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“Solicitamos a la JEP, mediante comunicación escrita, la expulsión de alias 'Mayimbú' para que Fuerza Pública pueda actuar. Este criminal no puede tener ningún tipo de beneficio de la justicia, debe pagar por cada uno de los delitos que se le imputan”. Estas declaraciones vía Twitter del ministro de Defensa, Guillermo Botero, crearon una nueva tensión entre el Gobierno y la Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como la JEP, que esta mañana desmintió lo dicho por el funcionario.
Mediante un comunicado, Patricia Linares, presidenta de esta jurisdicción, le recordó al ministro que la competencia de la JEP “es exclusivamente sobre los delitos cometidos antes del 1° de diciembre de 2016 que estén relacionados con el conflicto armado interno”. En ese sentido, Linares dejó claro que “la Fuerza Pública no tiene ninguna limitación para perseguir y capturar a los comparecientes que se hayan rearmado y estén delinquiendo” después de esa fecha. Y le recordó que ese es su deber y su obligación.
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Linares reiteró que la investigación y la persecución de cualquier crimen cometido después de esa fecha es competencia de la Fiscalía General de la Nación y la fuerza pública “independientemente de que hayan concluido o no los procesos para la exclusión de esas personas de la JEP”.
Después del comunicado, en entrevista con Blu Radio, el ministro Botero aseguró que él no había dicho que no se pudiera capturar. Su llamado de atención es sobre la necesidad de que “lo expulsen de la JEP para juntar todos los procesos”, es decir, los cometidos antes y después del acuerdo de paz. Botero insistió que se trata de “economía procesal“.
El ministro dijo que en estos momentos están tras los pasos de Mayimbú y que sólo hasta ayer vio las órdenes de capturas por los hechos recientes del asesinato de Karina García Sierra, candidata de la Alcaldía de Suárez, y sus cinco acompañantes. Con eso, dándole la razón a la JEP, aceptó que podía capturarlo con estas órdenes o por cometer el delito en flagrancia e incluso ofrecer la recompensa que se anunció la semana pasada.
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Aunque Botero aseguró que esto no se trata de un ataque contra la JEP y que fue una declaración de buena fe, manifestó su preocupación por las ventajas que le puede ofrecer esta justicia a quienes se acogen: “Lo que nos angustia es que esa persona se acogió a una justicia alternativa que le daba unas ventajas para seguir delinquiendo como se vino a comprobar con el paso del tiempo”.
En contexto:
El pasado 13 de septiembre, la JEP le abrió un incidente de incumplimiento a Leyder Johany Noscué Bototó, conocido en la guerra como Mayimbú, quien hizo parte del sexto frente de la extinta guerrilla de las Farc. De acuerdo con la información de esta justicia, la decisión se tomó después de que el Ministerio de Defensa asegurara que hoy hace parte de las disidencias de las Farc.(Podría interesarle: ¿Qué es el incidente de verificación de incumplimiento de la JEP?)
El incidente de verificación es un proceso investigativo para examinar los comportamientos de quienes se acogen a esta justicia y verificar si están o no incumpliendo con lo que pactado en el Acuerdo Final. En caso de comprobar que Mayimbú cometió este delito y volvió a las armas, perderá todos los beneficios y será expulsado de esta jurisdicción.
Mayimbú se acogió al acuerdo de paz e ingresó a la JEP en marzo de 2017. El exguerrillero se había comprometido con la JEP a aportar verdad, reparar las víctimas y a la no repetición. Sin embargo, el Ejército ha dicho que el excomandante no sólo está rearmado, sino que también comanda la columna Jaime Martínez, de 105 hombres, en el norte del Cauca. El Ministerio de Defensa lo catalogó como “el más buscado del suroccidente del país”. De hecho, el viernes pasado, en un consejo de seguridad extraordinario en Popayán, pasó de ofrecer $30 millones a $1.000 millones de recompensa para capturarlo.