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María Camila Moreno, la directora en Colombia del Centro Internacional de Justicia (por sus siglas en inglés), quizás la organización más importante en el diseño de justicias transicionales en el mundo, aseguró que la decisión de la Corte Constitucional de sustraer la competencia de los terceros civiles a la JEP, al volver su comparecencia voluntaria a este sistema, es “muy discutible”, a juzgar por el comunicado de prensa que dio el alto tribunal porque no ha hecho pública la sentencia.
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A su modo de ver este argumento de la Corte es al menos “contrafactico” porque la justicia ordinaria ha dado muy pocos resultados como para realmente ser la salida de justicia y sanción a estos delitos de civiles. “¿Cuántas imputaciones existen hoy que hacen parte de las compulsas de copias de Justicia y Paz en los últimos dos años en contra de financiadores del conflicto? (al menos 15.000) ¿Cuántas condenas hay? (Ninguna).
En ese sentido, según Moreno esto le abre la puerta a la intervención de la Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para Moreno la preocupación de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, es "pertinente" porque “nos podríamos enfrentar a que la justicia ordinaria se configure como un escenario de impunidad y en la JEP lleguen muy pocos civiles de manera voluntaria”. Esa decisión "debilita profundamente el modelo mismo", según Moreno, porque su valor agregado era que iba a hacerse cargo de todos los hechos del conflicto y de todos los actores que hicieron parte. “Era una oportunidad de darle un cierre integral, en cambio hoy va a ser una jurisdicción orientada principalmente a los delitos de las Farc y la Fuerza Pública”, sostuvo Moreno.
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Moreno afirmó esto durante el panel del evento nacional de Justicia para la Paz, el capítulo del proyecto Colombia2020 de El Espectador, sobre las lecciones y experiencias internacionales para instalar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Asimismo, para Moreno es importante señalar que la Jurisdicción Especial para la Paz va a estar condenada al fracaso si no hace una buena selección y priorización de casos. Esto con el fin de concentrarse en los hechos más graves que puedan develar los patrones criminales que se vivieron durante el conflicto armado.
Para Moreno el gran reto de este sistema son muchos, desde el financiamiento hasta lo procedimental. Pero sin duda, uno de los mayores desafíos es la masividad de los delitos y los responsables que pueden llegar a este sistema integral de justicia, que además "debe mostrar resultados a corto plazo".
Es el mismo caso de la Comisión de la Verdad, que tiene un periodo de funcionamiento de tres años, y un mandato de más de cincuenta años de conflicto armado. “Si no hace una buena y coherente selección y priorización de casos, como demostró el sistema de Justicia y Paz, será muy difícil que las expectativas de las víctimas sean atendidas en su justa proporción” agregó Moreno. Esta antropóloga que viene asesorando el diseño de la justicia transicional colombiana, recalcó que el sistema de Justicia y Paz demostró que “no era suficiente para garantizar los derechos de las víctimas”, porque se trató solo de un mecanismo penal.
Por eso, el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, teniendo en cuenta esta experiencia colombiana, “acordó la creación de un sistema integral de justicia transicional que contemplara un tribunal penal, que es la JEP, para sancionar a los responsables de las graves violaciones a las derechos humanos y el derechos internacional humanitario durante el conflicto armado, pero también creó la Comisión de la Verdad, para buscar una verdad amplia que podrá ir más allá de la verdad judicial, y busca establecer las causas y las consecuencias de la guerra interna”. “Un relato comprensivo de lo que nos sucedió”, aseguró Moreno y agregó que también crea la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, “un mecanismo muy importante, y una deuda grandísima con la verdad de lo que ha pasado y cuyo objetivo es humanitario”.
Esa es la principal virtud de este sistema, según Moreno, porque combina mecanismos judiciales y extrajudiciales que les da más garantías de derechos a las víctimas.