el Ejército Popular de Liberación.

Allí estaba Bernardo prestando el servicio, cuando recibió la visita de su madre y su hermana Mónica, quien tenia 12 años para entonces. La sorpresa se debía a que se acercaba la época de navidad y ellas lo extrañaban. Era el único hombre entre cinco hermanas. Sin embargo, el disfrute fue poco. “Tuvimos que salir huyendo”, dice Mónica, porque por aquel entonces su hermano tenía capturado a un guerrillero y ellas habían recibido amenazas de secuestro.

Pasaron los meses y la angustia de que Bernardo estaba en peligro le carcomía el corazón a su madre. Creyeron que las cosas iban a cambiar, que lo iban a ascender, pero “el 16 de mayo de 1991, mi hermano y los otros policías se encontraban en un campeonato de fútbol en una cancha que quedaba al frente de la estación de Policía cuando de un momento a otro empezaron a escuchar tiros en el pueblo y fue ahí cuando comenzó la toma guerrillera del Frente 37 de las Farc a manos de Martín Caballero”, relata su hermana.

“Nosotras nos enteramos a las 7 de la noche por la llamada de una de las esposas de los agentes que se encontraba en permiso. Ellos estuvieron en combate toda la noche hasta que se les acabaron las municiones y al otro día a ellos no les quedó más alternativa que en la mañana entregarse y ese día la guerrilla los pone en el parque, los enfila y los llevan monte a dentro. Mi hermano iba muy herido e igual se lo llevaron”, añade.

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Ahí empezó el calvario para la familia Villanueva. Fueron secuestrados 14 agentes, un cabo y el subteniente Bernardo tras la toma guerrillera. Pasaron los meses y solo liberaron a los 14. Mónica cuenta que uno de ellos le entregó un papel pequeño, que era una carta que había escrito Bernardo en cautiverio. “Fue la única prueba que nos llegó a nosotros”, dice Mónica.

La madre de Bernardo y de Mónica viajó en junio de 1997 con la Cruz Roja y logró entrevistarse con el Frente 37. Ahí un guerrillero le dijo que para qué buscaban a Bernardo si a él lo mataron a orillas del río y que con los animales y la corriente del agua “ya ni huesos había”.

Pasaron los años, y con ellos se agudizaba el dolor de no saber el paradero de Bernardo. Durante mucho tiempo ellas llevaron a cuestas y solas tanto dolor. No tuvieron ninguna atención o respuesta de la Policía Nacional ni de ninguna institución estatal, hasta 2017 cuando de la Fiscalía los contactan para informarles que Bernardo no estaba registrado como desaparecido. “Fue allí cuando ellos los asesoraron para saber qué hacer y ya les hicieron pruebas de ADN a sus padres para contratarlos con los cuerpos que se encuentran en fosas comunes. Pero no hemos tenido respuesta alguna”.

La Policía respondió por la pensión de Bernardo, como es el deber, pero no acompañaron a su familia hasta hace muy poco. En junio de 2020 los contactaron porque había una conmemoración en homenaje a los policías desaparecidos: una instalación con cristales donde estaba el nombre de Bernardo. Sin embargo, “lo triste es que nos enteramos hace poco y no hemos tenido la fortuna de ir a conocer ese cristal personalmente.”

Un padre y un esposo desaparecido

El cabo primero Héctor Hernando Suárez también fue secuestrado en Morales (Bolívar) por la guerrilla, junto a Bernardo y sus otros compañeros. Allí en ese pueblo quedó su esposa Merly Suárez quien tenía 17 años y una hija recién nacida, de tan solo cinco meses. Ellas padecieron encerradas el horror del cruce de fuego durante la toma guerrillera.

Merly y su hija, Diana, siguieron con su vida en otras tierras pero siempre esperando una respuesta de Héctor Hernando. Sin embargo no llegó ninguna. Después de la liberación de loa 14 agentes, uno de ellos les dio el mensaje que les había enviado: “nos veremos pronto”. El agente les relató las condiciones en las que estaban: muy poco alimento y siempre amarrados de pies y manos.

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Esto impactó fuertemente a Merly, pero siguió con fuerza su vida para terminar sus estudios y sacar adelante a su hija. Pasaron los años pero el nombre de Héctor no aparecía en ningún listado, nadie les daba razón de él. “Perdimos la comunicación y también las esperanzas. A nosotras nos hubiera gustado tener más apoyo de la institución pero durante mucho tiempo nos sentimos solas”, relata Merly.

Por el testimonio de un guerrillero del Eln, que pertenecía a la Coordinadora Guerrillera, se conoció que el cabo Suárez junto a otro secuestrado intentaron huir de cautiverio y un comandante dio la orden de asesinarlos y tirarlos al río. Desde aquel momento, contactaron a la familia de Merly y su caso ha sido puesto en conocimiento de las autoridades. Sin embargo, ella y su hija aseguran que es necesario que la sociedad tenga más tolerancia y menos indiferencia al dolor ajeno. “Al Estado le pedimos mayor atención a las víctimas y a la población vulnerable que está en peligro donde continúa la violencia”.

27 años, 10 meses y 27 días desaparecido

Blanca Contreras es la hermana del agente de la Policía Nacional Tomás Contreras, que lleva más de 27 años desaparecido y Blanca lleva las cuentas. Tomás tenía 23 años cuando desapareció: el primero de enero de 1993. Él estaba adscrito al Comando de la Policía de Santander y la noche del 31 salió de Bucaramanga a Cúcuta (Norte de Santander), a pasar año nuevo con su familia pero jamás llegó.

La familia de Tomás empezó una búsqueda incansable para dar con su hermano. Preguntaron por su moto, en la que se transportaba; le preguntaron al jefe de Tomás, el mayor Jaime Orozco. Pero no recibieron respuestas. Lo que se sabe de las condiciones en las que desapareció es muy poco: algunos pobladores del municipio de Tona (Santander) le dijeron a su familia que a él lo había secuestrado el Eln y que un campesino había comprado a la guerrilla la moto de Tomás.

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Durante años esperaron respuestas de la Policía o del Estado pero jamás la recibieron. Sin pruebas o resoluciones, su caso tuvo que ser reportado como “muerte presunta” para que la familia recibiera la pensión. No fue hasta 2017 que por un conocido Blanca se enteró que legalmente tenía derecho como víctima y retomó de nuevo la búsqueda de su hermano. Buscó en la Fiscalía y en la Policía Nacional. Ese año le dijeron que había una exhumación con el nombre y cédula de su hermano, pero de aquella diligencia no recibió más información.

Pasaron los meses y logró ubicar a la unidad de la Policía Nacional encargada de buscar a los miembros desaparecidos. Ahí ha contado con el respaldo de la institución y también de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), pero fueron bastantes años en los que sola se echó al hombro la búsqueda de su hermano.

Estas cuatro mujeres relataron con lágrimas y valentía su búsqueda, pero también hicieron memoria a la labor de tres hombres que prestaron su servicio al país en la época donde la violencia se consumía al país. “Ellas, como muchas otras mujeres que hemos podido escuchar desde la Comisión, son las que se han cargado a cuestas la búsqueda de los desaparecidos y se les debe una respuesta”, fueron las palabras finales del comisionado Carlos Beristain.

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