Unidad de Búsqueda pide priorizar su puesta en marcha

Luz Marina Monzón, directora de la UBPD, recibió el respaldo de 121 organizaciones de DD. HH. / Gustavo Torrijos

La Unidad de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), que hace parte del Sistema Integral de Justicia Transicional tras el Acuerdo de Paz, no ha empezado a funcionar plenamente. A la fecha, no ha concluido el proceso de aprobación de los decretos, que están en manos del Ministerio de Hacienda y de la Presidencia, para adoptar la totalidad de la estructura interna y la planta de personal requerida (522 personas) para el cumplimiento de su misión.

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Luz Marina Monzón, directora de la UBPD, explica que se requieren $56.000 millones hasta 2020 para empezar el trabajo que les permitirá dar inicio a la búsqueda de 86.000 personas que se estima están desaparecidas con ocasión del conflicto armado.

¿Por qué la Unidad no ha empezado a funcionar?

Para empezar a hacerlo tenemos que recibir la aprobación técnica, jurídica y financiera del Estado para poder contratar a las personas que se requieren en la búsqueda.

¿De quién depende esa aprobación?

Depende del Departamento de Función Pública y del Ministerio de Justicia, que ya firmaron los decretos. Depende del Ministerio de Hacienda y de la Presidencia, que no los han firmado.

En cuanto a aprobación financiera, ¿qué necesitan de Hacienda?

La plata que la Unidad de Búsqueda está pidiendo para constituir el equipo es una plata que el Gobierno se compromete a entregar. Ese es el aval del Ministerio de Hacienda, que ha estado en trámite durante más de una semana sin darlo. En Hacienda están en la etapa de valorar si cuentan o no con la plata para darles la aprobación a estos decretos ya firmados por estas dos instituciones.

¿Por qué se venció el plazo?

El decreto 288 de 2018, que establecía la planta parcial con 14 funcionarios, contando la dirección, incluye el artículo quinto, en el que se dice que la Unidad de Búsqueda nombra la planta parcial para hacer el diseño y la estructura de la Unidad, la cual debe empezar a funcionar antes de cinco meses. Esos cinco meses se vencieron el 15 de julio.

¿Cuánto dinero necesitan?

Planteamos la necesidad de una planta de 522 personas, y para nombrarlas necesitamos $56.000 millones. El Ministerio de Hacienda hizo una propuesta de un nombramiento gradual de la planta de personal. Eso significa que, de acuerdo con esa propuesta, tendríamos que nombrar al 30 % de los 522 cargos en 2018, el 50 % en 2019 y el 20 % en 2020. Esa propuesta de gradualidad me parece razonable. Para poder hacer esos nombramientos de ese modo tenemos que tener asegurados los recursos que requerimos para el nombramiento de esas personas.

¿Esos $56.000 millones son sólo para planta de personal?

Así es. Hay unos recursos adicionales que son los de funcionamiento: los que tienen que ver con arriendos, con lo que requiere el funcionamiento de una sede. En febrero, el Gobierno nos aprobó $3.000 millones para la planta parcial de 14 personas y un lugar donde estamos funcionando. Pero eso es para esas 14. Si vamos a nombrar el 30 % vamos a necesitar más dinero y una sede más amplia.

¿Aún es posible que este gobierno pueda girarles los recursos?

Tengo la esperanza y la confianza en que este gobierno, que ha mostrado compromiso con el proceso de paz, no vaya a dejar sin aprobar una de las herramientas más importantes del sistema, que es darles una respuesta humanitaria a miles de familiares que están buscando a sus seres queridos.

¿Qué lectura hace de que el Gobierno no apruebe los recursos?

Diría que no le ha dado la prioridad que se necesita.

¿Qué funciones han podido desarrollar este año?

Estamos en una etapa de alistamiento de la entidad. Eso significa que hemos estado en reuniones con instituciones, organizaciones y familiares, y visitas a territorios. Un montón de actividades sumadas a la formulación técnica y la propuesta institucional. No es tanto que la Unidad no haya podido hacer nada. Lo digo porque, cuando se dice que “no ha podido entrar en funcionamiento”, a veces se cree que no ha podido hacer nada. Ha dado los pasos necesarios para tener el soporte que le permita tener una visión de cómo desarrollar su función.

¿Qué han logrado en este tiempo con familiares e instituciones?

Por un lado, comprender cuál es la expectativa que se tiene frente a la institución y tomar en cuenta esas opiniones para saber cómo diseñar la unidad. Por ejemplo, eso nos ha permitido saber que debemos tener dentro de la estructura un grupo de personas que estén asegurando que la participación no sea una palabra, sino una forma de actuación de la unidad. Por otro lado, hemos logrado avanzar en un diálogo constructivo con el Instituto de Medicina Legal para coordinar nuestro trabajo, dado que es nuestro apoyo técnico científico y con ellos hemos hablado sobre posibilidades de acción para impulsar la identificación de personas. También hemos empezado conversaciones con la Fiscalía para mirar de qué manera vamos a coordinar el trabajo y cómo vamos a clarificar lo que van a hacer la Fiscalía y la Unidad en función de la búsqueda, porque eso hace parte de los familiares. Ellos se preguntan: ¿ahora quién va a buscar a mi familiar? La creencia equivocada es que la Unidad es la única que va a buscar los desaparecidos. Eso no es cierto. La Unidad es un mecanismo dentro de un sistema integral, luego tiene una competencia delimitada por el contexto en el cual surge: las personas dadas por desaparecidas en razón del conflicto armado.

¿Qué mensaje le envía al Gobierno?

Esperamos que les dé el aval a los decretos para que la Unidad pueda contar con las herramientas para cumplir con su función y que, a partir de ese aval, la Unidad pueda comprometerse en la conformación de los equipos que requiere para cumplir la misión, y de esa manera pueda agilizarse lo que la gente está esperando y es que estemos en los territorios, tomando contacto con las familias y con todos los actores que tengan información que sea relevante para la búsqueda de los desaparecidos.